Democracia paritaria

• Garantizar medidas para la paridad sustantiva (ejercicio efectivo) en todos los órganos de poder público y en la estructura y organización territorial del Estado: el binomio presidencial; el Órgano Ejecutivo; cargos uninominales; representaciones especiales y autonomías en todos sus niveles.

Derecho a la participación política de las mujeres libre de acoso y violencia política

• Cumplimiento de las leyes contra el acoso, violencia política y violencia contra las mujeres en procesos electorales y su inclusión en estatutos y reglamentos de organizaciones políticas.
• Sistema institucionalizado de protección, prevención, atención, sanción y reparación frente al acoso y violencia política, bajo la competencia del OEP en coordinación con los demás órganos de Estado.

Democratización de las organizaciones políticas y de las organizaciones sociales

• Garantizar la paridad en instancias directivas y de decisión al interior de las organizaciones políticas y sociales.
• Vigilancia, exigibilidad y control para la democratización de las organizaciones políticas, en el marco de la Ley N.º 1096 de Organizaciones Políticas.
• Reconocer las trayectorias de participación política de las mujeres para la definición de candidaturas y fortalecer la participación de las mujeres electas.

Empoderamiento y autonomía política de las mujeres

• Paridad en la toma de decisiones políticas respetando su autonomía política.
• Ejercicio de derechos políticos de las mujeres.
• Formación de liderazgos.
• Efectivo ejercicio del derecho a la participación informada para la toma de decisiones.

Incidencia política

• Inclusión de la Agenda Política desde las Mujeres en la gestión pública.
• Implementación de la Agenda Política desde las Mujeres por parte de las autoridades electas.
• Control, vigilancia, diálogo con la sociedad civil y rendición de cuentas para el cumplimiento de la Agenda Política desde las Mujeres en la gestión pública.

Cultura de igualdad de género

• Visibilización histórica de las mujeres en su actoría.
• Transformar el lenguaje y estereotipos sexistas.
• Educación no sexista al interior las familias.
• Inversión presupuestaria para construir una cultura de igualdad.

Nueva institucionalidad estatal rectora de género

• Jerarquizar y fortalecer el mecanismo de género a nivel central y en niveles autonómicos para la formulación y seguimiento de políticas transversales y específicas.
• Formular un marco normativo, jurídico, de políticas y estrategias dirigidas a transformar el sistema de dominación patriarcal para garantizar igualdad de condiciones para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres consagrados en la CPE.
• Incidir para la creación del Ministerio de las Muje-res, con presencia institucional en los niveles au-tonómicos (departamental, municipal e indígena), definición de competencias, condiciones materia-les y técnicas necesarias y presupuesto suficiente.

Sistema educativo plurinacional despatriarcalizado, no sexista, con democracia de género

• Garantizar un sistema educativo pre escolar, escolar, superior y universitario que se rija por prin-cipios e incorpore en su currÍcula la igualdad y equidad de género, no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia, un lenguaje no sexis-ta, y la valoración de los derechos de las mujeres.
• Exigibilidad para el cumplimiento de una educación despatriarcalizadora, de acuerdo a la Ley Nº70, Ley de la Educación Avelino Siñani- Elizardo Pérez.
• Selección y formación docente con criterios para garantizar una educación con igualdad de género y una vida libre de violencia.

Medios de comunicación sin sexismo y sin discriminación

• Exigir el cumplimiento de la normativa para erradicar el tratamiento sexista, misógino y discriminatorio en medios de comunicación, sin estereotiparlas como víctimas o población vulnerable, reconociendo sus aportes y protagonismo en todos los ámbitos de la información.
• Diseño de una política pública comunicacional incluyendo nuevas tecnologías de comunicación e información para la promoción de los derechos de las mujeres, no sexista, sin estereotipos de género, no discriminatoria.
• Incluir en la normativa y reglamentación institucional las disposiciones establecidas en el artículo 23 de la Ley Nº 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

Diversidad cultural e intercultu-ralidad para la construcción de la igualdad de género

• Igualdad entre mujeres y hombres en todas las culturas, reconociendo su diversidad.
• Visibilizar los patriarcados ancestrales y su in-fluencia en la vida de las mujeres.

