Los decretos supremos que se presentan a continuación mantienen el orden cronológico descendente, es decir del más reciente al más antiguo y se presentan solamente los más relevantes para el abordaje de la violencia contra las mujeres.
Son en total 9 decretos supremos, de los cuales 5 son reglamentarios de las leyes 348, 243, 263 y 264,  uno establece atribuciones de la estructura gubernamental para la aplicación de la política pública integral contra la violencia denominada “para una vida digna de las mujeres bolivianas”, otro determina responsabilidades en la prosecución de la acción penal en casos de violencia cometidos en el ámbito educativo (D.S. Nº 1302), y finalmente el que crea el Comité de lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres y el que establece el “día nacional contra todas las formas de violencia hacia las mujeres”. Estos dos últimos han resultado meramente declarativos, ya que existen muchos comités destinados al tratamiento de la violencia contra las mujeres, además de aquellos a nivel departamental y municipal, que tampoco responden a los objetivos que dieron lugar a su creación.

Se ha identificado un total de 22 leyes, de las cuales 3 son Códigos: los más recientes, el Código de las Familias y del Proceso Familiar y el Código Niña, Niño y Adolescente, que constituyen importantes referentes para entender cómo el Estado concibe la familia, los roles que en ella desempeñan sus miembros, y en el caso de la niñez y adolescencia, la prioridad que tienen para el Estado, tomando en cuenta que baja la edad para el trabajo infantil hasta 10 años y la imputabilidad penal a 14 años, lo que significa que desde esas edad es un o una adolescente puede trabajar y ser acusado de cometer un delito e ir a la cárcel, determinando oficialmente que asuman responsabilidades inapropiadas para su edad; estos temas han sido reiteradamente cuestionados al Estado por los órganos de control tanto de Naciones Unidas como de la OEA. El tercer Código es el Penal, que ha incorporado varios delitos vinculados a la violencia contra las mujeres y ha sido modificado además por otras cuatro leyes, que a título de ‘protección’ a las víctimas de delitos sexuales’, en especial si son niñas, niños o adolescentes, incrementan drásticamente la sanción penal, sin asumir ninguna acción verdaderamente preventiva para la protección que declaran.
Es de destacar que además del Código Niña, Niño y Adolescente, se aprobaron la Ley de la Juventud y la Ley General de las Personas Adultas Mayores, que juntas muestran un tratamiento de la violencia a partir del criterio generacional, considerando las particularidades de cada etapa de la vida de las personas.
Luego, se presentan las leyes que de forma específica se basan en el Art. 15 de la Constitución, que reconoce especialmente a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia, y establecen diferentes medidas para su tratamiento en diferentes ámbitos. Así, están la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley Nº 348), contra el acoso y violencia política (Ley Nº 243), Ley integral contra la trata y tráfico de personas (Ley Nº 263), ley del sistema de seguridad ciudadana “para una vida segura” (Ley Nº 264), que además de establecer mecanismos de prevención, tipifican nuevos delitos para sancionar a los agresores.
Otro grupo de leyes está conformado por la Ley del Órgano Judicial (Ley Nº 025), la Ley de Deslinde jurisdiccional (Ley Nº 070) y la Ley del Ministerio Público, que constituyen normas de carácter estructural ya que definen la institucionalidad del sistema de administración de justicia. Igualmente de carácter estructural pero más generales, están la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” (Ley Nº 070) y la Ley del trabajo asalariado del hogar (Ley Nº 2450) que regulan la primera sobre el ámbito educativo y la segunda sobre el trabajo remunerado que realizan las mujeres en el hogar, que por sus características presenta serios rasgos de violencia y discriminación.
Finalmente, se encuentran leyes que declaran “día contra la trata y tráfico de personas”, o el “día nacional de la solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales y en contra de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes”, que son declarativas, y la Ley Nº 3559 que manifiesta la prioridad de construir albergues para mujeres, niños y niñas, víctimas de violencia intrafamiliar.

En ejercicio de su autonomía, regulada por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización así como por las competencias que la Constitución Política del Estado y las leyes correspondientes vinculadas a la erradicación de la violencia, cada Gobierno Autónomo Departamental ha dictado leyes según sus propias prioridades y las que sus respectivos Estatutos Autonómicos (de aquellos que ya los tienen) les mandan.
En esta sección, se presentan 12 leyes departamentales vinculadas al tratamiento de la violencia contra las mujeres, organizadas por cada departamento según orden alfabético y cada ley cronológicamente de forma descendente, es decir, de la más reciente a la más antigua.
Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz aprobaron leyes de la juventud, que contienen breves disposiciones respecto a la prevención de la violencia, Cochabamba tiene tres leyes específicas sobre violencia, una para una vida sin violencia hacia las mujeres, otra para la prevención y atención a niñas, niños y adolescentes contra la violencia sexual (al igual que Tarija) y una declaratoria de alerta por un año, la única a nivel departamental. Santa Cruz tiene una ley de igualdad de oportunidades para la mujer y una de “declaratoria del día de la no violencia”; por su parte, Oruro promulgó una ley departamental del buen trato hacia la niñez y adolescencia y La Paz dos leyes de construcción de casas de acogida y refugio temporal para mujeres en situación de violencia y otra de regulación de los centros de atención integral.

