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Notas de Prensa

RESPETO AL ESTADO DE DERECHO Y GARANTIAS PARA LA LIBRE ASOCIACIÓN - RECHAZO A LA INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO TOMAS KATARI- IPTK

20 de Marzo del 2013

 

En Bolivia, el trabajo de las organizaciones de la Sociedad Civil denominadas ONG (Organizaciones No Gubernamentales), cuenta con una larga trayectoria vinculada a diferentes organizaciones y movimientos sociales, con quienes de manera conjunta, se ha contribuido a la lucha por la reivindicación de derechos, contra la pobreza, para recuperar y ampliar la democracia y fundamentalmente por enfrentar las diferentes formas de ejercicio del poder que mantenían a la mayoría de la población  en condiciones de subordinación, exclusión y discriminación.

La Constitución Política del Estado establece en el artículo 21, parágrafo 4, el derecho de todas las bolivianas y bolivianos “A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”. En el artículo 56 establece que “toda persona tiene derecho la propiedad privada individual o colectiva”.

Por otro lado, diferentes acuerdos internacionales, en los cuales el gobierno boliviano ha sido partícipe, como el caso de la Declaración de la Asociación para el Desarrollo párrafo 22 (Foro de Alto Nivel Busan, República de Corea) que establece un compromiso para que las Organizaciones de la Sociedad Civil puedan ejercer sus funciones como actores independientes del desarrollo, brindando un entorno propicio para el desarrollo de sus actividades en consecuencia con los derechos reconocidos en tratados internacionales.

Sin embargo, el Instituto Politécnico Tomás Katari, IPTK, institución afiliada a la Coordinadora de la Mujer, que trabaja  hace  más de 37 años en la Provincia Chayanta de Potosí y en el Departamento de Chuquisaca,  desarrollando diferentes acciones de función social y actividades educativas dirigidas a la población campesina, fue objeto de una intervención  promovida por el Viceministro de Educación Superior Benecio Quispe y otras autoridades vinculadas tanto a la Asamblea Plurinacional, como al Gobierno departamental de Potosí y del municipio de Ocuri.

Ante estos hechos la  Coordinadora de la Mujer y sus  instituciones afiliadas:

  • Denunciamos el atropello, extorsión e intervención de la que ha sido objeto el IPTK, y que constituye una violación a la Constitución Política del Estado, vulneran los acuerdos internacionales y contradicen el Estado de Derecho, restringe  las  libertades  y las garantías de libre asociación que rigen en nuestro país.
  • Convocamos a las autoridades competentes a garantizar la restitución y protección  de los inmuebles que han sido intervenidos y usurpados bajo presión y de manera ilegal en Ocuri, así como la restitución inmediata de garantías para el libre funcionamiento del IPTK  en la provincia Chayanta de Potosí y en el departamento de Chuquisaca.
  • Expresamos nuestro repudio frente al uso arbitrario del poder y la vulneración del as garantías constitucionales.
  • Exigimos  garantías para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de las ONGs en nuestro país en el marco de lo establecido en la Constitución Política de Estado 

 

 



Coordinadora de la Mujer
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