La Paz, 27 de marzo de 2025.- Con encuentros en los nueve departamentos del país, colectivos, organizaciones, activistas y líderes de la población LGBTIQ+ trabajan en la construcción de una agenda política 2025 – 2030 que visibilice la situación de vulnerabilidad de esta población y que, al mismo tiempo, presente propuestas para garantizar una democracia más inclusiva, justa y representativa en base al respeto a los derechos humanos. Esta agenda será presentada a las organizaciones políticas que participan de las elecciones nacionales  2025.

El documento en construcción se enfoca en cinco ejes: economía digna, educación inclusiva, salud integral, justicia social y participación política. En líneas generales, busca asegurar un acceso a servicios de salud integral de calidad y al sistema de justicia sin discriminación por orientación sexual y/o identidad de género, la generación de política públicas que fomenten la inclusión laboral de la población LGBTIQ+ y la construcción de una educación inclusiva, libre de discriminación y violencia.

Este esfuerzo de articulación colectiva parte del análisis de la situación actual de la población LBTBIQ+, con base en investigaciones y documentos clave, como el Informe Defensorial “Desiguales ante la Ley - Resultados y Análisis de la 1ra Encuesta Virtual para Personas con Diversa Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género en Bolivia”, así como en experiencias y testimonios de representantes y activistas de los nueve departamentos del país. Éstos se reunieron en encuentros departamentales, de los cuales emergieron pronunciamientos y propuestas que serán consensuadas en el encuentro nacional, previsto para la primera quincena de mayo.

“Esta es la parte necesaria de la reivindicación del discurso político de la población LGBTQI+ y se espera que esté interpelada y fundamentada de expresión y criterio sobre la necesidad de poder también, visibilizar las reivindicaciones de esta población como parte constitutiva del Estado plurinacional de sus sociedades y sus culturas”, señaló el delegado adjunto para la protección de derechos generacionales, de género y diversidades de la Defensoría del Pueblo, Ronald Céspedes, al finalizar el encuentro realizado en la ciudad de La Paz.

A pesar de algunos avances normativos, la población LGBTQI+ en Bolivia sigue enfrentando discriminación sistemática en distintos ámbitos, incluida la participación política. Muchas personas LGBTQI+ carecen de oportunidades reales para incidir en la toma de decisiones y son discriminadas incluso cuando acceden a espacios políticos. En esa línea, la construcción de una agenda política en un contexto electoral adquiere relevancia, pues le permite visibilizar sus demandas, incidir en la formulación de políticas públicas y garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos humanos.

Esta agenda es un esfuerzo conjunto del Mecanismo de Coordinación Nacional PRODERECHOS LGBTIQ+ de Bolivia, la Coordinadora de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), GIZ Bolivia e Hivos.