Cerca de la mitad de las asambleístas nacionales provienen de organizaciones de mujeres; 25% son “Bartolinas”
2020-01-17
La pertenencia a organizaciones sociales, específicamente de mujeres, es la referencia de procedencia mayoritaria de las senadoras y diputadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El 40,4% de las asambleístas de la actual legislatura provienen de dichas organizaciones, las cuales constituyen la vía más importante de acceso a las candidaturas y el principal espacio asociativo de pertenencia de las mismas.
La información se desprende del estudio La desigualdad de género en un contexto de paridad: Discriminación, acoso y violencia política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés en 2016. La segunda edición de esta investigación fue publicada en 2019.
El capítulo sexto del estudio, referido a la Dinámica política de la Asamblea Legislativa Plurinacional, indaga, entre otros temas, sobre las raíces de la politización de las actuales asambleístas, quienes concluirán su mandato este 2020. En ese marco, llama la atención que el 25,3% de las legisladoras proviene de la Confederación Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa; el 12,7% de otras organizaciones de mujeres y el 2,4% de la Confederación Nacional Juana Azurduy de Padilla. Esto quiere decir que cerca de la mitad (40,4%) de las senadoras y diputadas provienen de estas organizaciones de mujeres.
Asimismo, otros datos significativos son: pertenencia a organizaciones políticas, 10,3%; a pueblos indígenas, 10,3%; a organizaciones de base local, como juntas vecinales, 6,0%, y juntas escolares, 1,8% (ver más en tabla adjunta).
“La politización de las actuales diputadas y senadoras está vinculada, en su mayoría, a sus trayectorias como lideresas y dirigentas de organizaciones sociales y sindicales locales. Esta pertenencia a una estructura orgánica y su trayectoria dirigencial se constituyeron en la credencial para ser candidatas y asambleístas”, apunta el documento.
Durante el recojo de datos, las mujeres electas a la ALP manifestaron que su propósito fue el bien común y cumplir con el mandato de sus organizaciones y/o del partido político al que representan, ingresando a una nueva experiencia en el ámbito del poder público.
“Creo que es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, y no solo de los políticos, el hacer algo por el país, así que en ese intento entré a la política”, dijo una asambleísta uninominal titular, durante una entrevista.
Acceso a las candidaturas
Según el estudio, el acceso de las mujeres a las candidaturas se define por los núcleos de poder de las organizaciones políticas, por las dirigencias de organizaciones sociales y por otros actores que —debido a su estatus o posicionamientos políticos— influyen en las decisiones para confeccionar las listas. Son complejos procesos de acceso, que dependen de la decisión de la élite política partidaria o de los núcleos dirigenciales de las organizaciones.
En el caso de las actuales legisladoras, la canalización de sus candidaturas bajo la norma de la paridad se dio de varias formas. Las principales fueron: la invitación directa por la máxima autoridad del partido, que expresa el grado de confianza y el poder que se les confiere; el capital político y social que han logrado acumular como dirigentes de organizaciones sociales, que les da credenciales de legitimidad y de influencia sobre sus bases; las trayectorias políticas y las capacidades políticas y/o técnicas; y la influencia de la legislación que establece la paridad.
“He sido convocada por el Presidente, no he pasado por un proceso orgánico de selección”, afirmó una asambleísta plurinacional suplente.
El 89,6% de las asambleístas señalaron que su relación con organizaciones de la sociedad civil —que incluyen a las organizaciones sociales a las que pertenecen— está en la categoría de “frecuentemente”: en senadoras, con el 83,3% y en diputadas, con el 91,3%.
2020-01-17
La pertenencia a organizaciones sociales, específicamente de mujeres, es la referencia de procedencia mayoritaria de las senadoras y diputadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El 40,4% de las asambleístas de la actual legislatura provienen de dichas organizaciones, las cuales constituyen la vía más importante de acceso a las candidaturas y el principal espacio asociativo de pertenencia de las mismas.
La información se desprende del estudio La desigualdad de género en un contexto de paridad: Discriminación, acoso y violencia política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés en 2016. La segunda edición de esta investigación fue publicada en 2019.
El capítulo sexto del estudio, referido a la Dinámica política de la Asamblea Legislativa Plurinacional, indaga, entre otros temas, sobre las raíces de la politización de las actuales asambleístas, quienes concluirán su mandato este 2020. En ese marco, llama la atención que el 25,3% de las legisladoras proviene de la Confederación Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa; el 12,7% de otras organizaciones de mujeres y el 2,4% de la Confederación Nacional Juana Azurduy de Padilla. Esto quiere decir que cerca de la mitad (40,4%) de las senadoras y diputadas provienen de estas organizaciones de mujeres.
Asimismo, otros datos significativos son: pertenencia a organizaciones políticas, 10,3%; a pueblos indígenas, 10,3%; a organizaciones de base local, como juntas vecinales, 6,0%, y juntas escolares, 1,8% (ver más en tabla adjunta).
“La politización de las actuales diputadas y senadoras está vinculada, en su mayoría, a sus trayectorias como lideresas y dirigentas de organizaciones sociales y sindicales locales. Esta pertenencia a una estructura orgánica y su trayectoria dirigencial se constituyeron en la credencial para ser candidatas y asambleístas”, apunta el documento.
Durante el recojo de datos, las mujeres electas a la ALP manifestaron que su propósito fue el bien común y cumplir con el mandato de sus organizaciones y/o del partido político al que representan, ingresando a una nueva experiencia en el ámbito del poder público.
“Creo que es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, y no solo de los políticos, el hacer algo por el país, así que en ese intento entré a la política”, dijo una asambleísta uninominal titular, durante una entrevista.
Acceso a las candidaturas
Según el estudio, el acceso de las mujeres a las candidaturas se define por los núcleos de poder de las organizaciones políticas, por las dirigencias de organizaciones sociales y por otros actores que —debido a su estatus o posicionamientos políticos— influyen en las decisiones para confeccionar las listas. Son complejos procesos de acceso, que dependen de la decisión de la élite política partidaria o de los núcleos dirigenciales de las organizaciones.
En el caso de las actuales legisladoras, la canalización de sus candidaturas bajo la norma de la paridad se dio de varias formas. Las principales fueron: la invitación directa por la máxima autoridad del partido, que expresa el grado de confianza y el poder que se les confiere; el capital político y social que han logrado acumular como dirigentes de organizaciones sociales, que les da credenciales de legitimidad y de influencia sobre sus bases; las trayectorias políticas y las capacidades políticas y/o técnicas; y la influencia de la legislación que establece la paridad.
“He sido convocada por el Presidente, no he pasado por un proceso orgánico de selección”, afirmó una asambleísta plurinacional suplente.
El 89,6% de las asambleístas señalaron que su relación con organizaciones de la sociedad civil —que incluyen a las organizaciones sociales a las que pertenecen— está en la categoría de “frecuentemente”: en senadoras, con el 83,3% y en diputadas, con el 91,3%.