Siguenos en:
Siguenos en:
Destacados
En los últimos meses, los medios de comunicación han reflejado el incremento de casos de acoso y violencia política contra concejalas, alcaldesas, asambleístas departamentales y asambleístas plurinacionales, constatando que, a mayor participación de las mujeres en espacios de poder y decisión, se incrementan los hechos de violencia política.
Situación similar han vivido la presidenta del Concejo Municipal de Coripata, Sulmar Aguilar, junto a las concejalas Lourdes Apaza y Rosmery Villca, quienes fueron obligadas a permanecer en vigilia la noche del 13 de agosto, frente a la Iglesia, amenazadas y privadas de su libertad, por organizaciones sociales del municipio.
Ante estos hechos, las organizaciones e instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres:
CONDENAMOS la cobarde agresión a la alcaldesa de Caranavi, Susana Lima, y la retención a las concejalas del municipio de Coripata, porque constituyen acciones de violencia y acoso político.
EXIGIMOS al Ministerio Público y a la Policía Boliviana celeridad en los procesos investigativos, con la debida diligencia, para identificar y sancionar a los autores de esas agresiones. Asimismo, solicitamos a la instancia competente medidas de protección para las autoridades y sus familias.
PEDIMOS al Concejo Municipal de Caranavi rechazar la carta de renuncia de la alcaldesa Susana Lima, siendo ésta nula de acuerdo con el artículo 9 de la Ley N° 243 Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia Mujeres, ante los hechos evidentes de acoso y violencia política. Asimismo, brindar las garantías para que la autoridad pueda retomar sus funciones sin riesgo de ser víctima de violencia nuevamente.
EXIGIMOS a las dirigencias de organizaciones sociales de los municipios de Caranavi, Coripata y a los sectores en conflicto deponer actitudes de confrontación que no hacen más que agravar la crisis sanitaria por el COVID–19 que golpea al país y de generar ingobernabilidad por la pugna de espacios de poder particulares e intereses personales.
DEMANDAMOS al Ministerio de Justicia, órgano rector de la Ley N° 243, implementar políticas y estrategias de prevención, atención y sanción del acoso y violencia política contra mujeres, en coordinación con los diferentes órganos del nivel central, y entidades territoriales autónomas para que los casos denunciados no queden en la impunidad.
CONVOCAMOS a las organizaciones de mujeres, autoridades y mujeres políticas a sumarse a las manifestaciones de rechazo público de todo tipo de hechos de violencia política contra mujeres en ejercicio de la función pública.
ESTAMOS ALERTAS
¡BASTA DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA!
APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA ¡YA!
País: Bolivia
En los últimos meses, los medios de comunicación han reflejado el incremento de casos de acoso y violencia política contra concejalas, alcaldesas, asambleístas departamentales y asambleístas plurinacionales, constatando que, a mayor participación de las mujeres en espacios de poder y decisión, se incrementan los hechos de violencia política.
Situación similar han vivido la presidenta del Concejo Municipal de Coripata, Sulmar Aguilar, junto a las concejalas Lourdes Apaza y Rosmery Villca, quienes fueron obligadas a permanecer en vigilia la noche del 13 de agosto, frente a la Iglesia, amenazadas y privadas de su libertad, por organizaciones sociales del municipio.
Ante estos hechos, las organizaciones e instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres:
CONDENAMOS la cobarde agresión a la alcaldesa de Caranavi, Susana Lima, y la retención a las concejalas del municipio de Coripata, porque constituyen acciones de violencia y acoso político.
EXIGIMOS al Ministerio Público y a la Policía Boliviana celeridad en los procesos investigativos, con la debida diligencia, para identificar y sancionar a los autores de esas agresiones. Asimismo, solicitamos a la instancia competente medidas de protección para las autoridades y sus familias.
PEDIMOS al Concejo Municipal de Caranavi rechazar la carta de renuncia de la alcaldesa Susana Lima, siendo ésta nula de acuerdo con el artículo 9 de la Ley N° 243 Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia Mujeres, ante los hechos evidentes de acoso y violencia política. Asimismo, brindar las garantías para que la autoridad pueda retomar sus funciones sin riesgo de ser víctima de violencia nuevamente.
EXIGIMOS a las dirigencias de organizaciones sociales de los municipios de Caranavi, Coripata y a los sectores en conflicto deponer actitudes de confrontación que no hacen más que agravar la crisis sanitaria por el COVID–19 que golpea al país y de generar ingobernabilidad por la pugna de espacios de poder particulares e intereses personales.
DEMANDAMOS al Ministerio de Justicia, órgano rector de la Ley N° 243, implementar políticas y estrategias de prevención, atención y sanción del acoso y violencia política contra mujeres, en coordinación con los diferentes órganos del nivel central, y entidades territoriales autónomas para que los casos denunciados no queden en la impunidad.
CONVOCAMOS a las organizaciones de mujeres, autoridades y mujeres políticas a sumarse a las manifestaciones de rechazo público de todo tipo de hechos de violencia política contra mujeres en ejercicio de la función pública.
ESTAMOS ALERTAS
¡BASTA DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA!
APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA ¡YA!