Se han encontrado muy pocos decretos departamentales, ya que los sistemas de publicación de las gacetas de cada gobernación no son muy eficientes y se concentran sobre todo en las leyes. En el departamento de La Paz se ha identificado un solo decreto relacionado con la responsabilidad de reacción frente a la violencia contra las mujeres, y que se refiere a los centros de atención integral, entre los que se encuentran los destinados a albergue y refugio temporal de mujeres en situación de violencia intrafamiliar y aquellos para mujeres sobrevivientes a la trata de personas. Se ha incluido también el Plan Conjunto de prevención y  control de la violencia interpersonal 2013 – 2017 elaborado por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de la gobernación de La Paz y la Policía Boliviana, con apoyo de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS), porque constituye un ejemplo claro de acción práctica que se puede realizar para prevenir la violencia, más allá de la aprobación de normas que terminan por ser solamente declarativas. El desafío en este caso es lograr su aplicación real y efectiva, y generar la capacidad de monitoreo y seguimiento para evaluar el impacto que puede lograr en este su propósito.

Se han identificado 29 leyes a nivel municipal, 8 de las cuales son de declaratoria de alerta contra la violencia hacia las mujeres, seis de ciudades capitales y dos de los municipios de El Alto y Quillacollo, aunque esta sólo por referencias de los medios de comunicación, ya que no se ha podido encontrar el contenido mismo de la ley, al igual que la de Oruro. Entre las leyes que abordan la violencia desde ámbitos específicos y pretenden una transformación más estructural del problema, se han identificado 5 leyes, una en Cochabamba contra el acoso escolar y violencia en unidades educativas y Santa Cruz una ley de educación en valores “para vivir bien”. Sucre tiene una ley por la cultura de paz y no violencia, La Paz una contra el acoso y violencia política hacia las servidoras y trabajadoras municipales y el reglamento a la Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana.
En el tratamiento generacional de la violencia se identifican 4 leyes en El Alto, La Paz y Sucre tienen leyes sobre los derechos de las personas adultas mayores, en las que abordan el tema del maltrato y violencia que sufren y Sucre tiene además una de desarrollo integral de la juventud, en la que también aborda el tema de la violencia. Potosí es el único departamento que tiene una ley integral de lucha contra la violencia a la mujer, y Sucre una para la integración familiar. En los municipios de El Alto y La Paz hay leyes municipales para restringir el horario de fiestas de 15 años y otras de adolescentes,  Las demás leyes son declarativas, establecen el “día de la niña” en Sucre La Paz y Santa Cruz, en Oruro  el “mes de la solidaridad con víctimas de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes” y Santa Cruz con una carrera pedestre para el fomento de la no violencia intrafamiliar un día cada año.
Un obstáculo para contar con un listado completo de leyes y decretos municipales es la dificultad de acceder a la gaceta de cada gobierno municipal, la forma de publicación virtual, que no siempre es ágil, y la carencia de algunos de ellos de una página web actualizada. Sin embargo, las que aquí se presentan constituyen una muestra de la forma en la que se está abordando el problema y las soluciones que se plantean.

La decretos municipales que se muestran a continuación son aquellos que se han podido encontrar en la búsqueda virtual, y son solamente cuatro, por tanto es posible que existan otros que no han podido ser identificados ya que las publicaciones en las páginas web de las gacetas municipales no están completas, lo que puede ser también un indicador de lo que consideran prioritario difundir.
Entre los decretos que siguen, dos han sido adoptados en Cochabamba, reglamentando dos leyes municipales, uno la Ley municipal contra el acoso y violencia en unidades educativas, el otro la Ley de declaratoria de alerta contra la violencia hacia las mujeres. En Oruro, el decreto declara el mes de solidaridad con víctimas de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, y el de Trinidad declara alerta contra la violencia hacia las mujeres. Este último no ha sido encontrado.

Los Convenios que se presentan están todos relacionados con los derechos de las mujeres y niñas, y las peores formas de discriminación y violencia que con mayor gravedad las afectan. La mayor parte de ellos están referidos a la violencia sexual, expresada a través de la explotación sexual, que da lugar a la trata y tráfico de mujeres y niñas principalmente y la violación, considerada a partir del Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad en el marco de los conflictos armados.
Se presentan la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su protocolo facultativo y las últimas observaciones del Comité a Bolivia, en el que se pueden identificar aquellos aspectos vinculados a la violencia contra las mujeres que el Estado no está cumpliendo, para lograr avances en esta materia y garantizar a las mujeres una mejor situación respecto a los altos índices de violencia que viven en el país.
La Convención sobre los derechos del niño y su Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, dan el marco para el tratamiento de la violencia hacia la niñez y adolescencia, a los que el Estado debe adecuar la legislación interna.
El Estatuto de Roma establece la Corte Penal Internacional, crucial para el reconocimiento de la violación como delito de lesa humanidad, y por tanto lo convierte en un delito imprescriptible. A éste le siguen cuatro convenios, todos relativos a la trata y tráfico de personas, en especial mujeres y niñas, y la explotación de la prostitución. De todos ellos, el único que Bolivia no ha ratificado es el relativo al tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.

