Marco Conceptual

EL ENTRAMADO CONCEPTUAL CIUDADANÍA CRÍTICA Y REFLEXIVA

Hoy surge la necesidad de repensar el concepto de ciudadanía, y vincularla a un status de igualdad de derechos y deberes, una posición política activa/crítica, mayor acceso a bienes y servicios y un mayor reconocimiento de las diferentes identidades individuales y colectivas de los integrantes de la comunidad política. Aunque intentar conectar todos estos atributos (igualdad y diferencia), no siempre sea posible, se debe buscar generar la mejor mezcla y el mayor equilibrio en torno a estas cualidades.

 

Se ha evidenciado que existe la necesidad de romper con la noción actual de ciudadanía y vincularla a lo económico que, como sabemos, es predominante y marca la posibilidad del acceso y ejercicio de derechos al interior de nuestras democracias.

 

No obstante, muchos pueden señalar que la ciudadanía liberal está vinculada a la justicia y equidad basada en tres elementos que se relacionan y funcionan de manera conjunta: i) un status de igual ciudadanía, iguales libertades básicas, es decir,  la concepción política de la persona como ciudadano libre e igual  ii) sentido de la justicia y del bien y desarrollo de un plan racional de vida y iii) el deber de civilidad, que se afirma con las virtudes públicas de civilidad, tolerancia, razonabilidad, y del sentido de equidad. En definitiva, un ciudadano libre, igual, razonable, y racional. Sin embargo, se debe señalar que el ejercicio de este tipo de ciudadanía al interior de los entramados del neoliberalismo es muy difícil que se cumpla, por una serie de factores que van desde lo económico, hasta lo político.

 

En tal sentido, se debe transcurrir dentro de un proceso que permita generar un modelo de ciudadanía comunitaria/individual, que si bien, incorpora un principio universalista de iguales derechos fundamentales, debe mantener el principio político de reconocimiento y la política de la diferencia tanto en lo que hace al género, la clase y la etnia. En esta nueva dimensión ciudadana van a ser reconocidas las diferentes identidades políticas individuales y colectivas existentes en la comunidad política –el valor igual de identidades diferentes-, esto unido a la política de la diferencia, que justifica políticas particulares en función de éstas diferentes identidades, conformarán un modelo de ciudadanía de derechos individuales y colectivos que no diluya las identidades de género, clase y etnia.

 

Esta nueva visión que recupera la universalidad de la ciudadanía, no sólo requiere de derechos individuales, sino del reconocimiento de derechos particulares para la autorrealización y autoexpresión de las diferentes identidades individuales y colectivas que deben también garantizarse. El valor de la diversidad profunda y la fusión de los diferentes horizontes de significación que contiene cada identidad comunitaria, individual, genérica, étnica y de clase dignificarán la condición de ciudadano/a, y aumentarán el valor de una vida política participativa-proactiva-reflexiva, ya que todas las identidades existentes en la comunidad política serán reconocidas y respetadas. Con esto se evita la fragmentación de la sociedad política, y se refuerza la unión social de la comunidad política. Aunque para ello, se debe considerar que el perfil de la sociedad política, que refleja jerarquías del poder, visiones de mundo distintas y privilegios en la esfera política y económica, que deben ser considerados y enfocados desde una óptica política distributiva y del reconocimiento.

 

En síntesis, cuando hablamos de ciudadanía estamos construyendo una noción política que contextualiza las situaciones concretas de los/as individuos y se acerca a sus necesidades.

 


REPOLITIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DESDE LAS MUJERES

"Repolitizar" el género significa redefinir las dimensiones más personales y subjetivas y sociales de mujeres y hombres, es provocar cambios en las dimensiones que provocan más resistencias en los sujetos para cambiar las relaciones de poder y participación en los diferentes espacios societales, es decir, expresa la búsqueda de cambios en las posiciones de hombres y mujeres en lo económico, político, cultural, social, etc.

 

La repolitización de la sociedad desde las mujeres, significa, incidir en la temática de reflexión social, la cuestión del poder y el conflicto. A lo que se debe incluir la articulación de los sectores de mujeres, sobre todo de aquellas que están organizadas.