Cultura de vida libre de violencias para las mujeres

• Política pública para construir una cultura demo-crática, despatriarcalizadora, y sin violencia desde un enfoque intercultural.
• Estrategia nacional de comunicación para eliminar la violencia contra las mujeres desde un enfoque intercultural.
• Establecer sistemas integrales de prevención de todas las formas de violencia en el ámbito educativo.
• Compatibilizar las normativas de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos con la Ley contra el Acoso y Violencia Política y la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia.

Garantizar el acceso a la justicia y erradicación de la impunidad

• Sistema de justicia con adecuación a la realidad sobre violencia contra las mujeres, que implica recursos humanos especializados y suficientes.
• Inversión en infraestructura y equipamiento, así como procedimientos que garanticen una debida diligencia, cumplimiento de la ley y efectiva protección a la vida de las mujeres.
• Garantizar el derecho de las mujeres indígena, originario, campesinas a vivir sin violencia, con un diseño de mecanismos y procedimientos de interlegalidad entre justicia indígena y justicia ordinaria.
• Aplicación inmediata y efectiva de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas para garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, a partir de mecanismos de prevención, protección, atención y sanción penal por este delito.
• Garantizar un sistema judicial intercultural que asegure a las mujeres un acceso ágil, oportuno y gratuito a la justicia, proteja efectivamente sus derechos, juzgue y sancione los delitos y elimine la impunidad.

Institucionalidad, normativa y políticas públicas

• Aplicación de la Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas.
• Cumplimiento de las Leyes Nº 348 y Nº 243 y di-seño de una política integral de prevención de la violencia contra las mujeres.

Servicios especializados

• Institucionalización, fortalecimiento y ampliación de los SLIM y otros servicios que ofrezcan atención de calidad a las mujeres en situación de violencia con asignación presupuestaria y de recursos humanos especializados.
• Exigir protocolos especializados y estandarizados y registro único en los diversos niveles territoriales y garantizar el funcionamiento sostenido del SIPPASE.
• Creación de juzgados y fiscalías especializadas en atención a mujeres víctimas de violencia.
• Fortalecer y ampliar los servicios de atención a las víctimas de violencia en provincias y áreas desconcentradas.
• Capacitación en temas de género y desnaturalización de la violencia para administradoras/es de justicia y como condición para desempeñarse como funcionaria/o pública/o.

Autonomía de los cuerpos de las mujeres

• Garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.
• Empoderamiento de las mujeres para la exigibilidad y el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.
• Respeto y ejercicio del estado laico en la formulación de leyes y políticas públicas.

Generar condiciones para el ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos

• Aprobación e implementación del anteproyecto de ley y de políticas públicas laicas específicas para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en todos los niveles autonómicos.
• Garantizar mecanismos efectivos y procedimientos legales para el ejercicio de la paternidad responsable, para erradicar la violencia sexual, los embarazos forzados y facilitar condiciones para la interrupción de embarazos no deseados precautelando la vida de las mujeres.
• Elaborar un diagnóstico y evaluación del currículo sobre derechos sexuales y derechos reproductivos en las unidades educativas.

Políticas y servicios de salud de calidad

• Garantizar el acceso de las mujeres a servicios de salud y salud sexual y salud reproductiva con calidad en área urbana y rural, con atención diferenciada para todos los ciclos de vida desde un enfoque de interculturalidad y de derechos.
• Generar estadísticas de salud sexual y salud reproductiva desagregadas por sexo.
• Políticas integrales que garanticen el acceso a métodos de anticoncepción efectivos y gratuitos para prevenir embarazos no deseados, particular-mente en adolescentes.
• Visibilizar los tipos de violencia relacionados con la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres y establecer procedimientos de prevención, atención y sanción (Ej. violencia obstétrica).

