Santa Cruz, 28 de agosto de 2019 (CM/II).- “El acoso político puede comenzar en periodo electoral. De hecho, hay candidatas que están sufriendo el hostigamiento de sus propios compañeros de fórmula”. La advertencia fue lanzada por Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, durante el taller de fortalecimiento de habilidades electorales que desde ayer reúne en Santa Cruz a alrededor de 40 mujeres de todas las fuerzas políticas, en la perspectiva de empoderarlas y darles herramientas para enfrentar la competencia electoral, con miras a las Elecciones Nacionales 2019.

El mencionado taller, concebido como un espacio plural y diverso, es impartido por la campaña #Protagonistas: Poder-Paridad-Juventudes en todo el país, con el objetivo de fortalecer la participación política de las mujeres, consolidar la paridad y la democracia paritaria en Bolivia. En la capital cruceña, la actividad se desarrolla este 27 y 28 de agosto, bajo la organización de Casa de la Mujer, afiliada a la Coordinadora de la Mujer, en alianza con IDEA Internacional y el apoyo de la Embajada de Suecia.

Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, explicó que “estamos realizando este ciclo de talleres porque consideramos importante reforzar los conocimientos que tienen las candidatas sobre la gestión parlamentaria, sobre el rol que deben cumplir no solo como legisladoras sino también haciendo fiscalización y gestión; además, fortaleciendo sus capacidades comunicaciones para que puedan enfrentar en mejores condiciones la campaña electoral, conociendo sus derechos y protegiéndose del acoso y violencia política, que suele iniciarse en los procesos de campaña”.

El ejercicio del poder público con igualdad de género y la normativa contra el acoso y la violencia política fueron algunas de las temáticas abordadas en la primera jornada del taller, donde Novillo participó como facilitadora. “Fortalecer conocimientos y capacidades es fundamental”, les dijo a las candidatas. “Adquirir nuevos conocimientos e información sobre las leyes, reglamentos, competencias, atribuciones, proyectos, presupuestos y otros, les permitirá llevar a cabo una mejor gestión política y ser menos vulnerables al acoso y violencia política”.

El acoso y violencia política (AVP) es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres que ocupan espacios de decisión. A pesar de que Bolivia ha sido el primer país en el mundo que ha desarrollado una ley específica contra él, todavía es una de las prácticas de la cultura política más arraigadas en el sistema político nacional. De acuerdo con un estudio publicado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) este año, el 75% de las diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional han sido víctimas de algún tipo de acoso y violencia política, aunque solo el 15% lo admite.

“El hecho de negar el AVP, al mismo tiempo que afirman (las legisladoras) que sufrieron alguna de sus manifestaciones, se debe a la dificultad de visibilizar e identificar las prácticas de AVP. También influye de manera decisiva la coyuntura política: hay el temor de que toda declaración respecto a hechos negativos pueda afectar los intereses partidarios en el contexto electoral”, se explica en la citada investigación. Al respecto, Novillo apuntó que “ello también es señal de la naturalización del AVP en las prácticas y cultura políticas del país”.

En el encuentro con las candidatas se explicó los alcances de la Ley Nº 243, una herramienta para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y violencia política contra mujeres candidatas, autoridades electas, designadas o en el ejercicio de la función político-pública. Es decir, dicha norma se constituye en un mecanismo estratégico para enfrentar barreras patriarcales que aún atentan contra la presencia de las mujeres en los puestos de decisión y que afectan sus trayectorias y vida política.

Por otro lado, la Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas –también difundida en el taller– considera el AVP como una infracción grave y obliga a éstas tramitar y, en su caso, sancionar los casos conocidos o denunciados al interior de las mismas (Art. 99, inciso j). Cabe mencionar, sin embargo, que las organizaciones políticas tienen plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley hasta el 31 de diciembre 2021.

Mujeres vigilantes

Organizaciones de mujeres de este departamento esperan que la sustitución de las candidaturas por parte de las organizaciones políticas respete la paridad y alternancia, tal como manda la normativa electoral. De acuerdo con la lista de candidaturas habilitadas difundida por el Tribunal Supremo Electoral el 11 de agosto, 86 mujeres de las nueve organizaciones políticas quedaron fuera de la contienda electoral en Santa Cruz.

El 19 de julio, un total de 506 candidaturas fueron inscritas para Santa Cruz: 253 mujeres y 253 hombres, con lo cual se cumplió la paridad y alternancia en un 100%. Sin embargo, 86 (33,99%) mujeres fueron inhabilitadas, según el análisis exhaustivo que realizó la campaña #Protagonistas de las listas de candidaturas inscritas y las de habilitadas.

Por organización política, FPV debe sustituir a 24 (96%) de sus 25 candidatas mujeres en Santa Cruz; PDC a 24 (82,76%) de 29 candidatas; PAN-BOL a 16 (66,67%) de 24 inscritas; UCS a 9 (34,62%) de 26 postulantes; MTS a 5 (20,83%) de 24; MNR a 4 (15,38%) de 26; CC a 2 (6,06%) de 33; MAS-IPSP a 2 (6,06%) de 33; y 21F a ninguna de sus 33 candidatas, es decir que todas están habilitadas (ver gráfico 1).

De acuerdo con el calendario electoral, las organizaciones políticas tienen hasta el 5 de septiembre para sustituir las candidaturas inhabilitadas de sus listas. “Esperemos que las organizaciones políticas respeten la paridad y alternancia también en este proceso. Nosotras, como organizaciones de mujeres, estaremos vigilantes”, sostuvo Novillo.

El artículo 11, inciso a, de la Ley N° 026 de Régimen Electoral establece que “Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva”.

En el marco de esta norma, para Santa Cruz la relación es la siguiente: 2 de 4 senadurías deben ser para mujeres; 7 de 14 diputaciones uninominales; 7 de 13 diputaciones plurinominales; un o una diputada indígena o especial y un o una supraestatal (ver gráfico 2).

*Para obtener mayor información sobre la iniciativa #PROTAGONISTAS: Paridad-Poder-Juventudes diríjase al portal web: protagonistas.com.org.bo

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