Son pocos los decretos supremos identificados, que tengan además relevancia para la participación de las mujeres en la vida pública, en ejercicio de sus derechos políticos. Se presentan tres decretos, por orden cronológico descendente, del más reciente al más antiguo, el primero, el Decreto Presidencial Nº 0716 por el que el Presidente cumple su prerrogativa de designar  vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, que en este caso recayó en 9 mujeres, lo que aseguró una participación mayoritaria de mujeres. El Decreto Supremo Nº 29894 define la estructura del Órgano Ejecutivo, y establece que en cumplimiento de sus atribuciones, los y las ministras deben garantizar la equidad de género en la designación del personal en la función pública. Finalmente, se presenta el Decreto Supremo Nº 24864 para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que reconoce la necesidad de superar las brechas existentes entre la legislación y la realidad, determinando la acción para lograr una verdadera equidad en 8 áreas, entre ellas la participación política y ciudadanía.

Solamente se han identificado dos leyes departamentales, una de Santa Cruz (Ley Nº 86) y otra de Pando (Ley Nº 023), referidas al desarrollo del régimen electoral departamental, en las que definen las condiciones de paridad y alternancia, conforme a la ley nacional.

El proceso de reconocimiento de derechos políticos a las mujeres ha sido lento, ha tomado más de siglo y medio de nuestra vida republicana el lograrlos y aún resta recorrer un largo camino para consolidarlos.
En el marco legislativo se han producido avances importantes en cuanto a la participación política de las mujeres, cuya base se ha plasmado en el reconocimiento de los derechos políticos en la Constitución Política del Estado, que establece además la equivalencia entre mujeres y hombres en la participación, lo que constituye la plataforma que sustenta todo el sistema normativo del país en todos sus niveles.
Entre las leyes nacionales se encuentran en primer lugar las dos recientemente promulgadas para las elecciones judiciales (Leyes Nº 929 y 960), la primera modifica las Leyes del Régimen Electoral, del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional y la segunda que establece el régimen excepcional y transitorio para el proceso electoral de altas autoridades judiciales. Luego se presenta la ley de gobiernos autónomos municipales (Ley Nº 482) que establece como marco del accionar de las autoridades municipales los principios de equidad de género, igualdad entre mujeres y hombres y complementariedad, tanto en la designación de autoridades municipales como en la adopción de políticas.
La ley de la juventud (Ley Nº 342) contiene principios para la inclusión de las y los jóvenes al sistema en diferentes ámbitos de acción, y principios para su propia organización con equidad de género y equiparación de roles entre mujeres y hombres. La Ley de participación y control social (Ley Nº 341) regula los mecanismos de participación de la población para ejercer el control social a las entidades estatales en sus diferentes niveles. La ley para personas con discapacidad (Ley Nº 223) garantiza su participación plena para el ejercicio de sus derechos políticos, con equidad de género.
La ley Nº 040 de adecuación de plazos para la elección de vocales departamentales electorales y conformación del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional determina la paridad de género en la elección de vocales para los Tribunales Departamentales Electorales, por la Asamblea Legislativa. La Ley marco de autonomías y descentralización (Ley Nº 031) establece el principio de equidad de género en la organización territorial y las entidades territoriales autónomas, en la conformación de los gobiernos autónomos y el acceso a la función pública.
La Ley del tribunal constitucional plurinacional (Ley Nº 027) regula el procedimiento de preselección y elección de autoridades de ese tribunal, por su parte la Ley del régimen electoral (Ley Nº 026) regula todos los procesos electorales para elección de autoridades de todos los órganos del Estado, respetando los principios de igualdad y equivalencia, con paridad y alternancia en las listas de candidaturas; la Ley del Órgano Judicial (Ley Nº 025) establece el mecanismo de elección de altas autoridades judiciales (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura), y la Ley del Órgano Electoral (Ley Nº 018) define su estructura institucional y mecanismos de designación de sus integrantes a nivel nacional y departamental.
La Ley de régimen electoral transitorio (Ley Nº 4021), como su nombre indica, tuvo carácter transitorio por su finalidad concreta y ya cumplida de elegir a autoridades nacionales de los órganos ejecutivo y legislativo bajo las nuevas reglas establecidas por la nueva Constitución aprobada el 2009, la Ley de agrupaciones ciudadanas (Ley Nº 2771) cambió las reglas de juego electorales al abrir la posibilidad de presentar candidaturas para elecciones a través de agrupaciones ciudadanas y organizaciones de pueblos indígenas, rompiendo así el monopolio de los partidos políticos. La Ley de Partidos Políticos (Ley Nº 1983) regula su organización, funcionamiento y extinción; las relaciones entre sí, con la sociedad y el Estado.
La ley de reforma y complementación al régimen electoral (Ley Nº 1779), que ya no está vigente, se ha incluido por interés histórico, ya que modifica la edad para el ejercicio de la ciudadanía, bajando de 21 años a 18, y es considerada la primera ley que contiene disposiciones de acción positiva para favorecer un mayor acceso de las mujeres a candidaturas, con una cuota mínima del 30%, contribuyendo así de forma significativa a la evolución del proceso de participación de las mujeres en la vida política del país, ya que antes de su promulgación ésta era mínima.Y finalmente, la Ley de Participación Popular, que convirtió a los municipios en agentes activos de desarrollo local, al redistribuir los recursos del Estado por proporción demográfica, incorporando por primera vez una disposición dirigida a promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de representación.

