La dimensión económica adquiere fundamental importancia, pues es en este ámbito en el que se expresa de manera contundente la desigualdad económica.
Ésta se traduce en las asignaciones de bienes, servicios, recursos, oportunidades económicas, ingresos, propiedad de manera asimétrica entre hombres y mujeres, entre mujeres de diferentes estratos socioeconómicos, entre mujeres indígenas y no indígenas, así como de acuerdo al ciclo de vida y a su orientación sexual.
Además de las agresiones físicas y psicológicas, existen otras 16 maneras de vulnerar la vida y los derechos de las mujeres que se encuentran dentro de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348).
La violencia patrimonial y económica es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.
Las mujeres, en el marco de las restricciones que enfrentan, contribuyen económicamente a sus familias a través del trabajo que realizan, en tanto “actividad económica”, sea a través del trabajo mercantil como no mercantil y no remunerado, el mismo que no es reconocido ni valorado.
Actualmente, las mujeres se han convertido en importantes generadoras de ingresos, con una contribución fundamental a los ingresos familiares y a la subsistencia, de tal manera que el modelo tradicional masculino que coloca al hombre como proveedor del hogar, es resquebrajado por la masiva participación laboral femenina.
El acceso a recursos que mejoren las condiciones de las mujeres como trabajadoras, productoras, se frena por el no reconocimiento como sujetos económicos. Esta desvalorización en su posicionamiento como agente económico restringe sus oportunidades económicas para disponer efectivamente de activos, desarrollar sus capacidades para la gestión y contribuir eficientemente en la producción de bienes y servicios.
Entre estas oportunidades económicas se encuentra el acceso a recursos, a la propiedad de tierra, a la tecnología, a la información en torno a la producción y el mercado, y a la formación técnica.
La dimensión económica adquiere fundamental importancia, pues es en este ámbito en el que se expresa de manera contundente la desigualdad económica.
Ésta se traduce en las asignaciones de bienes, servicios, recursos, oportunidades económicas, ingresos, propiedad de manera asimétrica entre hombres y mujeres, entre mujeres de diferentes estratos socioeconómicos, entre mujeres indígenas y no indígenas, así como de acuerdo al ciclo de vida y a su orientación sexual.
Además de las agresiones físicas y psicológicas, existen otras 16 maneras de vulnerar la vida y los derechos de las mujeres que se encuentran dentro de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348).
La violencia patrimonial y económica es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.
Las mujeres, en el marco de las restricciones que enfrentan, contribuyen económicamente a sus familias a través del trabajo que realizan, en tanto “actividad económica”, sea a través del trabajo mercantil como no mercantil y no remunerado, el mismo que no es reconocido ni valorado.
Actualmente, las mujeres se han convertido en importantes generadoras de ingresos, con una contribución fundamental a los ingresos familiares y a la subsistencia, de tal manera que el modelo tradicional masculino que coloca al hombre como proveedor del hogar, es resquebrajado por la masiva participación laboral femenina.
El acceso a recursos que mejoren las condiciones de las mujeres como trabajadoras, productoras, se frena por el no reconocimiento como sujetos económicos. Esta desvalorización en su posicionamiento como agente económico restringe sus oportunidades económicas para disponer efectivamente de activos, desarrollar sus capacidades para la gestión y contribuir eficientemente en la producción de bienes y servicios.
Entre estas oportunidades económicas se encuentra el acceso a recursos, a la propiedad de tierra, a la tecnología, a la información en torno a la producción y el mercado, y a la formación técnica.
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