País: Bolivia
En los últimos meses, los medios de comunicación han reflejado el incremento de casos de acoso y violencia política contra concejalas, alcaldesas, asambleístas departamentales y asambleístas plurinacionales, constatando que, a mayor participación de las mujeres en espacios de poder y decisión, se incrementan los hechos de violencia política.
Situación similar han vivido la presidenta del Concejo Municipal de Coripata, Sulmar Aguilar, junto a las concejalas Lourdes Apaza y Rosmery Villca, quienes fueron obligadas a permanecer en vigilia la noche del 13 de agosto, frente a la Iglesia, amenazadas y privadas de su libertad, por organizaciones sociales del municipio.
Ante estos hechos, las organizaciones e instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres:
CONDENAMOS la cobarde agresión a la alcaldesa de Caranavi, Susana Lima, y la retención a las concejalas del municipio de Coripata, porque constituyen acciones de violencia y acoso político.
EXIGIMOS al Ministerio Público y a la Policía Boliviana celeridad en los procesos investigativos, con la debida diligencia, para identificar y sancionar a los autores de esas agresiones. Asimismo, solicitamos a la instancia competente medidas de protección para las autoridades y sus familias.
PEDIMOS al Concejo Municipal de Caranavi rechazar la carta de renuncia de la alcaldesa Susana Lima, siendo ésta nula de acuerdo con el artículo 9 de la Ley N° 243 Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia Mujeres, ante los hechos evidentes de acoso y violencia política. Asimismo, brindar las garantías para que la autoridad pueda retomar sus funciones sin riesgo de ser víctima de violencia nuevamente.
EXIGIMOS a las dirigencias de organizaciones sociales de los municipios de Caranavi, Coripata y a los sectores en conflicto deponer actitudes de confrontación que no hacen más que agravar la crisis sanitaria por el COVID–19 que golpea al país y de generar ingobernabilidad por la pugna de espacios de poder particulares e intereses personales.
DEMANDAMOS al Ministerio de Justicia, órgano rector de la Ley N° 243, implementar políticas y estrategias de prevención, atención y sanción del acoso y violencia política contra mujeres, en coordinación con los diferentes órganos del nivel central, y entidades territoriales autónomas para que los casos denunciados no queden en la impunidad.
CONVOCAMOS a las organizaciones de mujeres, autoridades y mujeres políticas a sumarse a las manifestaciones de rechazo público de todo tipo de hechos de violencia política contra mujeres en ejercicio de la función pública.
ESTAMOS ALERTAS
¡BASTA DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA!
APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA ¡YA!
País: Bolivia
En los últimos meses, los medios de comunicación han reflejado el incremento de casos de acoso y violencia política contra concejalas, alcaldesas, asambleístas departamentales y asambleístas plurinacionales, constatando que, a mayor participación de las mujeres en espacios de poder y decisión, se incrementan los hechos de violencia política.
Situación similar han vivido la presidenta del Concejo Municipal de Coripata, Sulmar Aguilar, junto a las concejalas Lourdes Apaza y Rosmery Villca, quienes fueron obligadas a permanecer en vigilia la noche del 13 de agosto, frente a la Iglesia, amenazadas y privadas de su libertad, por organizaciones sociales del municipio.
Ante estos hechos, las organizaciones e instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres:
CONDENAMOS la cobarde agresión a la alcaldesa de Caranavi, Susana Lima, y la retención a las concejalas del municipio de Coripata, porque constituyen acciones de violencia y acoso político.
EXIGIMOS al Ministerio Público y a la Policía Boliviana celeridad en los procesos investigativos, con la debida diligencia, para identificar y sancionar a los autores de esas agresiones. Asimismo, solicitamos a la instancia competente medidas de protección para las autoridades y sus familias.
PEDIMOS al Concejo Municipal de Caranavi rechazar la carta de renuncia de la alcaldesa Susana Lima, siendo ésta nula de acuerdo con el artículo 9 de la Ley N° 243 Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia Mujeres, ante los hechos evidentes de acoso y violencia política. Asimismo, brindar las garantías para que la autoridad pueda retomar sus funciones sin riesgo de ser víctima de violencia nuevamente.
EXIGIMOS a las dirigencias de organizaciones sociales de los municipios de Caranavi, Coripata y a los sectores en conflicto deponer actitudes de confrontación que no hacen más que agravar la crisis sanitaria por el COVID–19 que golpea al país y de generar ingobernabilidad por la pugna de espacios de poder particulares e intereses personales.
DEMANDAMOS al Ministerio de Justicia, órgano rector de la Ley N° 243, implementar políticas y estrategias de prevención, atención y sanción del acoso y violencia política contra mujeres, en coordinación con los diferentes órganos del nivel central, y entidades territoriales autónomas para que los casos denunciados no queden en la impunidad.
CONVOCAMOS a las organizaciones de mujeres, autoridades y mujeres políticas a sumarse a las manifestaciones de rechazo público de todo tipo de hechos de violencia política contra mujeres en ejercicio de la función pública.
ESTAMOS ALERTAS
¡BASTA DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA!
APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA ¡YA!
País: Bolivia
