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Notas de Prensa

Organizaciones de mujeres e instituciones respaldan decreto de protección y defensa de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el sistema escolar

16 de Septiembre del 2012

La Paz, septiembre de 2012.- El preocupante incremento de las denuncias de  hechos de violencia y de  abuso sexual cometidos en las escuelas en contra de niñas, niños y adolescentes,  por parte de algunos directores, maestros y personal administrativo han puesto en evidencia que en la mayoría de los casos los agresores permanecen en la impunidad y  favorecen la tolerancia a conductas reiteradas de abuso.

Según el Defensor del Pueblo, en Bolivia la población infantil y adolescente es de 4.844.572, se estima que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, reciben maltrato en sus hogares, en las escuelas y en lugares de trabajo.

 La promulgación de los Decretos Supremos 1302 y 1320 para la “Erradicación de la Violencia Sexual en las Unidades Educativas” cuyo objeto es “establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo”,  plantea el desafío de transformar las relaciones de poder y el ejercicio autoritario desde el cual se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes en las escuelas y la impunidad de quienes cometen estos actos.

El decreto determina que el director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente, será suspendido de sus funciones, mientras dure el proceso penal correspondiente, establece además que: “Las y los Directores Distritales y el  Ministerio de Educación  tienen la obligación de denunciar y coadyuvar a la acción penal correspondiente hasta su conclusión ante el Ministerio Público de su jurisdicción o autoridad competente, en contra de directores, docentes o administrativos que hubiesen sido sindicados de la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica, y/o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes”. Estas medidas de denuncia y seguimiento de la acción penal, deben constituirse en garantías para la sanción a quienes hubieran incurrido en estos delitos, combatiendo la impunidad y el uso de la coacción e intimidación a alumnas/os que enfrentan esta situación.

 Las organizaciones e instituciones de mujeres, abajo firmantes respaldamos esta iniciativa del Ministerio de Educación  y su determinación de constituirse en garante del cumplimiento de este Decreto y de la elaboración de un Plan de Acción específico, que en 120 días, defina las estrategias y acciones para enfrentar la violencia, el maltrato  y el  abuso y sexual en el sistema educativo boliviano, mecanismos respaldados por normativa nacional e internacional de protección al interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

 Nos declaramos vigilantes de la implementación y cumplimiento de estos decretos, como un mecanismo para avanzar en la reconfiguración del sistema educativo boliviano en el marco del desafío de la Despatriarcalización.   

 

 

                                                                                                               

                                                                   

                                                              

 
Fuente: Coordinadora de la Mujer



Coordinadora de la Mujer
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