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Organizaciones de mujeres celebran fallo judicial en caso Marín Sandoval


22 de Marzo del 2018

Representantes de diferentes organizaciones de mujeres del departamento de La Paz celebraron que la Justicia se haya puesto del lado de las mujeres, al declarar improcedente el Amparo Constitucional interpuesto por el asambleísta departamental Marín Sandoval (MAS), para retomar su cargo en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz. Sandoval demandó a todos los miembros de la Asamblea por haberlo suspendido en 2015, tras una denuncia de violencia contra su pareja, un hecho que, para las organizaciones de mujeres, no puede quedar impune.

Este 21 de marzo tuvo lugar la audiencia de Amparo Constitucional en la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, presidida por el juez Iván Ramiro Campero. Hasta el lugar llegó un grupo de mujeres con pancartas en manos, las cuales demandaban que el Tribunal no falle a favor de Sandoval.

“Apoyamos a la Asamblea”, “Con la violencia, ni un gramo de paciencia”, “Por cargos políticos libres de violencia”, “Fuera Marín”, decían algunas de las pancartas expuestas por representantes del Centro Femenino Victoria, la Asociación de Centros de Madres, el Observatorio de Derechos de las Mujeres, el Comité Impulsor de la Agenda Política y Legislativa desde las Mujeres y la Coordinadora de la Mujer. Asimismo, estaban presentes algunos de las y los asambleístas departamentales de diferentes tiendas políticas demandados por Sandoval.

Para Rosario Ricaldi, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, el juez Iván Campero, presidente de la citada Sala, hizo primar los principios de la Constitución Política del Estado y de la Ley Integral N° 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y actuó en justicia. “Este caso sentará precedente para que ningún asambleísta ni otra autoridad ejerza violencia contra una mujer en el país”.

Gloria Rúa, representante de las mujeres del municipio ante el Mecanismo del Control Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, destacó las argumentaciones de los abogados de la Asamblea Departamental, quienes subrayaron, a su turno, la disposición de la Ley N° 348 que prohíbe una conciliación entre el agresor y la víctima de violencia.

La abogada Aida Camacho, en representación del asambleísta Edwin Herrera (Sol.bo), enfatizó en este hecho. “Una conciliación es una admisión de culpa”, afirmó en la audiencia, antes de que las autoridades judiciales hagan conocer su resolución.

En criterio de Herrera, dos argumentos fueron determinantes para que el juez le diga No a Sandoval: “Después de agredir violentamente a la mujer con la que sostenía una relación sentimental, llegó a un acuerdo con ella, incluso paga un dinero a modo de resarcir los daños. Este argumento supone un reconocimiento de la culpa y del delito de intento de feminicidio. Por otro lado, optó por la vía judicial, cuando todavía podía acudir al Pleno de la Asamblea y solicitar la reconsideración del tema”.

La asambleísta Elizabeth Morales (MAS) coincide –por separado- con las puntualizaciones que hace Herrera, pero subraya, particularmente, el enfoque de género bajo el cual los abogados de los asambleístas han asumido el caso. “Esto ha permito que el juez haya puesto la ley por encima de los intereses de Marín Sandoval de retornar a la Asamblea Legislativa”.

Para la legisladora, la reciente decisión judicial respecto al caso Marín Sandoval cierra un capítulo nefasto de la Asamblea Departamental. “Nosotros creemos que nuestra sociedad debe ir cambiando y castigar con todo el rigor de la ley a aquellos agresores de las mujeres. Queda como precedente histórico la lucha conjunta de todos los miembros de Asamblea. No hablamos de personas, sino de causas”.

Morales informó que la ALD de La Paz contará en breve con un nuevo reglamento que plantea la conformación de un Comité de Ética y el alejamiento de sus cargos de los legisladores o funcionarios de esta instancia que tengan denuncias vinculadas a la Ley 348. Precisamente, “Sandoval argumentaba que con su suspensión se estaba vulnerando su derecho al trabajo y habiendo un vacío legal en el actual reglamento interno de la Asamblea sobre este tema, había el riesgo de que pudiese retornar a su cargo”.

Al respecto, el asambleísta de Sol.bo expresó su esperanza de que en las próximas semanas esta norma sea promulgada. “Una vez que cobre vigencia, será un poderoso candado para quienes quieran violar la Ley 348 y la ley que protege a las y los niños de cualquier tipo de violencia”.

En tanto, organizaciones de mujeres y asambleístas manifestaron que se mantendrán vigilantes ante este caso.//

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