En esta sección se presentan los Convenios de Naciones Unidas, empezando por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que obliga a los Estados a garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y suprimir las condiciones de discriminación que las excluye de la vida pública; se presentan además el Protocolo Facultativo por el que el Estado reconoce la competencia del Comité de la CEDAW para recibir peticiones relacionadas con violaciones de los derechos que reconoce la Convención, y las observaciones finales del Comité realizadas al Estado boliviano, entre las que incluye algunas respecto a la eficacia de las medidas para la participación igualitaria y efectiva de las mujeres en todos los niveles y sobre la situación de violencia y acoso político contra las mujeres en función pública.
Se presentan luego el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y su correspondiente Protocolo facultativo, que si bien no contienen disposiciones expresas respecto a los derechos de las mujeres, constituyen la base del reconocimiento de los derechos humanos, en este caso los derechos políticos, y finalmente, la Convención sobre los derechos políticos de la mujer del año 1953, que para la época fue un avance histórico considerando que en muy pocos países se había reconocido a las mujeres el derecho a votar. Se agrega la Declaración Universal de Derechos Humanos, como base fundamental del reconocimiento de los derechos humanos, como primer acuerdo de los Estados del mundo de promover, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas.  

Organizadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, perteneciente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), a partir de la década del 70 se iniciaron las Conferencias Mundiales sobre la Mujer con el objetivo desarrollar políticas destinadas a sortear los obstáculos referentes a los derechos de las mujeres en distintos ámbitos de la vida, tanto política como civil, económica, social y educativa para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Se han desarrollado cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer, así como cumbres de carácter más general como la de El Cairo sobre Población y Desarrollo o la del Milenio, que dio lugar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y ahora a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Estos mecanismos que dan lugar a Plataformas de acción y Planes más concretos, con objetivos y metas bien definidos, permiten hacer un mejor seguimiento a las obligaciones que contraen los Estados, pero además logran canalizar los recursos de manera más eficaz y evaluar sus resultados.

Con relación a los derechos políticos de las mujeres, en el ámbito americano se tiene la Carta Democrática Americana, destinada a fortalecer la democracia en los Estados americanos. En esta línea, como base fundamental de la misma, considera indispensable el respeto a los derechos humanos y la participación plena e igualitaria de la mujer en las estructuras políticas.
Con relación a la violencia contra las mujeres, es de especial gravedad la que se ejerce en el ámbito público contra el ejercicio de sus derechos políticos a través de actos de violencia física, psicológica e incluso sexual, por lo que las obligaciones para el Estado están contempladas en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y el mecanismo establecido para su seguimiento (MESECVI).
La Convención Interamericana constituye la base de reconocimiento de derechos humanos del sistema interamericano y la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer (1948) es el antecedente, incluso anterior al del sistema universal de Naciones Unidas, de reconocimiento expreso de derechos a las mujeres, aunque de forma aún limitada por su contenido paternalista y condicionado.

En el marco del trabajo articulado con organizaciones de mujeres de la sociedad civil, organizaciones matrices de mujeres e instituciones afiliadas a la Coordinadora de la Mujer se realiza de forma participativa, propuestas a proyectos, normas y anteproyectos de ley para garantizar que se incluyan los derechos de las mujeres y se transversalice la perspectiva de género en el ámbito normativo nacional.