 

Por tanto, la politización tiene que ver con la construcción del día a día del régimen de género, más político, mas reflexivo y cuestionador de la situación actual de las mujeres. En tal sentido repolitizar las acciones estará vinculado a resignificar el concepto de ciudadanía formal o normatìva (derechos y deberes), hacia una ciudadanía constituida por la creación de sujetos políticos en términos democráticos, y de la activación e intervención en los conflictos sociales y en el debate, confrontación y transformación de lo societal. Esto implica, además la capacidad de hilvanar (articular) la diversidad de problemáticas y luchas populares, y sectores sociales.

 

Asimismo, se reconoce la importancia de repolitizar el campo de participación social, contrarrestando las perspectivas tecnocráticas de los noventa de vaciamiento ideológico. Se trata de construir sujetos/as críticos y críticas sobre el acceso a los derechos educativos, económicos, culturales, sociales y políticos.

 

Por tanto, repolitizar significa también generar una conciencia política sobre los diferentes aspectos sociales y las formas de participación. Se trata de llegar al Estado no para acumular el poder, sino para traspasarlo a la sociedad, es decir, para repolitizar a la sociedad, sus entramados y sus actores sociales y así lograr una justa redistribución de los bienes materiales y subjetivos que permita avanzar hacia la eliminación de la pobreza.

 

 

LAS MUJERES Y SUS IDENTIDADES: CLASE, ETNIA Y GÉNERO 

La pregunta que cabe hacerse en el nuevo contexto que vive el país encierra necesariamente dilemas que atingen a las categorías analíticas de género, etnia y clase. En todos los casos, las preguntas apuntan pues a identificar un mayor nivel de definición de los actores a los que tanto el indigenismo como el feminismo buscan representar. Sobre el tapete está puesto el hecho de que tanto uno como otro han pasado por un periodo histórico en el que ha sido posible la visibilización de sus sujetos, pero que eso ya no basta. Ambos habrán de preguntarse, entonces, qué indígenas y qué mujeres son los que están demandando las transformaciones que están latiendo cotidianamente en el país y, por lo tanto, cuáles son los tópicos emancipatorios que ahora toca desplegar (Salazar, 2006).

 

Tratar teóricamente el entrecruzamiento de las categorías de género, etnia y clase implica un desplazamiento epistemológico necesario que tienda a abarcar varios campos del conocimiento, siendo fundamental que se renueve la articulación entre éstos. Dicho esto y reconociendo que en los últimos años el énfasis puesto en la dimensión cultural fue "una manera de mantener el conflicto de modos políticamente productivos" (Butler, 1996), consideramos que hoy es preciso encontrar un nuevo paradigma explicativo que la asocie a los de la clase social y, de modo paralelo, contribuya al encuentro de una nueva forma de interpretación entre agencia y estructura y, por ende, entre lo macro y lo micro y entre materia y subjetividad.

 

 

UNA ECONOMÍA DESDE LAS MUJERES, PARA IMPULSAR UNA REDISTRIBUCIÓN JUSTA

Para hablar de una distribución de los recursos, necesariamente debemos hablar de una economía desde las mujeres, que tiene como primera labor documentar las diferencias de bienestar entre mujeres y hombres –es decir, incorporar las experiencias diferenciales de las mujeres al objeto de la economía–, proponer políticas para promover la igualdad –hacer ciencia para y por las mujeres- y conducir el desarrollo de conocimientos libres de sesgos androcéntricos. Una economía desde las mujeres develará los sesgos que no sólo han conllevado una "mala/perversa distribución económica", sino que han subyacido a los criterios legitimadores de un discurso opresor para las mujeres.

 

Una economía desde las mujeres deberá situarse en el ámbito de la economía normativa-ética, que se asume como un compromiso político-ético explícito para impulsar un creciente reconocimiento del valor de las contribuciones de las mujeres, que pueden y deben mejorar el estatus económico de las mujeres" (Mayhew, 1999: 737).