Las Declaraciones y Resoluciones que se adoptan en la Asamblea de Naciones Unidas no tienen efecto vinculante como los Convenios, pero al ser aprobadas por los Estados, los compromete a tomarlas en cuenta en las decisiones que adoptan en torno a los temas a los que se refieren. Generalmente las Declaraciones han precedido a los Convenios, como un mecanismo para generar conciencia en los Estados sobre la relevancia de un tema, luego para que adopten medidas preparatorias para cambar una determinada situación y finalmente, al adoptar un Convenio, asumir obligaciones y responsabilidades vinculantes en mejores condiciones para su cumplimiento. Las Resoluciones contienen decisiones para mejorar, acelerar y concretar algunos aspectos de las Convenciones, para ayudar a los Estados a su mejor cumplimiento.
A continuación se presenta una síntesis del contenido relevante para el abordaje de la violencia contra las mujeres de las Declaraciones de Naciones Unidas, expuestas por orden cronológico -de la más reciente a la más antigua-, y luego dos Resoluciones, una de la Asamblea General de Naciones Unidas y la otra de la Asamblea Mundial de la Salud.
La virtud de estas Declaraciones es que van acompañadas de Programas de acción, planes, estrategias que permiten a los Estados asumir compromisos reales para alcanzar metas concretas, y al sistema de Naciones Unidas canalizar sus esfuerzos de forma organizada, directa y efectiva, para además monitorear y evaluar los avances y logros obtenidos.
En primer término está la Declaración del Milenio, que dio lugar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio entre los años 2000 y 2015 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que estarán vigentes hasta el año 2030. La Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz adoptada el año 1999 es fundamental para generar cambios estructurales en el comportamiento, accionar y la forma de relacionarse de las personas, para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta Declaración deberá articularse con todas las acciones destinadas a modificar los patrones socioculturales que reproducen la violencia.
El año 1999 fue adoptada la Resolución 54/134 por la que se declara el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, fecha elegida por las mujeres militantes y activistas por los derechos de las mujeres, que desde 1981 eligieron el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia en homenaje al brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
La Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción fue suscrita por 189 gobiernos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada del 4 al 15 de septiembre de 1995, acompañada de una Plataforma de Acción, que los compromete a su aplicación efectiva e incluye lo avanzado hasta el momento en conferencias y declaraciones anteriores así como nuevas estrategias hacia el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. La importancia de esta conferencia estriba en que ha conseguido visibilizar y situar en la agenda política internacional asuntos que antes no habían sido abordados, centrándose en los problemas de las desigualdades de género, sus causas estructurales y posibles vías de solución. A partir de 1995, cada cinco años se han realizado Cumbres internacionales para evaluar el grado de avance de los Estados respecto al cumplimiento de la Plataforma de Acción.
En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer del año 1993, destaca el reconocimiento de los Estados del descuido con el que han tratado este tema, y que la violencia es la expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; sobre tales bases se comprometen a tomar medidas eficaces para que las mujeres ejerzan sus derechos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en 1948 ha dado lugar a más de 80 declaraciones y tratados internacionales, muchas convenciones regionales, leyes nacionales de derechos humanos y disposiciones constitucionales que, en conjunto, constituyen un sistema amplio jurídicamente vinculante para la promoción y la protección de los derechos humanos. Jjunto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, más el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”
En la Resolución WHA49.25 sobre la prevención de la violencia como un asunto de salud pública, se declara que la violencia contra las mujeres es un grave problema de salud pública, y tiene repercusiones importantes en el sistema.

En el marco de la Organización de Estados Americanos se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención Belém do Pará, adoptada en 1994, reconoce el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y establece obligaciones y responsabilidades de los Estados para adoptar acciones concretas y eficaces para reducirla y erradicarla.
Se presenta también un resumen de los indicadores adoptados por el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará, para evaluar el grado de aplicación del Estado de las disposiciones de la Convención, y su impacto real en la vida de las mujeres. El propósito de incluir esta información es que las mujeres y sus organizaciones conozcan mejor esta herramienta para mejorar no sólo los mecanismos de exigibilidad de acciones de parte del Estado, sino también la forma de organizar la información y reportarla de manera más completa a través de los informes sombra, para mostrar la visión de la sociedad civil en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos de las mujeres.