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A más de 13 años de la promulgación de la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ningún gobierno autónomo departamental del país ha cumplido plenamente con la adecuación de su normativa interna, una obligación clave para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, principalmente en el ámbito subnacional, donde se concentra la mayor vulneración de estos derechos.
En el marco de una reunión de alto nivel realizada en noviembre pasado, convocada por la Coordinadora de la Mujer, la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (AMADBOL), la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), autoridades de los gobiernos autónomos departamentales —principalmente de sus órganos legislativos— asumieron el compromiso de acelerar la adecuación de sus reglamentos internos y de ética conforme a las disposiciones de la Ley 243, antes de concluir con su gestión.
El encuentro permitió conocer el estado de situación de los gobiernos departamentales respecto al cumplimiento de esta norma. Los resultados evidencian importantes rezagos: solo Chuquisaca y Cochabamba cuentan con procedimientos para la atención de casos de acoso y/o violencia política contra mujeres asambleístas. Asimismo, únicamente cinco de los nueve departamentos disponen de una comisión de ética en sus asambleas legislativas (Potosí, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
En cuanto a la adecuación normativa, solo Chuquisaca ha incorporado la Ley 243 en su normativa legislativa —a Tarija le falta actualizar—, mientras que apenas dos departamentos —Chuquisaca y Santa Cruz— han realizado esta adecuación en el órgano ejecutivo departamental. En conjunto, Chuquisaca es el departamento que presenta mayores avances en esta materia.
Como resultado de la reunión, las autoridades legislativas departamentales reafirmaron su compromiso de aprobar la normativa interna pendiente antes de finalizar su mandato, articulando acciones con los Tribunales Electorales Departamentales, la Defensoría del Pueblo, AMADBOL y la Coordinadora de la Mujer, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción del acoso y la violencia política.
“La ley no puede quedar en el papel. Es urgente que las asambleas departamentales —y todos los órganos de representación— adecuen sus normativas internas y activen mecanismos reales de prevención, denuncia y sanción. Garantizar una participación política libre de violencia es una condición indispensable para la democracia”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
El incumplimiento de la Ley 243 evidencia vacíos institucionales que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en el ámbito subnacional. En la mayoría de los departamentos no existen mecanismos internos claros y efectivos para prevenir, atender y sancionar el acoso y la violencia política.
Denuncias a nivel nacional
Las cifras confirman la magnitud del problema. Desde 2015 hasta noviembre de 2025, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) registró 1.050 denuncias de acoso y/o violencia política contra concejalas y alcaldesas. Por su parte, el TSE contabilizó 386 denuncias entre 2016 y septiembre de 2025, principalmente en La Paz y Cochabamba.
Pese a esta realidad, el acceso a la justicia sigue siendo mínimo. De las 928 denuncias procesadas por el Ministerio Público entre 2012 y 2025, solo ocho llegaron a sentencia, mientras que el 91 % de los casos fue cerrado, según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo en octubre pasado.
En este escenario, la articulación interinstitucional entre la Coordinadora de la Mujer, AMADBOL, ACOBOL, el TSE y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), busca fortalecer la aplicación efectiva de la Ley 243 desde los gobiernos subnacionales. El proceso iniciado con los compromisos asumidos en noviembre y reforzado mediante encuentros técnicos apunta a consolidar órganos legislativos y ejecutivos seguros y libres de violencia, condición esencial para una democracia verdaderamente paritaria en Bolivia.
País: Bolivia
A más de 13 años de la promulgación de la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ningún gobierno autónomo departamental del país ha cumplido plenamente con la adecuación de su normativa interna, una obligación clave para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, principalmente en el ámbito subnacional, donde se concentra la mayor vulneración de estos derechos.
En el marco de una reunión de alto nivel realizada en noviembre pasado, convocada por la Coordinadora de la Mujer, la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (AMADBOL), la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), autoridades de los gobiernos autónomos departamentales —principalmente de sus órganos legislativos— asumieron el compromiso de acelerar la adecuación de sus reglamentos internos y de ética conforme a las disposiciones de la Ley 243, antes de concluir con su gestión.
El encuentro permitió conocer el estado de situación de los gobiernos departamentales respecto al cumplimiento de esta norma. Los resultados evidencian importantes rezagos: solo Chuquisaca y Cochabamba cuentan con procedimientos para la atención de casos de acoso y/o violencia política contra mujeres asambleístas. Asimismo, únicamente cinco de los nueve departamentos disponen de una comisión de ética en sus asambleas legislativas (Potosí, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
En cuanto a la adecuación normativa, solo Chuquisaca ha incorporado la Ley 243 en su normativa legislativa —a Tarija le falta actualizar—, mientras que apenas dos departamentos —Chuquisaca y Santa Cruz— han realizado esta adecuación en el órgano ejecutivo departamental. En conjunto, Chuquisaca es el departamento que presenta mayores avances en esta materia.