 

Esta mirada de la economía privilegia el punto de vista femenino-feminista de las mujeres: porque al ser un punto de vista marginalizado no tiende a defender el status quo, las mujeres están dentro del orden social, lo conocen, pero no están interesadas en mantenerlo, porque los trabajos de los que se encargan las mujeres tienen unas características especiales que los hacen ser un punto de partida preferible, al estar enraizados en la vida cotidiana, posibilitan un conocimiento más holístico -"pensar desde las vidas diarias de las mujeres necesariamente fusiona lo personal, lo social y lo económico-, mucho menos destructor del entorno – tratando de construir un conocimiento menos descarnado y abstracto y más preocupado por lo cotidiano por la vida misma de las mujeres". Es decir, una economía más politizada desde el punto de vista de las mujeres. Acción que recupera la experiencia desarrollada por las organizaciones y movimientos de mujeres durante las décadas del ochenta y noventa del siglo pasado y que ha estado enfocada en la lucha por ocupar espacios de toma de decisión en el Estado y la sociedad civil.

 

Además, esta nueva visión económica deberá poder atender también a las diferencias entre mujeres, para lo cual se hace necesario devolverle al acto económico su esencia social y reconocer explícitamente el papel del poder en la constitución de la identidad y en la reproducción de las estructuras sociales" (Barker, 2003: 106).

 

En este marco, el presente PEI 2020-2024 está sustentando en varios elementos conceptuales que dan continuidad a conceptos que son considerados imprescindibles y relevantes para el accionar de la CM en este nuevo periodo, pero además introduce conceptos que responden a los nuevos escenarios.

 

 

DEMOCRACIA RADICAL

La democracia radical, es un tipo de democracia que centra su preocupación en la extensión radical de la igualdad y la libertad al interior de una sociedad, y cobra importancia en un contexto en el que se reconocen no sólo las diferencias sino también las tensiones, pero que a pesar de ello aún es posible enarbolar agendas conjuntas. Esto es de valor considerando la coyuntura y la fragmentación y polarización entre organizaciones de mujeres. En esa perspectiva el concepto plantea los siguientes aspectos:

 

  • Definición de un nosotras en un contexto de diversidad y conflicto.
  • La ausencia de una identidad esencial femenina y de una unidad previa, no impide la construcción de múltiples formas de unidad y acción común.
  • Articulación de las demandas democráticas que enarbolan diferentes movimientos.
  • La política feminista debe ser entendida como la persecución de las metas y aspiraciones feministas dentro del contexto de una más amplia articulación de demandas.
  • En la democracia, a partir del contrato social –que propone una inclusión más amplia–, hay dos grandes principios: el de igualdad y el de libertad.
  • Encuentro entre lo privado y lo público. Es en la relación entre el espacio público y el espacio privado, donde se concreta la relación entre la democracia formal y la democracia real y, la brecha entre igualdad formal e igualdad real.
  • Articulación/complementariedad entre democracia participativa, democracia representativa y democracia comunitaria.
  • Democracia participativa del nivel local articulada a nivel nacional.
  • Participación de la ciudadanía a través de garantías materiales para la participación.
  • Participación implica poder discutir las reglas de participación.

 

 

DEMOCRACIA PLURAL

La especificidad de la democracia moderna, entendida como un régimen nuevo, consiste en su carácter pluralista. Este régimen está fundado en sociedades democráticas donde el otro no es visto como enemigo sino como adversario que tiene derecho a defender sus ideas. Chantal Mouffe reconoce que la democracia seguirá necesitando de un consenso para su supervivencia, pero también deberá “permitir que el conflicto se exprese, y eso requiere la constitución de identidades colectivas en torno a posiciones bien diferenciadas. Así, la presencia del adversario es crucial para la subsistencia de la democracia, y esta debe posibilitar la conversión del enemigo en adversario.

 

Las expresiones pluralismo democrático o democracia pluralista, se refieren a la existencia de organizaciones relativamente autónomas en el ámbito de un Estado. Un país es una democracia pluralista, si es una democracia en el sentido de intento de democracia de gobiernos a gran escala, donde las organizaciones importantes son relativamente autónomas; por lo que todos los países democráticos son democracias pluralistas (R. Dahl).

