Entre 2013 y 2016, el Ministerio Público registró 87.718 casos por infringir la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. De ellos, sólo el 36% derivó en una sentencia, lo cual revela que en Bolivia persiste un alto grado de impunidad en casos de violencia contra las mujeres.

Muchos factores contribuyen a este hecho, entre ellos, la compleja normativa penal procedimental, las falencias en los operadores de servicios y la naturalización de la violencia en nuestra sociedad. Por estas razones, algunas mujeres que se atreven a denunciar un hecho de violencia se retractan y retiran, concilian o abandonan los procesos judiciales.

Según Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, a pesar de los avances normativos existentes en Bolivia en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, como la Ley 348, es necesario transformar los imaginarios culturales que refuerzan y reproducen la violencia hacia las mujeres.