Coordinadora de la Mujer
El boletín, basado en tres investigaciones cualitativas y un estudio nacional, recoge testimonios de mujeres autoridades víctimas de acoso y violencia política en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y analiza la respuesta institucional a estas denuncias en los ámbitos administrativo y electoral. Bolivia, pionera con la Ley 243 contra el acoso y la violencia política, y signataria de la CEDAW y la Convención Belém do Pará, tiene un marco normativo robusto para proteger los derechos políticos de las mujeres y combatir la violencia de género. Sin embargo, la desconfianza en la justicia boliviana y la falta de sanciones efectivas en casos emblemáticos disuaden a muchas mujeres de denunciar, cuestionando la eficacia de las instituciones responsables de proteger y restituir estos derechos.
Las investigaciones revelan las estrategias desarrolladas por mujeres autoridades para enfrentar el acoso y la violencia política, y examinan la respuesta institucional en la vía penal según lo establecido por la Ley 243. A pesar del avance legislativo, la escalada de casos y la percepción de ineficacia judicial destacan la necesidad de un enfoque más riguroso y efectivo. Las mujeres en cargos políticos enfrentan obstáculos significativos, y la falta de acciones concretas y sanciones efectivas perpetúa la violencia y el acoso, subrayando la importancia de implementar de manera efectiva las normativas existentes para garantizar la protección y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.