Como resultado de la reunión, las autoridades legislativas departamentales reafirmaron su compromiso de aprobar la normativa interna pendiente antes de finalizar su mandato, articulando acciones con los Tribunales Electorales Departamentales, la Defensoría del Pueblo, AMADBOL y la Coordinadora de la Mujer, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción del acoso y la violencia política.
“La ley no puede quedar en el papel. Es urgente que las asambleas departamentales —y todos los órganos de representación— adecuen sus normativas internas y activen mecanismos reales de prevención, denuncia y sanción. Garantizar una participación política libre de violencia es una condición indispensable para la democracia”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
El incumplimiento de la Ley 243 evidencia vacíos institucionales que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en el ámbito subnacional. En la mayoría de los departamentos no existen mecanismos internos claros y efectivos para prevenir, atender y sancionar el acoso y la violencia política.
Denuncias a nivel nacional
Las cifras confirman la magnitud del problema. Desde 2015 hasta noviembre de 2025, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) registró 1.050 denuncias de acoso y/o violencia política contra concejalas y alcaldesas. Por su parte, el TSE contabilizó 386 denuncias entre 2016 y septiembre de 2025, principalmente en La Paz y Cochabamba.
Pese a esta realidad, el acceso a la justicia sigue siendo mínimo. De las 928 denuncias procesadas por el Ministerio Público entre 2012 y 2025, solo ocho llegaron a sentencia, mientras que el 91 % de los casos fue cerrado, según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo en octubre pasado.
En este escenario, la articulación interinstitucional entre la Coordinadora de la Mujer, AMADBOL, ACOBOL, el TSE y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), busca fortalecer la aplicación efectiva de la Ley 243 desde los gobiernos subnacionales. El proceso iniciado con los compromisos asumidos en noviembre y reforzado mediante encuentros técnicos apunta a consolidar órganos legislativos y ejecutivos seguros y libres de violencia, condición esencial para una democracia verdaderamente paritaria en Bolivia.
País: Bolivia
A más de 13 años de la promulgación de la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ningún gobierno autónomo departamental del país ha cumplido plenamente con la adecuación de su normativa interna, una obligación clave para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, principalmente en el ámbito subnacional, donde se concentra la mayor vulneración de estos derechos.
En el marco de una reunión de alto nivel realizada en noviembre pasado, convocada por la Coordinadora de la Mujer, la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (AMADBOL), la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), autoridades de los gobiernos autónomos departamentales —principalmente de sus órganos legislativos— asumieron el compromiso de acelerar la adecuación de sus reglamentos internos y de ética conforme a las disposiciones de la Ley 243, antes de concluir con su gestión.
El encuentro permitió conocer el estado de situación de los gobiernos departamentales respecto al cumplimiento de esta norma. Los resultados evidencian importantes rezagos: solo Chuquisaca y Cochabamba cuentan con procedimientos para la atención de casos de acoso y/o violencia política contra mujeres asambleístas. Asimismo, únicamente cinco de los nueve departamentos disponen de una comisión de ética en sus asambleas legislativas (Potosí, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
En cuanto a la adecuación normativa, solo Chuquisaca ha incorporado la Ley 243 en su normativa legislativa —a Tarija le falta actualizar—, mientras que apenas dos departamentos —Chuquisaca y Santa Cruz— han realizado esta adecuación en el órgano ejecutivo departamental. En conjunto, Chuquisaca es el departamento que presenta mayores avances en esta materia.
Como resultado de la reunión, las autoridades legislativas departamentales reafirmaron su compromiso de aprobar la normativa interna pendiente antes de finalizar su mandato, articulando acciones con los Tribunales Electorales Departamentales, la Defensoría del Pueblo, AMADBOL y la Coordinadora de la Mujer, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción del acoso y la violencia política.
“La ley no puede quedar en el papel. Es urgente que las asambleas departamentales —y todos los órganos de representación— adecuen sus normativas internas y activen mecanismos reales de prevención, denuncia y sanción. Garantizar una participación política libre de violencia es una condición indispensable para la democracia”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
El incumplimiento de la Ley 243 evidencia vacíos institucionales que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en el ámbito subnacional. En la mayoría de los departamentos no existen mecanismos internos claros y efectivos para prevenir, atender y sancionar el acoso y la violencia política.
