Entre 2015 y 2023, el crecimiento de las mujeres dentro de la población económicamente activa del país fue 10% más que el de los hombres; aún así, ellas no alcanzan al porcentaje de participación laboral que se registró de los hombres hace ocho años. Persisten las brechas de género en el mundo del trabajo y la autonomía económica de las mujeres avanza lentamente tras la pandemia.
Según la Encuesta Contínua de Empleo 2023 del Instituto Nacional de Estadistica (INE), “la Tasa Global de Participación (TGP), en el cuarto trimestre de la gestión 2023 llegó a 74,1% en el área urbana de Bolivia, indicando la disponibilidad de mano de obra para la producción de bienes y servicios. Dentro de este indicador, la participación masculina alcanzó al 80%, resultando en una mayor presencia en la fuerza laboral frente a las mujeres, que alcanzó un 68,4%”.
Lo anterior quiere decir que 8 de cada 10 hombres en edad de trabajar (de 14 a 65 años) están desarrollando alguna actividad productiva o buscando activamente un trabajo; en el caso de las mujeres, entre 6 a 7 mujeres de cada 10 están en la misma situación. Cabe mencionar que en 2015, la TGP en el caso de los hombres era del 74% y en el de las mujeres, el 52,1%, según el INE.
Este 8 de marzo, la Coordinadora de la Mujer, a través de su Observatorio de Género, realizó un análisis del avance de la autonomía económica de las mujeres, en la perspectiva de visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo económico, político y social del país e identificar los principales desafíos para promoverla. La autonomía económica otorga a las mujeres la posibilidad de acceder, generar y usar sus recursos propios, disponer libremente de su tiempo personal, romper el ciclo de la violencia –a menudo vinculada a la dependencia económica– y participar activamente en la vida pública.
En esa línea, observa que si bien las mujeres tienen una creciente participación en el ámbito productivo y laboral, ellas todavía enfrentan múltiples obstáculos para alcanzar su autonomía económica. Las brechas de género en materia de ocupación y de salarios, y el trabajo sin corresponsabilidad en los cuidados del hogar, entre otros, mantienen las desigualdades históricas que afectan a las mujeres y que se profundizaron con la pandemia.
Según datos del INE al cuarto trimestre de 2023, la tasa de ocupación laboral de las mujeres es del 65,4%, mientras que la de los hombres llega al 77,2%, es decir, 11,8 puntos porcentuales más. En cuanto a salarios, los hombres ganan 26,5% más que las mujeres por el mismo trabajo, según datos de ONU Mujeres.
Pero las mujeres bolivianas impulsan la economía del país no sólo desde el trabajo que realizan fuera de sus hogares, sino también desde aquel que desarrollan día a día al interior de los mismos y que hace posible la sostenibilidad de la vida. Se trata del trabajo doméstico y de cuidados que tradicionalmente pesa sobre las mujeres y que no es retribuido ni valorado. De ser cuantificado, éste significaría el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con el estudio del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización Ana María Romero realizado en 2022.
En las últimas dos décadas, los niveles de trabajo “informal” en Bolivia han sido fluctuantes, pero con tendencia al incremento, pasando de 71,6 % en el año 2000 a 81,5 % en 2019. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023), el 83,2% de las mujeres y el 80% de los hombres se desempeñan en el sector “informal”.
A pesar de que el modelo económico habla de una recuperación, las mujeres siguen enfrentando grandes desafíos en el mercado laboral en comparación con los hombres, con una evidente prevalencia de empleos precarios, temporales, tercearizados en el comercio al minoreo, en servicios o emprendimientos sin goce de beneficios laborales como seguridad social o vacaciones. Este 8 de marzo es una oportunidad para llamar la atención sobre la necesidad de impulsar políticas públicas que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres de forma integral, partiendo del reconocimiento de su aporte desde el ámbito familiar, comunitario, político u otros espacios de decisión.