Despenalización social y cultural del aborto

• Garantizar la aplicación de la resolución Nº 0206/2014 del Tribunal Constitucional referente al aborto.
• Impulsar el debate para la despenalización del aborto.
• Reglamentación del Art. 266 del Código Penal para la práctica del aborto gratuito.
• Generación de información estadística oficial sobre el aborto en forma periódica, que incluya el registro de mujeres denunciadas y procesadas penalmente por haberse realizado un aborto clandestino.

Justicia económica

• Modelo de desarrollo económico con justicia de género.
• Reforma de la política fiscal, que abarca el régimen de impuestos y el presupuesto público, para reducir la desigualdad económica de género.
• Ley específica de inversión para la implementación de políticas, estrategias y servicios desde un enfoque de inversión que contribuya a reducir las brechas de desigualdad.
• Inversión en la corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia.
• Política empresarial de responsabilidad social para inversión en la lucha contra la violencia, mejorar la calidad de vida y los derechos de las mujeres.
• Condiciones para el ejercicio de los derechos laborales.
• Diseño e implementación de una política nacional para garantizar el trabajo digno y el control, vigilancia y sanción de prácticas discriminatorias contra las mujeres en el mercado de trabajo (proceso de contratación, desarrollo profesional y remuneración).
• Igual remuneración por trabajo de igual valor.
• Programas de control, prevención, atención y sanción del acoso laboral y/o sexual en el sector privado y público.

Protección social

• Diseño e implementación de políticas para el acceso a la seguridad social de corto (salud) y largo plazo (jubilación) de las mujeres del sector informal, trabajadoras por cuenta propia y trabajadoras asalariadas del cuidado.
• Diseño e implementación de políticas de protección social para las mujeres que realizan trabajo doméstico y del cuidado no remunerado.

Corresponsabilidad social del cuidado

• Diseño e implementación de una política nacional de corresponsabilidad social del cuidado que contemple un sistema integrado de servicios de cuidado infantil.
• Cumplir con la obligatoriedad de servicios de cuidado infantil en establecimientos públicos y privados con más de 50 trabajadoras/es.
• Implementar con carácter obligatorio servicios de cuidado con corresponsabilidad social y democratización del trabajo doméstico y del cuidado entre hombres y mujeres.
• Instrumentos para cuantificar y valorar el aporte económico de las mujeres, del trabajo doméstico no asalariado y de las tareas de cuidado.

Autonomía económica

• Política nacional para el apoyo y fortalecimiento a iniciativas de emprendimiento productivo de mujeres y a organizaciones autónomas de mujeres productoras.
• Formulación y aplicación de políticas de fortaleci-miento del comercio justo interno y externo.
• Acceso oportuno y en igualdad de condiciones a recursos financieros, tecnológicos, gerenciales y otros para la producción, transformación y comer-cialización.
• Valorización del trabajo asalariado del cuidado.
• Diseño e implementación de una política nacional para el efectivo cumplimiento de la normativa vi-gente y del Convenio 189 sobre Trabajo Asalariado del Hogar.
• Reglamentación específica para la inscripción de las trabajadoras del hogar en la Caja Nacional de Salud.

Acceso a recursos

• Políticas de desarrollo económico que prioricen una distribución equitativa y el acceso a recursos para la producción, la titularidad de los medios de producción, acceso a crédito, tecnología y al mer-cado laboral, sin discriminación.
• Garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el derecho de las mujeres al acceso, tenencia, herencia y titularidad de la tierra, privada y colectiva.
• Garantizar el acceso de las mujeres del área rural, de bajos ingresos y jefas de hogar a programas de créditos y de vivienda.

Nuevo modelo de desarrollo: modelo de producción y modelo de consumo
* Modelo de desarrollo alternativo con responsabilidad, equidad de género y con el cuidado como ejes del desarrollo.
* Modelos de producción alternativos con equidad de género.
* Soberanía y seguridad alimentaria.

Normativa ambiental y normativa sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres
* Exigibilidad y fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental internacional y nacional, desde el enfoque de los derechos de las mujeres.
* Revisión y modificación de la normativa que vulnere los derechos colectivos de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
* Normativa para evitar la privatización del agua.
* Restitución del derecho al uso, generando acceso equitativo al agua.

