En Bolivia, 710 mujeres autoridades electas fueron víctimas de acoso y violencia política, en estos últimos seis años, es decir, un promedio de dos casos por semana, según los reportes del Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL). En 2023, de las 151 denuncias, 52 están relacionadas con la denominada “gestión compartida”.

Según los registros de la Acobol, en 2018, se han recibido 117 casos de acoso y violencia política; en 2019, 127 casos; en 2020, 160 casos; en 2021, 79 casos; en 2022, 76 casos; y en 2023, 151 casos.

De las 151 denuncias registradas la pasada gestión, 30 corresponden al departamento de Santa Cruz, seguido por Chuquisaca con 29, La Paz con 26, Cochabamba con 20, Potosí con 17 y Pando con 10 casos.  Mientras que Beni reportó nueve casos; Oruro, seis y Tarija, cuatro.

Del total de las denuncias registradas en 2023, el 92% (139) de las víctimas presentó la denuncia en la vía administrativa, el 5% (7) en la vía penal y el 3% (5) ante la instancia electoral. 

“Estas cifras muestran que varias concejalas recién se han animado a denunciar, ya sea porque están informadas o conocen sus derechos bajo la Ley 243”, apunta Mayra Poveda, responsable del Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política de ACOBOL.

Pero advierte que, detrás de estos números, hay una “cifra negra”, es decir, de “muchas” mujeres autoridades que no se animan a denunciar por miedo a las represalias o porque hay un compromiso con su organización.

De acuerdo con el reporte de la ACOBOL, en los 151 casos de acoso y violencia política registrados, la principal causa está relacionada por la gestión compartida, con 52 casos. La segunda es por ingobernabilidad y conflicto de atribuciones, con 15 casos y la tercera, por discriminación, con 13 casos. Las otras 52 denuncias están vinculadas con la fiscalización, conflictos por afinidad política, retención de salarios y divulgación de información falsa.