Denuncias a nivel nacional
Las cifras confirman la magnitud del problema. Desde 2015 hasta noviembre de 2025, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) registró 1.050 denuncias de acoso y/o violencia política contra concejalas y alcaldesas. Por su parte, el TSE contabilizó 386 denuncias entre 2016 y septiembre de 2025, principalmente en La Paz y Cochabamba.
Pese a esta realidad, el acceso a la justicia sigue siendo mínimo. De las 928 denuncias procesadas por el Ministerio Público entre 2012 y 2025, solo ocho llegaron a sentencia, mientras que el 91 % de los casos fue cerrado, según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo en octubre pasado.
En este escenario, la articulación interinstitucional entre la Coordinadora de la Mujer, AMADBOL, ACOBOL, el TSE y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), busca fortalecer la aplicación efectiva de la Ley 243 desde los gobiernos subnacionales. El proceso iniciado con los compromisos asumidos en noviembre y reforzado mediante encuentros técnicos apunta a consolidar órganos legislativos y ejecutivos seguros y libres de violencia, condición esencial para una democracia verdaderamente paritaria en Bolivia.
País: Bolivia
A más de 13 años de la promulgación de la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ningún gobierno autónomo departamental del país ha cumplido plenamente con la adecuación de su normativa interna, una obligación clave para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, principalmente en el ámbito subnacional, donde se concentra la mayor vulneración de estos derechos.
En el marco de una reunión de alto nivel realizada en noviembre pasado, convocada por la Coordinadora de la Mujer, la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (AMADBOL), la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), autoridades de los gobiernos autónomos departamentales —principalmente de sus órganos legislativos— asumieron el compromiso de acelerar la adecuación de sus reglamentos internos y de ética conforme a las disposiciones de la Ley 243, antes de concluir con su gestión.
El encuentro permitió conocer el estado de situación de los gobiernos departamentales respecto al cumplimiento de esta norma. Los resultados evidencian importantes rezagos: solo Chuquisaca y Cochabamba cuentan con procedimientos para la atención de casos de acoso y/o violencia política contra mujeres asambleístas. Asimismo, únicamente cinco de los nueve departamentos disponen de una comisión de ética en sus asambleas legislativas (Potosí, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
En cuanto a la adecuación normativa, solo Chuquisaca ha incorporado la Ley 243 en su normativa legislativa —a Tarija le falta actualizar—, mientras que apenas dos departamentos —Chuquisaca y Santa Cruz— han realizado esta adecuación en el órgano ejecutivo departamental. En conjunto, Chuquisaca es el departamento que presenta mayores avances en esta materia.
Como resultado de la reunión, las autoridades legislativas departamentales reafirmaron su compromiso de aprobar la normativa interna pendiente antes de finalizar su mandato, articulando acciones con los Tribunales Electorales Departamentales, la Defensoría del Pueblo, AMADBOL y la Coordinadora de la Mujer, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción del acoso y la violencia política.
“La ley no puede quedar en el papel. Es urgente que las asambleas departamentales —y todos los órganos de representación— adecuen sus normativas internas y activen mecanismos reales de prevención, denuncia y sanción. Garantizar una participación política libre de violencia es una condición indispensable para la democracia”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
El incumplimiento de la Ley 243 evidencia vacíos institucionales que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en el ámbito subnacional. En la mayoría de los departamentos no existen mecanismos internos claros y efectivos para prevenir, atender y sancionar el acoso y la violencia política.
Denuncias a nivel nacional
Las cifras confirman la magnitud del problema. Desde 2015 hasta noviembre de 2025, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) registró 1.050 denuncias de acoso y/o violencia política contra concejalas y alcaldesas. Por su parte, el TSE contabilizó 386 denuncias entre 2016 y septiembre de 2025, principalmente en La Paz y Cochabamba.
Pese a esta realidad, el acceso a la justicia sigue siendo mínimo. De las 928 denuncias procesadas por el Ministerio Público entre 2012 y 2025, solo ocho llegaron a sentencia, mientras que el 91 % de los casos fue cerrado, según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo en octubre pasado.
En este escenario, la articulación interinstitucional entre la Coordinadora de la Mujer, AMADBOL, ACOBOL, el TSE y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), busca fortalecer la aplicación efectiva de la Ley 243 desde los gobiernos subnacionales. El proceso iniciado con los compromisos asumidos en noviembre y reforzado mediante encuentros técnicos apunta a consolidar órganos legislativos y ejecutivos seguros y libres de violencia, condición esencial para una democracia verdaderamente paritaria en Bolivia.
País: Bolivia
