Después de más de una década de espera, finalmente se dictó sentencia contra los autores de la muerte de Juana Quispe, concejala del municipio paceño de Ancoraimes, quien fue asesinada en 2012 por móviles políticos. El hecho marca un hito en la lucha de las mujeres contra la impunidad y los hechos de violencia en el ámbito político.

El 4 de enero, el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz emitió una sentencia condenatoria contra Félix Huanca, exalcalde de Ancoraimes, y Pastor Cutile, expresidente del Concejo de Ancoraimes, principales responsables del asesinato de la concejala. Las exautoridades deberán guardar detención en el penal de San Pedro por 30 años, sin derecho a indulto.

Junto a ellos, Basilia Ramos, exsecretaria del Concejo de Ancoraimes, fue sentenciada a 15 años de prisión, y Exalta Arismendi, cómplice circunstancial, a dos años por encubrimiento del crimen. El juicio, que comenzó en febrero de 2023, culminó con esta sentencia que fue considerada histórica por organizaciones de mujeres e instituciones de defensa de los derechos humanos que hicieron seguimiento del caso por más de una década.

Juana Quispe fue asesinada el 12 de marzo de 2012, a sus 42 años. Siendo concejala municipal denunció hostigamiento, presiones y amenazas de muerte para que renuncie al cargo; incluso, denunció penalmente a sus agresores. Sin embargo, su batalla en defensa de sus derechos políticos terminó trágicamente cuando su cuerpo fue encontrado con signos de estrangulamiento a orillas del río Orkojahuira en la ciudad de La Paz. Aunque la Fiscalía inicialmente argumentó un supuesto robo, esta teoría fue rápidamente desestimada al encontrarse todas sus pertenencias junto a su cuerpo.

Si bien la sentencia emitida por la muerte de Juana Quispe fue por asesinato, desde la promulgación de la Ley 243, Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, en 2012, hubo cuatro sentencias por estos delitos, una cantidad ínfima con relación al número de denuncias: 267 casos entre 2016 y 2023, según datos del Órgano Electoral Plurinacional.

El crimen de Juana Quispe es considerado emblemático, pues agilizó la aprobación de la Ley 243, Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, en 2012, que había sido impulsada por organizaciones de mujeres por al menos una década. Dicha ley fue pionera e inspiró la aprobación de marcos legales de la misma naturaleza en la región.

5 de enero de 2024