Justicia ambiental y derechos de las mujeres individuales y colectivos
Derechos de las mujeres
* Promover medidas y mecanismos para la pro-tección de los sistemas de vida y la defensa de los derechos económicos, sociales y am-bientales de las poblaciones afectadas, en particular de las mujeres.
* Promover medidas para el acceso igualitario a recursos naturales y su manejo sostenible.
Derechos de las mujeres en riesgo ambiental y víctimas de impactos ambientales
* Actualización y cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente Nº 1333 y normativa internacional sobre derechos colectivos y protección de áreas protegidas.
* Mapeo sobre las características laborales, económicas y sociales de mujeres que realizan actividades en áreas de riesgo ambiental.
* Políticas públicas de prevención y protección que garanticen los derechos laborales y nuevas alternativas de trabajo para mujeres en riesgo y víctimas de impactos ambientales.
* Fortalecer la capacidad de participación informada de las mujeres para la toma de decisiones ambientales sobre áreas de vulnerabilidad que las afectan directamente (fuentes hídricas, áreas de megaproyectos, explotación minera, cambio climático y otros).
* Implementar tecnología apropiada y adecuada para el tratamiento de aguas ácidas para la reutilización en la minería y la extracción de los recursos naturales para protección y sustentabilidad ambiental. Derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas
* Fortalecer la capacidad de las mujeres en los procesos sociales de defensa de los territorios colectivos y el cumplimiento del derecho a la consulta libre e informada.
* Participación de las mujeres en la toma de deci-siones como derecho a la libre autodetermina-ción de los pueblos, tierra y territorio conside-rando las diferencias entre mujeres indígenas, originarias, campesinas y afro bolivianas.
* Evitar la reversión de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Derechos de la madre tierra/derechos de la naturaleza
* Seguimiento y exigibilidad al cumplimiento de la Ley Nº 071 sobre los derechos de la Madre Tierra.
* Promover medidas y mecanismos para la protección de los derechos de la Madre Tierra y de los bienes comunes que garanticen el acceso y responsabilidad equitativa.
Empoderamiento de las mujeres * Fortalecer la participación informada e interlocu-ción de las mujeres en: toma de decisiones am-bientales; gestión de los recursos naturales; be-neficios y regalías; promoción de alternativas de proyectos de manejo sostenible.
* Cumplimiento de derechos laborales y protección social a las mujeres que trabajan en la minería y otros sectores de alto riesgo ambiental.
* Desarrollar la capacidad de las mujeres para en-frentar situaciones ambientales desfavorables, manteniendo las acciones de resistencia contra el extractivismo.
* Promover medidas de protección y empoderamiento de las defensoras del medioambiente.
Conocimiento de la realidad ambiental en relación a los derechos de las mujeres
* Mapeo de injusticias medioambientales e injusticias de género, identificando los impactos diferenciados por género para visibilizar los conflictos socioambientales y su impacto en la vida y trabajo de las mujeres.
* Visibilización de la intensificación de la prostitución, la trata y tráfico de personas, la violencia contra las mujeres, la salud y la explotación económica como impactos ambientales de los megaproyectos de infraestructura, hidroeléctricas, explotación hidrocarburífera, así como el uso de agroquímicos y la explotación minera.
* Adecuación de planes territoriales a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes desde la perspectiva de la justicia ambiental y la justicia de género.
* Estudio y construcción de nuevos indicadores de medición de la riqueza como, por ejemplo, la valorización del trabajo de cuidado.

Incidencia política y social
* Promover mayor participación y protagonismo de mujeres, pueblos indígenas y organizaciones sociales, especialmente de áreas afectadas por la extracción minera, explotación de hidrocarburos y megaproyectos.
* Gobernanza de recursos naturales: agua, residuos sólidos y áreas protegidas.
* Campañas intensivas de información sobre cambio climático y cuidado de la Madre Tierra con enfoque de género en los medios de comunicación y en redes sociales en el área urbana y rural.
* Promoción de una cultura de corresponsabilidad en el uso y gestión del agua para que garantice el derecho igualitario al acceso, uso y aprovechamiento entre hombres y mujeres.