Persiste en Bolivia acoso y violencia política a mujeres: 1.000 denuncias y apenas dos sentencias
2023-07-25
El 28 de mayo se conmemoran 11 años de la promulgación de Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres que puso a Bolivia, en 2012, como pionera en este tipo de norma pero que no ha logrado controlar esta práctica que se refleja en cerca de 1.000 denuncias de mujeres autoridades electas de los ámbitos locales, departamentales y nacionales, asesinatos impunes, renuncias y apenas dos sentencias.
Así lo han reconocido representantes gubernamentales y de la sociedad civil que visibilizan los avances, obstáculos y desafíos en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a la luz de la Ley 243 en una campaña nacional impulsada por la Coordinadora de la Mujer, Casa de la Mujer, Centro Juana Azurduy, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija y Alianza por la Solidaridad /Action Aid, en alianza con Enraíza Tus Derechos y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) del Estado Plurinacional de Bolivia. Dicha campaña cuenta con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Generalitat Valenciana.
La Ley 243 sigue siendo un ejemplo en el sistema interamericano porque ha abierto las rutas para la denuncia de acoso y violencia política pero enfrenta aún la retardación de justicia, problema estructural que toca resolver con una Reforma Judicial, dijo la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. A su vez, “los hechos de acoso y violencia política se naturalizan en la superestructura y en la mentalidad de los hombres porque llevamos una desventaja de muchísimos años en el mundo y en Bolivia en la participación política: votar, ser autoridad y ahora que respete y valore nuestra gestión pública”, explicó.
La viceministra subrayó la importancia de generar un proceso de evaluación e implementación de la Ley 243 en paralelo y abordar los ajustes necesarios para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres autoridades en una acción conjunta entre el Estado y sociedad civil.
Desde la sociedad civil, la Directora Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, reveló que se registraron 1.000 denuncias de Acoso y Violencia Política en once años de la Ley 243, y apenas hay dos sentencias. El primer caso contra Rafael Quispe, denunciado por la excandidata a gobernadora de La Paz Felipa Huanca; y el segundo, contra Arturo Vegamonte, denunciado por la exasambleísta departamental por Cochabamba, María Patzi.
La Ley 243 no se aplica plenamente porque los concejos municipales, las asambleas departamentales, incluso la propia Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y las instancias gubernamentales aún no han modificado sus reglamentos de ética en función a esta norma, dijo la directora de la Coordinadora de la Mujer. Y una falencia es que las organizaciones sociales no tienen mecanismos para denunciar por lo que se deben hacer ajustes, agregó Sánchez
Hace falta comprender, agregó, que la democracia y el sistema político se fortalecen cuando las mujeres estamos presentes en estos espacios donde el acoso y violencia política se generan principalmente por la fiscalización que hacen concejalas y asambleístas.
Una encuesta de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, llevada a cabo entre agosto y octubre de 2022, a 326 autoridades mujeres (58 asambleístas y 268 concejalas) reveló que el 47 por ciento de ellas fue víctima de acoso y violencia política.
La investigación realizada en nueve Asambleas Legislativas Departamentales y 96 Concejos Municipales, que representan el 28% del total de Gobiernos Autónomos Municipales del país, mostró que apenas un 25% de las víctimas de acoso y violencia política denunció estos hechos.
Cabe recordar que el 28 de mayo de 2012 fue promulgada la Ley 243, dos meses después del asesinato por móviles políticos de Juana Quispe, concejala de Ancoraimes, aún en la impunidad.
2023-07-25
El 28 de mayo se conmemoran 11 años de la promulgación de Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres que puso a Bolivia, en 2012, como pionera en este tipo de norma pero que no ha logrado controlar esta práctica que se refleja en cerca de 1.000 denuncias de mujeres autoridades electas de los ámbitos locales, departamentales y nacionales, asesinatos impunes, renuncias y apenas dos sentencias.
Así lo han reconocido representantes gubernamentales y de la sociedad civil que visibilizan los avances, obstáculos y desafíos en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a la luz de la Ley 243 en una campaña nacional impulsada por la Coordinadora de la Mujer, Casa de la Mujer, Centro Juana Azurduy, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija y Alianza por la Solidaridad /Action Aid, en alianza con Enraíza Tus Derechos y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) del Estado Plurinacional de Bolivia. Dicha campaña cuenta con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Generalitat Valenciana.
La Ley 243 sigue siendo un ejemplo en el sistema interamericano porque ha abierto las rutas para la denuncia de acoso y violencia política pero enfrenta aún la retardación de justicia, problema estructural que toca resolver con una Reforma Judicial, dijo la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. A su vez, “los hechos de acoso y violencia política se naturalizan en la superestructura y en la mentalidad de los hombres porque llevamos una desventaja de muchísimos años en el mundo y en Bolivia en la participación política: votar, ser autoridad y ahora que respete y valore nuestra gestión pública”, explicó.
La viceministra subrayó la importancia de generar un proceso de evaluación e implementación de la Ley 243 en paralelo y abordar los ajustes necesarios para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres autoridades en una acción conjunta entre el Estado y sociedad civil.
Desde la sociedad civil, la Directora Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, reveló que se registraron 1.000 denuncias de Acoso y Violencia Política en once años de la Ley 243, y apenas hay dos sentencias. El primer caso contra Rafael Quispe, denunciado por la excandidata a gobernadora de La Paz Felipa Huanca; y el segundo, contra Arturo Vegamonte, denunciado por la exasambleísta departamental por Cochabamba, María Patzi.
La Ley 243 no se aplica plenamente porque los concejos municipales, las asambleas departamentales, incluso la propia Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y las instancias gubernamentales aún no han modificado sus reglamentos de ética en función a esta norma, dijo la directora de la Coordinadora de la Mujer. Y una falencia es que las organizaciones sociales no tienen mecanismos para denunciar por lo que se deben hacer ajustes, agregó Sánchez
Hace falta comprender, agregó, que la democracia y el sistema político se fortalecen cuando las mujeres estamos presentes en estos espacios donde el acoso y violencia política se generan principalmente por la fiscalización que hacen concejalas y asambleístas.
Una encuesta de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, llevada a cabo entre agosto y octubre de 2022, a 326 autoridades mujeres (58 asambleístas y 268 concejalas) reveló que el 47 por ciento de ellas fue víctima de acoso y violencia política.
La investigación realizada en nueve Asambleas Legislativas Departamentales y 96 Concejos Municipales, que representan el 28% del total de Gobiernos Autónomos Municipales del país, mostró que apenas un 25% de las víctimas de acoso y violencia política denunció estos hechos.
Cabe recordar que el 28 de mayo de 2012 fue promulgada la Ley 243, dos meses después del asesinato por móviles políticos de Juana Quispe, concejala de Ancoraimes, aún en la impunidad.