La Paz, 16 de abril de 2019.- Un estudio presentado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Dirección del Instituto de Investigación, Interacción Social y Postgrado de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) muestra que 75% de las diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha sido víctimas de algún tipo de acoso o violencia política (AVP), a pesar de que no necesariamente lo reconozcan.
La investigación, que utilizó metodologías cuantitavas y cualitativas, mostró que inicialmente el 85% de las asambleístas entrevistadas afirmaban que no vivía ningún tipo de acoso o violencia política. Sin embargo, aplicando un cuestionario con 21 variables sobre diversas manifestaciones, se encontró que la mayoría (75%) sí había vivido alguna forma de acoso o violencia política.
El índice de acoso político en la ALP es del 63,8%, y el de violencia política del 58,4%. En la Cámara de Senadores, el porcentaje aproximado de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de AVP alcanza al 80%. Esto implica que más de tres cuartas partes de las senadoras fueron víctimas. En la Cámara de Diputados, el porcentaje aproximado de AVP asciende al 75%, es decir que tres cuartas partes de las diputadas fueron víctimas de algún tipo de AVP, y sólo el 25% de las mismas no lo fueron.
“Lo que nos motivó a realizar el estudio fueron las denuncias de acoso o violencia política contra las mujeres que recibíamos en nuestra institución por parte de asambleístas plurinacionales (a pesar de que no somos una instancia de denuncia)”, indicó la Directora Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo. “En la ALP no existe el mecanismo para denunciar estas situaciones. Los reglamentos de los tribunales de ética no cuentan con elementos para sancionar estos hechos”, indicó Novillo.
Uno de los principales fines con el que acoso político ha sido utilizado es provocar la renuncia de las asambleístas. Hay mayor cantidad de situaciones de AVP cuando la mujer es titular y el hombre suplente.
“Cuando entramos las mujeres en la política nos ponen la lupa, no tienes derecho a equivocarte, tienes que ser fantástica. ¿Acaso los hombres son fantásticos, impecables y perfectos?, pero a los hombres nadie les pone la lupa, sólo a las mujeres”, ejemplificó la diputada Jimena Costa sobre la exclusión y cargas que viven las mujeres en el ámbito político.
Las expresiones más fuertes de AVP que se identifican son amenazas de violencia física o contra la seguridad de la persona y su familia. Los índices se elevan más durante las épocas electorales.
“Los testimonios son desgarradores, tienen altos costos personales, sociales y familiares”, afirma la coordinadora de la investigación Carmen Sánchez y aclara que esta situación se exacerba ya que, si bien las mujeres en el legislativo plurinacional han llegado al poder político, no se les ha desligado de otras responsabilidades y roles patriarcales. “Se plantea que las mujeres tienen igualdad de oportunidades, pero no tienen igualdad de condiciones”, resalta.
El estudio puso en evidencia la dificultad que tienen las mujeres no sólo para denunciar el acoso o la violencia política, sino para reconocerla, ya que esto implica en muchos casos no sólo el fin de su carrera política, sino riesgos para su seguridad física y la de su familia. “Sin seguridad, no hay libertad y sin libertad no hay posibilidades para acceder en igualdad a la participación política”, afirma Sánchez.
El persistente desafío de la Paridad Efectiva
Si bien ha habido importantes avances en términos de participación de las mujeres en el ámbito legislativo en el país, con cifras paritarias o cercanas a la paridad: 52,4% de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, 47% en Asambleas Departamentales y 51% en los Concejos Municipales), la brecha de exclusión hacia las mujeres está presente aún en el órgano ejecutivo: 20% de mujeres en el Gabinete Ministerial, ninguna Gobernadora y sólo 28 alcaldesas del total de 339 municipios.
El estudio mostró, asimismo, que el principio de paridad no es siempre tomado en cuenta para la conformación de comités, comisiones y los núcleos duros de poder en el legislativo, donde se mantienen los privilegios masculinos.
El contexto de paridad es una transición para consolidar la Democracia Paritaria, según señala Novillo. Esto significa cuestionar los sistemas institucionales y los sistemas de la distribución de roles en la familia, las relaciones sexuales, el acceso a la información, entre otras. “Lo que está en disputa son las relaciones de poder, no sólo las relaciones de poder político”, afirmó.
La paridad lograda hasta ahora ha permitido romper el monopolio masculino del poder político, marcando un hito histórico. Sin embargo, el acoso y violencia política se ha constituido en un mecanismo severo para evitar una distribución más equitativa del poder.
El acoso y la violencia política adquieren mayores dimensiones en una relación directamente proporcional con la mayor presencia de mujeres en política, afirma el representante de IDEA Internacional, Alfonso Ferrufino. “A mayor número de mujeres en espacios de decisión, mayor número de casos de acoso y violencia política”, concluye.
Un problema de la cultura machista – patriarcal
Hay una lógica de preservación de los espacios de poder público, analiza Ferrufino. “Los varones se sienten amenazados en algo que han considerado desde siempre en un atributo exclusivo suyo, el ejercicio del poder público, de la política. No es fácil modificar esta cultura profundamente arraigada en nuestra sociedad”, afirma.
En este sentido, la expansión del acoso y violencia política en este tiempo político muestra que la igualdad efectiva, en el marco de la construcción del ejercicio político, es aún una tarea pendiente que debe ser asumida tanto por las mujeres como por los hombres.
A su vez, la diputada Costa, resaltó la importancia de contar por primera vez con una investigación de esta naturaleza. Señaló que, si bien las cuotas permiten que la sociedad y las nuevas generaciones se acostumbren a ver no sólo a hombres legislando y gobernando, sino también a mujeres, si es que las mujeres ven que las mujeres de la sociedad ven que su representante está siendo víctima de acoso y violencia política, es más difícil que se animen a “levantar la voz”.
“Tenemos que trabajar que las mujeres autoridades logren ocuparse de sus tareas, sin tener que ocuparse del acoso y violencia política de parte de sus correligionarios. Si logramos que las autoridades logren vivir libres de violencia, estaremos mostrándole a toda la sociedad que es posible vivir sin violencia”, afirmó.
El pasado martes 16, la ALP aprobó el informe de la Comisión Especial de Investigación sobre Actos de Acoso y Violencia Política en dicha instancia. Se espera que fruto de este trabajo y de la constante demanda de las organizaciones de mujeres, la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda aprobar la incorporación en su reglamento medidas de protección y sanciones contra toda forma de acoso o violencia política contra las mujeres, conforme estaba establecido en la Ley Nº 243 contra el Acoso y Violencia Política, que esta misma instancia aprobó hace siete años.
Caminos para enfrentar el problema
Con miras a enfrentar el problema del acoso y la violencia política contra las mujeres, es necesario implementar a cabalidad la Ley Nº243 así como la Ley de Organizaciones Políticas, que es una herramienta de que las mujeres se puedan defender al interior de los partidos y plantea mecanismos para transformar no sólo la estructura, sino la cultura al interior de estas instancias para evitar que se reproduzca el acoso y violencia política.
“La participación de las mujeres se traduce cualitativamente en la discusión de leyes que no se discutirían si las mujeres no estuvieran allí. Son las mujeres que tienen un rol activo en el debate y la discusión, es imperativo enfrentar el acoso y la violencia política y profundizar una democracia transformadora y efectiva en el país”, concluyó Novillo.
Para descargar la investigación referirse a https://cutt.ly/orKOxk