La Paz, 15 de agosto de 2020 (CM/II).- Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres candidatas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) incluyó en su Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones una disposición que considera “falta grave” lo que en la práctica de la política boliviana se ha conocido como “acuerdos de gestión compartida” y que en el marco de la normativa nacional son ilegales.

De acuerdo con el inciso m) del artículo 25, referido a faltas cometidas por partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de naciones y pueblos indígena originario campesinos, es una falta grave “Obligar a una persona candidata, en especial si es mujer, a suscribir documentos que comprometan su renuncia o cesión total o parcial del ejercicio de sus derechos políticos o de su mandato, una vez elegida o posesionada”.

“La emisión del Reglamento es una oportunidad para que las organizaciones políticas reflexionen sobre prácticas antidemocráticas que constituyen violencia política y restricción de los derechos políticos, particularmente de mujeres y confiamos que se apliquen sanciones para evitar que estos comportamientos queden en impunidad”, afirma Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.

Según la citada normativa, aprobada en pasados días por el organismo electoral, la sanción para las faltas graves es una multa equivalente a 30 salarios mínimos, y en caso de que la víctima sea mujer, la pena se agravará hasta 50 salarios. Dicha multa será impuesta por los jueces electorales, autoridades judiciales designadas por cada Tribunal Electoral Departamental (TED), que garantizarán el correcto desarrollo del proceso electoral y el respeto a los derechos políticos en el marco de la normativa nacional.

Si bien Bolivia ocupa el tercer lugar en el mundo en representación política de mujeres –después de Ruanda y Cuba–, ello no se traduce en un ejercicio efectivo del poder, pues muchas autoridades electas o mujeres en funciones públicas son, a menudo, presas de acoso y violencia política durante el ejercicio de sus cargos.

“Sin embargo, todo comienza en el periodo preelectoral, cuando las dirigencias políticas, de manera particular en el área rural, obligan a las candidatas titulares a firmar un documento en el que se comprometen a ceder la titularidad a sus suplentes (hombres) a mitad de la gestión, es decir, una vez cumplidos dos años y medio en el cargo”, explica Novillo.

“Desde las organizaciones de sociedad civil –añade–, contribuiremos con la difusión amplia de los reglamentos, para que las mujeres candidatas conozcan estos instrumentos de protección de sus derechos y demanden a sus organizaciones políticas condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos políticos.“

Lo anterior es ilegal, pues la gestión de toda autoridad, según la Constitución Política del Estado, es de cinco años. Se trata de una lógica prebendal que deriva de la mala interpretación de la “alternancia”, término que, según el sistema electoral, refiere a la modalidad en que mujeres y hombres se presentan en las listas de candidaturas y, posteriormente, ejercen la representación de los cargos.

El artículo 11 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, referido a la equivalencia de condiciones, establece que “las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva”.

La presión ejercida sobre una autoridad mujer para que ésta renuncie a su cargo o ceda la titularidad del mismo a su suplente varón se da, fundamentalmente, entre las legisladoras subnacionales, sin embargo, se ha conocido también que a través de diferentes expresiones de acoso y violencia política se manifiesta entre las legisladoras nacionales.

Un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) muestra que 75% de las diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han sido víctimas de algún tipo de acoso o violencia política (AVP) durante el ejercicio de sus cargos.

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