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Según estudio, 7 de cada 10 asambleístas fueron víctimas de algún tipo de acoso y violencia política


De acuerdo con el estudio (inédito) “La desigualdad de género en un contexto de paridad: Discriminación, acoso y violencia política en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, 7 de cada 10 diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (LP) fueron víctimas de algún tipo de acoso y violencia política durante el desempeño de sus funciones.

En el marco de este estudio, realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés, se consultó a 166 asambleístas sí alguna vez fueron víctimas de acoso y violencia política (AVP): el 85% dijo que no y el 15%, sí. Sin embargo, con la agregación de 21 variables de AVP que consideran sus diferentes manifestaciones, se estima que el 76% de las asambleístas ha sido víctima de algún tipo de acoso y violencia política.

Esta contradicción de negar el AVP y, a su vez, afirmar que sufrió alguna de sus manifestaciones, se debe –apunta el estudio- a las dificultades de visibilizar e identificar estas prácticas. También influyó, de manera decisiva, la coyuntura política que hizo que cualquier declaración sobre hechos con sentido negativo pudiera afectar los intereses partidarios.

Según la disposición transitoria quinta de la Ley 243 contra el Acoso y las Violencia Política hacia las Mujeres, las instancias públicas debían adecuar sus normas internas, incluyendo los delitos de acoso y violencia política. Sin embargo, ninguna institución lo hizo, a excepción del Concejo Municipal de La Paz. Por esta razón no existen mecanismos para canalizar ciertas situaciones de acoso y violencia política, de manera que sean investigadas y luego pasen al Ministerio Público.

En 2017, el Ministerio Público registró 32 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres a nivel nacional; en 2016, 27 denuncias y en 2015, 28.

La mencionada ley fue aprobada el 28 de mayo de 2012, con el fin de establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos de acoso o violencia política contra las muje.


Según estudio, 7 de cada 10 asambleístas fueron víctimas de algún tipo de acoso y violencia política


De acuerdo con el estudio (inédito) “La desigualdad de género en un contexto de paridad: Discriminación, acoso y violencia política en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, 7 de cada 10 diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (LP) fueron víctimas de algún tipo de acoso y violencia política durante el desempeño de sus funciones.

En el marco de este estudio, realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés, se consultó a 166 asambleístas sí alguna vez fueron víctimas de acoso y violencia política (AVP): el 85% dijo que no y el 15%, sí. Sin embargo, con la agregación de 21 variables de AVP que consideran sus diferentes manifestaciones, se estima que el 76% de las asambleístas ha sido víctima de algún tipo de acoso y violencia política.

Esta contradicción de negar el AVP y, a su vez, afirmar que sufrió alguna de sus manifestaciones, se debe –apunta el estudio- a las dificultades de visibilizar e identificar estas prácticas. También influyó, de manera decisiva, la coyuntura política que hizo que cualquier declaración sobre hechos con sentido negativo pudiera afectar los intereses partidarios.

Según la disposición transitoria quinta de la Ley 243 contra el Acoso y las Violencia Política hacia las Mujeres, las instancias públicas debían adecuar sus normas internas, incluyendo los delitos de acoso y violencia política. Sin embargo, ninguna institución lo hizo, a excepción del Concejo Municipal de La Paz. Por esta razón no existen mecanismos para canalizar ciertas situaciones de acoso y violencia política, de manera que sean investigadas y luego pasen al Ministerio Público.

En 2017, el Ministerio Público registró 32 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres a nivel nacional; en 2016, 27 denuncias y en 2015, 28.

La mencionada ley fue aprobada el 28 de mayo de 2012, con el fin de establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos de acoso o violencia política contra las muje.