 

La mencionada autonomía no está limitada a las organizaciones que como los partidos, son expresamente políticos. Los países democráticos se distinguen por una libertad general para formar y unir organizaciones religiosas, culturales, intelectuales, laborales, agrícolas, comerciales, profesionales, etc. Lo que es más, son una consecuencia directa de la democratización del gobierno de la nación-Estado y son necesarios para el funcionamiento del proceso democrático mismo, para reducir la coerción gubernamental a la mínima expresión, para la libertad política y para el bienestar humano.

 

 

DEMOCRACIA PARITARIA

La democracia paritaria se construye a partir de una relación de igualdad en todos los niveles de la estructura y organización territorial del Estado, planteando la democratización de las organizaciones políticas y sociales, en base al empoderamiento y autonomía política de las mujeres que, en condición de paridad con los hombres, participa en la toma de decisiones políticas. Las mujeres ejercen plenamente sus derechos políticos, libres de acoso y violencia política, en un marco de igualdad de condiciones en la participación, representación política y ejercicio del poder público.

 

 

DESCOLONIZACIÓN

 Implica un descentramiento de un conjunto de instituciones que organizan y reproducen la condición dominante de una de las culturas, no necesariamente implica la   eliminación de componentes de aquella cultura o conjunto institucional que ocupaba el lugar de lo universal, pero implica un desplazamiento.

 

La descolonización debe entenderse más allá de un simple cambio estatal, de reforma normativa o discurso programático. Es un proceso harto complejo, que busca la ruptura de las relaciones de poder colonial vigentes y se dirige a la recuperación de la autodeterminación de los pueblos que fueron despojados de ella por procesos de violencia física y cultural.

 

Por tanto, ese proceso implica al menos dos niveles: uno micro y otro macro. El primero en una dimensión subjetiva, que abarca la intimidad de las construcciones de los individuos, pero no como procesos aislados y voluntaristas, sino como procesos determinados históricamente y con una reproducción cotidiana; el segundo en una dimensión estructural/institucional en la trama de la creación y mantenimiento de un aparato jurídico, político y económico favorable a la dominación

 

 

DESPATRIARCALIZACIÓN

 Surge en el  marco  de  la construcción  del  Estado  Plurinacional  poniendo en cuestión las estructuras y lógicas de un sistema patriarcal capitalista colonial del Estado y la sociedad. Emerge en un contexto de convergencia de diversas fuerzas políticas que se articulan con la convicción de las condiciones de posibilidad de la transformación estructural de la sociedad boliviana. La despatriarcalización es un concepto polisémico y multidimensional, si bien alude una sociedad sin patriarcado, su conceptualización aún está en construcción.

 

La despatriarcalización es la subversión del orden patriarcal, asentado en las estructuras familiares, comunales y estatales que expresan y reproducen relaciones de poder. Es un proceso de liberación del pensar, sentir y conocer de las mujeres que busca su emancipación por medio de: La desestructuración de las relaciones de poder que reproducen la subordinación y opresión  de  los  pueblos,  jerarquizan  las  relaciones  entre  hombres  y  mujeres  e impiden  la  democratización  del  sistema  político  y  el  acceso  de  las mujeres  a  los espacios de decisión política; eliminación  de  patrones  culturales  y  estereotipos  discriminatorios  que  se manifiestan en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y en instrumentos ideológicos  como  son  la  educación,  el  arte,  la  ciencia,  los  medios  masivos  y  la religión; la  transformación  del modelo productivo  y  de  las  formas  de  redistribución de la riqueza, los ingresos, la reproducción y el trabajo; la  redistribución  del  trabajo  doméstico  y  el  cuidado  de  la  familia,  como  una responsabilidad familiar, colectiva y pública.

 

Por tanto, el desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado plantea la despatriarcalización de la sociedad, el Estado, la economía, la política, a cultura, el derecho, la educación y las ciencias, a través de la eliminación de las relaciones de desigualdad de género, vigentes en la sociedad y basadas en la dominación y supremacía masculina, la subordinación femenina y el predominio de un modelo heterosexual. Así también establece la desnaturalización y transformación de la división sexual del trabajo con valorización del trabajo del cuidado como corresponsabilidad el Estado y la sociedad, así como la transformación de las relaciones de poder patriarcal, de las construcciones simbólicas y sus manifestaciones sexistas en las relaciones.

