En 2023 se realizaron 294 interrupciones legales de embarazo por violencia sexual

En 2023 se realizaron 294 interrupciones legales de embarazo por violencia sexual

2024-01-19

Interrupción Legal del Embarazo (ILE), Violencia Sexual, Salud Reproductiva, Derechos de las Mujeres, Prevención de la Violencia, Salud Materna, Derechos Sexuales y Reproductivos, Adolescentes y Embarazo, Impacto Social de la Violencia, Derechos Constitucionales

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Deportes, durante la gestión 2023 se realizaron 294 interrupciones legales de embarazo (ILE) por violencia sexual en mujeres de hasta 49 años de edad. Esto representa el 21?l total de ILE practicadas este año (1.376) dentro de las tres causales permitidas en Bolivia, de acuerdo con la Sentencia Constitucional 0206/2014.

Según el Sistema Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica, dependiente de dicha cartera de Estado, 854 (62%) de ILE fueron practicadas por riesgo de salud de la madre; 228 (17%) por malformaciones congénitas y 294 (21%) por violencia sexual.

Dentro de estas últimas, el 83% corresponde a mujeres de hasta 19 años de edad, siendo el grupo más afectado aquel de menores de 15 años. En tanto, un 12? las ILE se practicó en mujeres de entre 20 y 34 años y un 5%, en mujeres de entre 35 y 49 años de edad.

La violencia sexual es, después de la violencia intrafamiliar o doméstica, la segunda forma de violencia con mayor incidencia en Bolivia. Solo en 2023, la Fiscalía General del Estado registró 11.450 denuncias de agresiones sexuales de distinta naturaleza contra niños, niñas, adolescentes y mujeres en Bolivia.

En Bolivia, la Sentencia Constitucional 0206/2014 despenaliza la interrupción del embarazo por alguna de las causales antes mencionadas. Dicha Sentencia entró en vigencia el 5 de febrero de 2014, tras la aprobación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la cual constituye uno de los avances más significativos para los derechos de las mujeres de los últimos 40 años.

Estos datos ponen de relieve la urgente necesidad de proteger a las niñas y adolescentes, así como de implementar planes integrales para prevenir y abordar la violencia sexual desde una edad temprana. Además, es imperativo que la sociedad en su conjunto reconozca y enfrente el impacto de la violencia sexual en la vida de las mujeres y su repercusión en el tejido social y el desarrollo colectivo.