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Notas de Prensa

Investigación Nacional: 7 trabajos analizan interrelación entre Género y Justicia Comunitaria

3 de Julio del 2009

Siete investigaciones y una sistematización nacional sobre Justicia Comunitaria y Género, tituladas “Detrás del cristal con que se mira: mujeres órdenes normativos e interlegalidad”, han sido publicadas y presentadas -tanto en el ámbito nacional como en cuatro departamentos- por la Coordinadora de la Mujer. Los resultados consolidados de todas las investigaciones (que pueden ser descargadas de forma gratuita en la página web) están plasmados en un documento nacional, presentado el pasado 29 de junio.

Estos libros abordan la resolución de conflictos en comunidades y pueblos indí­genas de cuatro departamentos La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz, desde una nueva perspectiva: la que evidencia las relaciones de poder basadas en el género que están inmersas en las estructuras culturales de pueblos como los ayoreode, chiquitanos, chimanes, trinitarios, sirionó, quechuas del departamento de Cochabamba y aymaras del altiplano paceño. A través de un exhaustivo trabajo de campo, que contempla la observación directa y el diálogo participativo el equipo de investigadoras involucradas en esta tarea logran evidenciar las especificidades, diferencias y similitudes de los grupos culturales que participaron en la investigación en las formas de encarar y resolver los conflictos en los que entran en juego los derechos de las mujeres, proporcionando importantes insumos para debatir los contenidos de la ley de deslinde jurisdiccional considerando la identidad cultural y de género, las condiciones económicas, las relaciones comunales y familiares, la participación en la toma de decisiones y la violencia en razón de género. Se trata de un trabajo de diagnóstico de aproximación realizado realizado por la Coordinadora de la Mujer en cuatro departamentos (Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Beni), con las comunidades aymaras de Chivo, Santiago de Llallagua, Cacacho, Sacasaca, Calamarca y Ventilla, quechuas de Puka Orko, Blanco Rancho, Antaqhawa y Guarayos, y los pueblos indí­genas sirionó, trinitarios, chimane, chiquitanos y ayoreode. Este trabajo establece, entre sus principales hallazgos que, tanto en la Justicia Comunitaria como en la Justicia Ordinaria, existen situaciones de discriminación y formas de resolución de conflictos que vulneran los derechos de las mujeres y les impiden lograr un acceso pleno a la protección de los mismos y obtener justicia cuando se han visto violentados. Por otra parte, la investigación estableció que el hecho de presentar una denuncia y gestionar un caso constituye en sí­ misma una práctica no reconocida ni ejercida por la mayorí­a de las mujeres indí­genas en defensa de sus derechos. Cuando estos se dan, los procesos de interlegalidad entre la justicia comunitaria y la justicia originaria permiten a las mujeres indí­genas hacer un “uso estratégico” para reclamar por sus derechos, de acuerdo con las ventajas y desventajas que implique uno y otro sistema, según el caso. Por ejemplo, las mujeres chiquitanas acuden al corregidor cuando no está emparentada con su familia; acuden a los servicios municipales (SLIM, Defensorí­a de la Niñez y Adolescencia) y a la Policí­a cuando éstas imponen sanciones buscadas por ellas; y recurren a sus organizaciones polí­ticas intercomunales, cuando los hechos de violencia adquieren mayores dimensiones. La posibilidad de hacer este traslape entre una forma y otra de justicia, se constituye también en una estrategia de presión para la resolución de conflictos. Este trabajo encontró también que la posición en que se sitúa a la mujer dentro de las comunidades “tanto en los aspectos simbólicos, cultural y económico- es determinante sobre quién administra la justicia, en qué casos se aplica y el tipo de sanción que existe. El estudio muestra además que, cuando las mujeres son parte de la administración de justicia, como en algunas comunidades de tierras bajas, de estructura matrilineal, sus derechos son menos vulnerados y la administración de justicia es más equitativa en cuanto a las sanciones. Lo contrario ocurre con algunas de las comunidades investigadas en tierras altas, en las que las mujeres están ausentes de la administración de justicia, y donde los delitos como el adulterio, tienen para las mujeres sanciones más severas (incluso fí­sicas) que para los hombres, a los que se castiga económicamente. En algunas comunidades estudiadas, se presenta la utilización de la transacción económica como medio de resolución de casos de violencia sexual, restringiéndose el derecho de las ví­ctimas a acceder a la justicia y siendo culpabilizada por afectar “el honor” de la familia. Paradójicamente, existen casos en los cuales las mujeres prefieren procurar la defensa de sus derechos en instancias de la justicia ordinaria “como forma de reclamar garantí­as para el ejercicio y protección de su derechos-, en instancias tales como los SLIM, Defensorí­as de la Niñez y Adolescencia, Policí­a, donde, sin embargo, son también sujetas de discriminación por ser indí­genas originarias campesinas. Las siete investigaciones pretenden ser un insumo para la incidencia en los espacios polí­ticos y sociales para generar cambios favorables a la implantación de los derechos de las mujeres en Bolivia, en todos los ámbitos, cultural, económico, social, inclusive el jurí­dico y simbólico. El esfuerzo involucró a un importante número de mujeres en las comunidades, un equipo de investigación que estuvo conformado por recvonocidas académicas y asistentes de investigación de las comunidades; asimismo fue coordinado con las instituciones afiliadas de la Coordinadora de la Mujer como el Instituto de Formación Femenina Integral- IFFI en Cochabamba, la Casa de la Mujer en Santa Cruz y COOMUJER en el Beni.

 
Fuente: Coordinadora de la Mujer



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