En el último quinquenio, más de cien mujeres por año perdieron la vida por la violencia feminicida
2020-11-06
Cuando faltan pocos días para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), Bolivia registra cien feminicidios en lo que va de 2020, siguiendo un dramático patrón el último quinquenio: más de 100 muertes de mujeres por año debido a la violencia machista. Organizaciones de mujeres demandan a las autoridades entrantes cumplir sus compromisos electorales para frenar este flagelo.
El 9 de marzo de 2013 entró en vigencia la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), la cual, en principio, representaba una esperanza para las mujeres de que los índices de violencia bajarían en el país. Sin embargo, en el último quinquenio se han mantenido por encima del centenar de casos. En 2015 (año de la plena vigencia de la ley) se registraron 110 feminicidios, en 2016 un total de 111 casos, en 2017 hubo 109 casos, en 2018 se registraron 128 casos, en 2019, 117 casos y en 2020, hasta el 4 de noviembre, ya se registra un centenar de feminicidios (ver tabla).
“Las organizaciones de mujeres estamos muy preocupadas. Estas cifras revelan la inacción y falta de sensibilidad de las autoridades respecto a la violencia contra las mujeres. Esperamos que las nuevas autoridades nacionales demuestren su verdadero compromiso con las mujeres al encarar políticas serias, integrales y efectivas para frenar tanta violencia de género que ocurre cada día, a vista y paciencia del Estado”, dijo Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, red de 21 organizaciones de mujeres a nivel nacional.
En el foro de candidatos sobre la temática de violencia contra la mujer y acceso a la justicia, realizado por la campaña #Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes en septiembre pasado, la candidata Estefanía Morales, hoy diputada plurinominal por el MAS, enfatizó en la prevención de la violencia. “Para nosotros es muy importante la especialidad de las personas que trabajan en las instancias de atención de la violencia contra las mujeres y también el equipamiento para dar seguimiento a los procesos. Nuestra propuesta es la institucionalización de las Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia, para evitar la rotación del personal especializado”.
En el mismo foro, el también candidato Carlos Alarcón, hoy diputado plurinominal por Comunidad Ciudadana, propuso la creación del Ministerio de la Mujer, desde donde –dijo- se irradiarían todas las políticas públicas en favor de las mujeres. Sobre el acceso a la justicia planteó “generar una nueva política criminal que priorice la atención de casos sensibles como feminicidios, infanticidios y todo tipo de violencia contras las mujeres, con presupuestos y personal altamente especializado”.
En el mismo espacio, la candidata Centa Rek, hoy senadora electa por Creemos, propuso la revisión de la normativa nacional de protección a las mujeres. “La Ley 348 se está viendo seriamente dañada por la Ley 1173, que ha sido hecha, supuestamente, para dar celeridad a la justicia. Sin embargo, se está convirtiendo en un factor de impunidad”.
De acuerdo con datos del Ministerio Público, del centenar de casos de feminicidio ocurridos hasta el 4 de noviembre, 39 tuvieron lugar en La Paz (ver tabla). “Más de un tercio de los feminicidios ocurrió en este departamento, esto debe llamarlos la atención y activar ciertas alertas”, advirtió Novillo.
El índice de violencia contra las mujeres es tal en La Paz, que en el mes de septiembre, cuando ya se registraban 33 feminicidios en el departamento, a la par se habían producido 28 tentativas de feminicidio, según datos del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
Para la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, estos datos plantean tareas urgentes para las autoridades entrantes y desafíos para el conjunto de la sociedad. “Las autoridades deben asegurar políticas públicas con presupuestos suficientes para que las instancias llamadas por ley den una oportuna respuesta a la violencia contra las mujeres. Por otro lado, tenemos que romper la indiferencia frente a este tipo de violencia a través del cuestionamiento y la sanción de todas aquellas prácticas y actitudes violentas. La violencia no es normal dentro ni fuera de casa”. (05-11-20)
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2020-11-06
Cuando faltan pocos días para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), Bolivia registra cien feminicidios en lo que va de 2020, siguiendo un dramático patrón el último quinquenio: más de 100 muertes de mujeres por año debido a la violencia machista. Organizaciones de mujeres demandan a las autoridades entrantes cumplir sus compromisos electorales para frenar este flagelo.
El 9 de marzo de 2013 entró en vigencia la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), la cual, en principio, representaba una esperanza para las mujeres de que los índices de violencia bajarían en el país. Sin embargo, en el último quinquenio se han mantenido por encima del centenar de casos. En 2015 (año de la plena vigencia de la ley) se registraron 110 feminicidios, en 2016 un total de 111 casos, en 2017 hubo 109 casos, en 2018 se registraron 128 casos, en 2019, 117 casos y en 2020, hasta el 4 de noviembre, ya se registra un centenar de feminicidios (ver tabla).
“Las organizaciones de mujeres estamos muy preocupadas. Estas cifras revelan la inacción y falta de sensibilidad de las autoridades respecto a la violencia contra las mujeres. Esperamos que las nuevas autoridades nacionales demuestren su verdadero compromiso con las mujeres al encarar políticas serias, integrales y efectivas para frenar tanta violencia de género que ocurre cada día, a vista y paciencia del Estado”, dijo Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, red de 21 organizaciones de mujeres a nivel nacional.
En el foro de candidatos sobre la temática de violencia contra la mujer y acceso a la justicia, realizado por la campaña #Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes en septiembre pasado, la candidata Estefanía Morales, hoy diputada plurinominal por el MAS, enfatizó en la prevención de la violencia. “Para nosotros es muy importante la especialidad de las personas que trabajan en las instancias de atención de la violencia contra las mujeres y también el equipamiento para dar seguimiento a los procesos. Nuestra propuesta es la institucionalización de las Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia, para evitar la rotación del personal especializado”.
En el mismo foro, el también candidato Carlos Alarcón, hoy diputado plurinominal por Comunidad Ciudadana, propuso la creación del Ministerio de la Mujer, desde donde –dijo- se irradiarían todas las políticas públicas en favor de las mujeres. Sobre el acceso a la justicia planteó “generar una nueva política criminal que priorice la atención de casos sensibles como feminicidios, infanticidios y todo tipo de violencia contras las mujeres, con presupuestos y personal altamente especializado”.
En el mismo espacio, la candidata Centa Rek, hoy senadora electa por Creemos, propuso la revisión de la normativa nacional de protección a las mujeres. “La Ley 348 se está viendo seriamente dañada por la Ley 1173, que ha sido hecha, supuestamente, para dar celeridad a la justicia. Sin embargo, se está convirtiendo en un factor de impunidad”.
De acuerdo con datos del Ministerio Público, del centenar de casos de feminicidio ocurridos hasta el 4 de noviembre, 39 tuvieron lugar en La Paz (ver tabla). “Más de un tercio de los feminicidios ocurrió en este departamento, esto debe llamarlos la atención y activar ciertas alertas”, advirtió Novillo.
El índice de violencia contra las mujeres es tal en La Paz, que en el mes de septiembre, cuando ya se registraban 33 feminicidios en el departamento, a la par se habían producido 28 tentativas de feminicidio, según datos del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
Para la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, estos datos plantean tareas urgentes para las autoridades entrantes y desafíos para el conjunto de la sociedad. “Las autoridades deben asegurar políticas públicas con presupuestos suficientes para que las instancias llamadas por ley den una oportuna respuesta a la violencia contra las mujeres. Por otro lado, tenemos que romper la indiferencia frente a este tipo de violencia a través del cuestionamiento y la sanción de todas aquellas prácticas y actitudes violentas. La violencia no es normal dentro ni fuera de casa”. (05-11-20)