El acoso y violencia política contra mujeres persiste y a 11 años de la Ley 243 solo se han dictado dos sentencias
2023-10-05
La Paz, 28 de mayo de 2023.- Este domingo, 28 de mayo, se conmemoran 11 años de la promulgación de Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Ley 243), la misma que, en 2012, convirtió a Bolivia en pionera en este tipo de norma. Sin embargo, dicha ley no ha logrado frenar las malas prácticas que impiden el desarrollo de las carreras políticas de mujeres autoridades electas en ámbitos locales, departamentales y nacionales. La cifra incluye asesinatos impunes, denuncias y solo dos sentencias.
Así lo han reconocido representantes gubernamentales y de la sociedad civil que visibilizan los avances, obstáculos y desafíos en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a la luz de la Ley 243, en una campaña comunicacional impulsada por la Coordinadora de la Mujer, Casa de la Mujer, Centro Juana Azurduy, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) y Alianza por la Solidaridad /Action Aid, en alianza con Enraíza Tus Derechos y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO). Dicha campaña cuenta con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Generalitat Valenciana.
Pese a ser un ejemplo en el sistema interamericano por abrir rutas para la denuncia de acoso y violencia política, la Ley 243 tropieza con la retardación de justicia. Este problema estructural debe ser resuelto con una reforma judicial, dijo la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. A su vez, “los hechos de acoso y violencia política se naturalizan en la superestructura y en la mentalidad de los hombres, porque llevamos una desventaja de muchísimos años en el mundo y en Bolivia en la participación política: votar, ser autoridad y ahora que se respete y valore nuestra gestión pública”, explicó.
Cruz subrayó la importancia de generar un proceso de evaluación e implementación de la Ley 243 en paralelo y abordar los ajustes necesarios para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres autoridades, en una acción conjunta entre el Estado y sociedad civil.
Desde la sociedad civil, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, indicó que se conocen aproximadamente mil denuncias de acoso y violencia política -según datos del Órgano Electoral Plurinacional y ACOBOL- en 11 años de la Ley 243, y apenas hay dos sentencias. La primera sentencia fue contra Rafael Quispe, denunciado por la excandidata a gobernadora de La Paz Felipa Huanca; y la segunda, contra Arturo Vegamonte, denunciado por la exasambleísta departamental por Cochabamba, María Patzi.
“La Ley 243 no se aplica plenamente porque los concejos municipales, las asambleas departamentales, e incluso la propia Asamblea Legislativa Plurinacional aún no han modificado sus reglamentos de ética en función a esta norma”, afirmó Sánchez. “La democracia y el sistema político se fortalecen cuando las mujeres estamos presentes en espacios de decisión. Lamentablemente, son muy frecuentes casos de acoso y/o violencia política contra concejalas y asambleístas por la labor de fiscalización que éstas ejercen”.
De 326 autoridades mujeres --58 asambleístas y 268 concejalas--, el 47% fue víctima de acoso y violencia política, según la encuesta de la Defensoría del Pueblo llevada a cabo entre agosto y octubre de 2022. La investigación fue realizada en nueve Asambleas Legislativas Departamentales y 96 Concejos Municipales. Asimismo, el 28% del total de Gobiernos Autónomos Municipales del país mostró que apenas un 25% de las víctimas denunció estos hechos. La Ley 243 se promulgó en 2012, dos meses después del asesinato de Juana Quispe por móviles políticos; ella era concejala de Ancoraimes y su muerte aún está en la impunidad.
2023-10-05
La Paz, 28 de mayo de 2023.- Este domingo, 28 de mayo, se conmemoran 11 años de la promulgación de Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Ley 243), la misma que, en 2012, convirtió a Bolivia en pionera en este tipo de norma. Sin embargo, dicha ley no ha logrado frenar las malas prácticas que impiden el desarrollo de las carreras políticas de mujeres autoridades electas en ámbitos locales, departamentales y nacionales. La cifra incluye asesinatos impunes, denuncias y solo dos sentencias.
Así lo han reconocido representantes gubernamentales y de la sociedad civil que visibilizan los avances, obstáculos y desafíos en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a la luz de la Ley 243, en una campaña comunicacional impulsada por la Coordinadora de la Mujer, Casa de la Mujer, Centro Juana Azurduy, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) y Alianza por la Solidaridad /Action Aid, en alianza con Enraíza Tus Derechos y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO). Dicha campaña cuenta con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Generalitat Valenciana.
Pese a ser un ejemplo en el sistema interamericano por abrir rutas para la denuncia de acoso y violencia política, la Ley 243 tropieza con la retardación de justicia. Este problema estructural debe ser resuelto con una reforma judicial, dijo la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. A su vez, “los hechos de acoso y violencia política se naturalizan en la superestructura y en la mentalidad de los hombres, porque llevamos una desventaja de muchísimos años en el mundo y en Bolivia en la participación política: votar, ser autoridad y ahora que se respete y valore nuestra gestión pública”, explicó.
Cruz subrayó la importancia de generar un proceso de evaluación e implementación de la Ley 243 en paralelo y abordar los ajustes necesarios para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres autoridades, en una acción conjunta entre el Estado y sociedad civil.
Desde la sociedad civil, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, indicó que se conocen aproximadamente mil denuncias de acoso y violencia política -según datos del Órgano Electoral Plurinacional y ACOBOL- en 11 años de la Ley 243, y apenas hay dos sentencias. La primera sentencia fue contra Rafael Quispe, denunciado por la excandidata a gobernadora de La Paz Felipa Huanca; y la segunda, contra Arturo Vegamonte, denunciado por la exasambleísta departamental por Cochabamba, María Patzi.
“La Ley 243 no se aplica plenamente porque los concejos municipales, las asambleas departamentales, e incluso la propia Asamblea Legislativa Plurinacional aún no han modificado sus reglamentos de ética en función a esta norma”, afirmó Sánchez. “La democracia y el sistema político se fortalecen cuando las mujeres estamos presentes en espacios de decisión. Lamentablemente, son muy frecuentes casos de acoso y/o violencia política contra concejalas y asambleístas por la labor de fiscalización que éstas ejercen”.
De 326 autoridades mujeres --58 asambleístas y 268 concejalas--, el 47% fue víctima de acoso y violencia política, según la encuesta de la Defensoría del Pueblo llevada a cabo entre agosto y octubre de 2022. La investigación fue realizada en nueve Asambleas Legislativas Departamentales y 96 Concejos Municipales. Asimismo, el 28% del total de Gobiernos Autónomos Municipales del país mostró que apenas un 25% de las víctimas denunció estos hechos. La Ley 243 se promulgó en 2012, dos meses después del asesinato de Juana Quispe por móviles políticos; ella era concejala de Ancoraimes y su muerte aún está en la impunidad.