Organizaciones de mujeres y colectivos feministas rechazan modificaciones a la Ley 348
2024-07-08
En un contexto nacional marcado por el aumento de la violencia de género, diversas organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos han expresado su contundente oposición a una eventual modificación de la Ley 348, Ley Integral que Garantiza a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esta ley, promulgada en 2013, es el principal marco normativo que resguarda el derecho de las mujeres bolivianas a una vida sin violencia.
En el marco de un pronunciamiento publicado a través de redes sociales, alrededor de 200 organizaciones y personas defensoras de derechos humanos de todo el país expresaron su preocupación por iniciativas legislativas que consideran “regresivas”. Concretamente, se refieren al proyecto de Ley 143-2023-2024, presentado por la senadora Patricia Arce el pasado 17 de abril. “Esta iniciativa representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia, protegido por la Constitución Política del Estado y los diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia”, refiere el pronunciamiento conjunto.
“El proyecto en cuestión plantea modificar el artículo 94 de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que, lejos de responder al problema que plantea, elimina la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema de justicia. La no revictimización es una obligación del Estado que busca, principalmente, evitar el maltrato y someter a la mujer a procedimientos reiterados. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos actos constituyen violencia institucional y, en muchos casos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente, tratándose de niñas y adolescentes. La disposición vigente de ninguna manera significa que las denuncias no deban investigarse de manera efectiva y exhaustiva”, señala el documento.
Las estadísticas son preocupantes: en 2023 se registraron más de 51.000 casos de violencia en el marco de la Ley 348, de los cuales 39.096 correspondieron a violencia familiar o doméstica. Además, se contabilizaron 81 feminicidios y 161 tentativas de feminicidio. En tanto, en el primer semestre de 2024, el departamento de La Paz lidera las cifras de feminicidios con 45 casos y las denuncias de violencia suman 24.800 hasta el 30 de junio.
Los mencionados datos evidencian que, lejos de modificar o, peor aún, abrogar la ley, urge garantizar la implementación efectiva de la Ley 348, la cual aborda la violencia de género como un problema estructural y social, tipificándola como un delito de orden público. Gracias a su implementación, crímenes que antes eran mal clasificados como homicidios por emoción violenta ahora son reconocidos como feminicidios, lo que refleja un avance en la comprensión de la gravedad de esta problemática.
Organizaciones feministas advierten que sin la Ley 348, los progresos logrados en la lucha contra la violencia de género estarían en peligro, dejando a mujeres y niñas, que constituyen el 90? las víctimas de violencia sexual, aún más vulnerables. La posible eliminación de esta normativa podría significar un retroceso a una época en la que la violencia contra las mujeres no era adecuadamente abordada por el sistema judicial.
Durante la IX Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém de Pará, el 11 de junio, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, instó a los países de la región a resistir cualquier medida regresiva. "Es vital que la política exterior feminista no permita retrocesos en la lucha contra la violencia", subrayó, resaltando la importancia del Año de la Despatriarcalización declarado en 2022.
2024-07-08
En un contexto nacional marcado por el aumento de la violencia de género, diversas organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos han expresado su contundente oposición a una eventual modificación de la Ley 348, Ley Integral que Garantiza a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esta ley, promulgada en 2013, es el principal marco normativo que resguarda el derecho de las mujeres bolivianas a una vida sin violencia.
En el marco de un pronunciamiento publicado a través de redes sociales, alrededor de 200 organizaciones y personas defensoras de derechos humanos de todo el país expresaron su preocupación por iniciativas legislativas que consideran “regresivas”. Concretamente, se refieren al proyecto de Ley 143-2023-2024, presentado por la senadora Patricia Arce el pasado 17 de abril. “Esta iniciativa representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia, protegido por la Constitución Política del Estado y los diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia”, refiere el pronunciamiento conjunto.
“El proyecto en cuestión plantea modificar el artículo 94 de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que, lejos de responder al problema que plantea, elimina la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema de justicia. La no revictimización es una obligación del Estado que busca, principalmente, evitar el maltrato y someter a la mujer a procedimientos reiterados. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos actos constituyen violencia institucional y, en muchos casos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente, tratándose de niñas y adolescentes. La disposición vigente de ninguna manera significa que las denuncias no deban investigarse de manera efectiva y exhaustiva”, señala el documento.
Las estadísticas son preocupantes: en 2023 se registraron más de 51.000 casos de violencia en el marco de la Ley 348, de los cuales 39.096 correspondieron a violencia familiar o doméstica. Además, se contabilizaron 81 feminicidios y 161 tentativas de feminicidio. En tanto, en el primer semestre de 2024, el departamento de La Paz lidera las cifras de feminicidios con 45 casos y las denuncias de violencia suman 24.800 hasta el 30 de junio.
Los mencionados datos evidencian que, lejos de modificar o, peor aún, abrogar la ley, urge garantizar la implementación efectiva de la Ley 348, la cual aborda la violencia de género como un problema estructural y social, tipificándola como un delito de orden público. Gracias a su implementación, crímenes que antes eran mal clasificados como homicidios por emoción violenta ahora son reconocidos como feminicidios, lo que refleja un avance en la comprensión de la gravedad de esta problemática.
Organizaciones feministas advierten que sin la Ley 348, los progresos logrados en la lucha contra la violencia de género estarían en peligro, dejando a mujeres y niñas, que constituyen el 90? las víctimas de violencia sexual, aún más vulnerables. La posible eliminación de esta normativa podría significar un retroceso a una época en la que la violencia contra las mujeres no era adecuadamente abordada por el sistema judicial.
Durante la IX Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém de Pará, el 11 de junio, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, instó a los países de la región a resistir cualquier medida regresiva. "Es vital que la política exterior feminista no permita retrocesos en la lucha contra la violencia", subrayó, resaltando la importancia del Año de la Despatriarcalización declarado en 2022.