 

 

VIDA SIN VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

Una vida libre de violencia implica la desnaturalización de la violencia, eliminando la desigualdad y los imaginarios de inferiorización, minoridad y sometimiento de las mujeres hacia la transformación de las relaciones de poder y de subordinación. Ello requiere establecer mecanismos y medidas efectivas de protección a las mujeres contra la violencia en todas sus formas, y sistemas de prevención contra la violencia desde el Estado y desde la sociedad civil.

 

 

AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE LAS MUJERES:

 La construcción de la ciudadanía plena con base en la libertad, tiene como principio fundante la autonomía del cuerpo como territorio personal y privado, libres de coacción, control y violencia. La autonomía y autodeterminación del cuerpo se basa en la capacidad de decidir por sí mismas, sobre la sexualidad y la reproducción, así como sobre su cuerpo, su vida y ejercer a plenitud sus derechos sexuales y reproductivos. Ello conlleva la consolidación de la laicidad y el Estado laico como factor fundamental; la transformación cultural y del enfoque reproductivo en las políticas y servicios públicos de salud, educación, trabajo, economía, justicia, comunicación y otros ámbitos; la despenalización social y cultural del aborto. Entraña, a su vez, la transformación del modelo heterosexual y de la heteronormatividad, la deconstrucción de la sexualidad impuesta por el sistema patriarcal y el fortalecimiento de la articulación de las mujeres, de organizaciones feministas y sociales con espacios de construcción colectiva de estrategias conjuntas desde una perspectiva intercultural y generacional.

 

 

JUSTICIA ECONÓMICA:

Es un modelo de desarrollo equitativo y sostenible, con centralidad en la sostenibilidad de la vida, que garantice la distribución equitativa de la riqueza entre hombres y mujeres, los derechos económicos de las mujeres, la disminución de la desigualdad económica de género. Conlleva la transformación de la actual división sexual del trabajo. Comprende el fortalecimiento de capacidades de las mujeres para  generar ingresos y recursos propios a través del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres y acceso a un régimen de protección social que asuma las tareas del cuidado como pilar fundamental de la sostenibilidad de la vida, reconocido como un derecho y basado en la corresponsabilidad social del cuidado: Estado, mercado, empresas, comunidad y familias, con valorización del trabajo no remunerado y remunerado del cuidado.

 

La justicia económica significa un igual valor e iguales derechos de las mujeres en su estatus de trabajadoras, productoras y agentes económicos, reconociendo su derecho al acceso a la propiedad privada y colectiva de la tierra, a la vivienda, a recursos, a ingresos, oportunidades y tiempo. Asimismo, plantea la eliminación de todas las formas de discriminación, de acoso laboral y explotación económica de las mujeres en el ámbito laboral.

 

 

JUSTICIA AMBIENTAL

Conlleva la transformación del actual modelo de desarrollo primario exportador y la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo que articule las necesidades humanas con una justicia ambiental con justicia de género, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad de la vida. Un nuevo modelo sustentado en los principios de solidaridad entre géneros y entre generaciones, con comunidades, familias, hombres y mujeres que viven en relaciones de igualdad de género con entornos ambientales seguros, cuidados y bien protegidos en una relación armónica con la naturaleza, con un sistema democrático paritario e intercultural que permite la participación de hombres y mujeres en su diversidad cultural  en la toma de decisiones en la gestión ambiental con responsabilidad compartida.

 

 

JUSTICIA DE GÉNERO

Entendida como “la igualdad y equidad total entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida”. Busca eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el estado. Ello requiere la rendición de cuentas de las instituciones (administración de justicia, diseño las políticas públicas)

 

 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

 Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, igualdad ante la ley, no ser discriminada por su condición de mujer, acceso a la tierra, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones, a expresarse libremente y reclamar sus derechos. Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación: esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desarrollo sostenible.

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