Una exasambleísta lleva a juicio a su suplente por acoso y violencia política; segundo caso a 10 años de la Ley 243

Una exasambleísta lleva a juicio a su suplente por acoso y violencia política; segundo caso a 10 años de la Ley 243

2022-12-22


La Paz, 1 de agosto de 2022.- Este martes, la exasambleísta departamental por Cochabamba María
Patzy Fernández (MAS) llevará a juicio al que fuera su suplente Arturo Vegamonte Dávalos, tras
haberlo denunciado por acoso y violencia política. Es la segunda vez que un caso de esta naturaleza
llega a tribunales, desde que se implementó la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las
Mujeres, Ley 243, hace diez años.

“La Coordinadora de la Mujer, junto con la Comunidad de Derechos Humanos, la Fundación
Construir y la Oficina Jurídica para la Mujer, viene haciendo seguimiento a este caso, que nos
preocupa de manera particular porque tenemos entendido que la víctima y sus allegados siguen
sufriendo amenazas e intimidaciones por parte del agresor”, afirmó Tania Sánchez, directora
ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.


En diciembre de 2018, cuando fungía como asambleísta departamental, María Patzy denunció por
acoso y violencia política a Vegamonte Dávalos ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de
Cochabamba. Un mes después, el organismo electoral remitió el caso al Ministerio Público y esta
instancia, en diciembre de 2021, presentó la acusación formal ante el Órgano Judicial. Finalmente,
este 2 de agosto será el juicio oral. El caso radica en el Juzgado de Sentencia Segundo de Quillacollo.
“Desde la aprobación de la Ley 243, en 2012, es el segundo caso de acoso y violencia política contra
una mujer –del que se tenga conocimiento– que llega hasta estas instancias,”, apuntó Sánchez.
“Recordemos que el primero fue el de Rafael Quispe, denunciado por la excandidata a gobernadora
de La Paz Felipa Huanca. Este caso llegó a sentencia, la única en diez años de la ley”.


Según el testimonio de la víctima, el acoso contra su persona fue sistemático durante el año anterior
a la denuncia, pero los hechos de mayor relevancia tuvieron lugar entre el 24 y 25 de noviembre de
2018, durante un congreso provincial en Quillacollo: con el apoyo de otros dirigentes, el acusado la
presionó, amenazó y agredió verbalmente, incluso intentó agredirla físicamente, para que ella
renuncie a la titularidad de su cargo para que él la asuma en su lugar.


“Esperamos que las pruebas sean valoradas de forma objetiva, con enfoque de género y de derechos
humanos, sin ningún tipo de influencias a favor del denunciado”, afirmó la directora de la
Coordinadora de la Mujer. “Esperamos también que este caso concluya y llegue a sentencia, así se
sentaría precedente en la justicia boliviana sobre delitos que vulneran los derechos políticos de las
mujeres”.


Según la Ley 243, el acoso político es cualquier "acto de presión, persecución, hostigamiento o
amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres
candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o contra sus familias".
En tanto, violencia política son "actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una
persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la
función político - pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológica, el
cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos".


Bolivia es el único país de América Latina que cuenta con una ley específica contra el acoso y
violencia política hacia las mujeres, sin embargo, persiste la impunidad. Según la Asociación de
Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), entre 2019 y 2022 (hasta mayo) se registraron 404
denuncias por acoso y violencia política contra concejalas. Por su parte, el Tribunal Supremo
Electoral registró desde 2016 hasta 2022 (febrero) 179 denuncias por acoso y violencia política hacia
autoridades mujeres electas y 350 renuncias por diferentes motivos.


El acoso y la violencia política son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en espacios
públicos. Según el Informe “La paridad más allá de la paridad” (Oxfam y Coordinadora de la Mujer,
2021), ocho de cada diez mujeres políticas han sufrido algún tipo de acoso y violencia política
durante el ejercicio de sus cargos.