Agenda

Haga click en cualquier dia

Para mostrar las Actividades




 »Notas de Prensa  »Tribunal Ético acusa a Estado de omisión en casos de violación

Notas de Prensa

Tribunal Ético acusa a Estado de omisión en casos de violación

23 de Mayo del 2011

La Paz, 23 de mayo de 2011.- El Tribunal Etico Nacional instalado este lunes en La Paz, con la participación de instituciones   estatales y privadas,  al conocer seis casos de violación de  mujeres víctimas de violencia sexual responsabiliza a las autoridades de los órganos que conforman el Poder del Estado, de no haber  actuado con la oportunidad y diligencia debida y fundamentalmente de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales reconocidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos Internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la prevención, investigación, protección, juzgamiento, sanción y reparación del daño de las víctimas.

“Extraña al Tribunal que, en ninguno de los casos presentados en esta audiencia se hubiera aplicado el principio de no discriminación y el principio del interés superior del niño y la niña a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia y el debido proceso, teniendo en cuenta que la violencia sexual es una expresión de discriminación de género que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas.

Ante los hechos expuestos precedentemente y la respuesta de los representantes del Estado, el Tribunal ha constatado que en todos los casos expuestos y que fueron de su conocimiento, se lesionaron derechos de las víctimas, encontrándose diferentes grados de responsabilidad por acción u omisión en las distintas instancias que participaron en el tratamiento y manejo de los casos.

Asi mismo  recomendó la adopción de políticas públicas exigiendo que las mismas reconozcan  los  principios  de la debida diligencia y no discriminación en el tratamiento de los procesos de prevención, atención y protección, de investigación, de juzgamiento, sanción y reparación del daño en  delitos contra la violencia sexual.

También plantea la  creación de un sistema nacional descentralizado y articulado que cuente con la inversión pública suficiente para la atención especializada con calidad y calidez de las víctimas de violencia sexual.  De igual modo adoptar o cumplir con guías o protocolos de atención, justicia y reparación a mujeres, niñas, adolescentes víctimas que permitan materializar el acceso efectivo a la justicia.

 INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL

El  Tribunal instalado a las 9:015  deliberó hasta las 14:30  ante el lleno total del salón Germania del Hotel Europa.

Participaron representantes de las instituciones del Estado como la  coronela  Rosario Chávez, de las Brigadas de Protección de la Familia de la Policía Boliviana.. Betty Yaniquez, Fiscal del Departamento de La Paz, el Dr. José Luis Baptista, representante de la Corte Suprema de Justicia, la Dra. Rosario Aguilar, Oficial Mayor de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Dr. Marco Antonio Gira, Coordinador de las defensorías del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

El Tribunal Ético estuvo presidido por la  por la Dra. Martha Rojas Villazon y  junto a ella  actuaron la Dra-. Maria Ysabel Cedano, (Peru) y la  Lic. Gricelda Sillerico, defensoría del Pueblo.

A hrs. 10:00 se realizó la presentación, posesión y toma de juramento al Tribunal Etico nacional por Katia Uriona, secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.

Luego fueron presentados seis casos   emblemáticos registrados en varios puntos del país a partir de una breve relación de los hechos por las instituciones peticionarias, además de  emitir la fundamentación jurídica a partir de la normativa nacional e internacional.

Una madre de familia  brindó testimonio sobre la violación de sus dos hijos por el padre de familia.  Los asistentes  escucharon  indignados las omisiones y  negligentes actuaciones de los  órganos de justicia ante ese y otros casos.

TEXTO INTEGRO DE LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL ETICO NACIONAL

TRIBUNAL ETICO NACIONAL: LA VIOLENCIA SEXUAL ES UN DELITO, ¡BASTA DE IMPUNIDAD!

RESOLUCIÓN

Lugar y fecha de la instalación del Tribunal Etico: La Paz, 23 de mayo de 2011

En la ciudad de La Paz, constituido el Primer Tribunal Ético Nacional “La violencia sexual es un delito, ¡Basta de impunidad!”, integrado por su presidenta, la Dra. Martha Rojas, la Lic. Griselda Sillerico, María Isabel Cedano y Mariel Paz, declaró instalada la audiencia de juicio de casos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas, misma que fue celebrada con la participación de las distintas organizaciones e instituciones peticionarias, representadas por Casa de la Mujer de Santa Cruz, IFFI de Cochabamba, Centro Gregoria Apaza de El Alto, Fundación La Paz de La Paz, CCIMCA de Oruro, Mujeres en Acción de Tarija, Centro Juana Azurduy de Chuquisaca y la Coordinadora de la Mujer, además  de representantes del Estado Plurinacional de Bolivia como la Corte Suprema de Justicia, representada por el Dr. José Luis Baptista, el Ministerio Público, representado por la Dra. Betty Yañiquez, la Policía Boliviana representada por la Cnla. Rosario Chávez, el Gobierno Municipal de La Paz, representado por la Lic. Rosario Aguilar, Oficial Mayor de Desarrollo Humano y su Defensoría de la Niñez y Adolescencia representada por el Dr. Marco Gira.

El Tribunal Ético Nacional, a tiempo de expresar su plena solidaridad con las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual que representadas por las organizaciones de mujeres han presentado ante este Tribunal seis casos emblemáticos y luego de examinar los hechos y antecedentes que informan cada uno de los casos,  llega a la conclusión de que las autoridades de los órganos que conforman el Poder del Estado, no actuaron con la oportunidad y diligencia debida y fundamentalmente de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales reconocidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos Internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la prevención, investigación, protección, juzgamiento, sanción y reparación del daño de las víctimas.

Extraña a este Tribunal que, en ninguno de los casos presentados en esta audiencia se hubiera aplicado el principio de no discriminación y el principio del interés superior del niño y la niña a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia y el debido proceso, teniendo en cuenta que la violencia sexual es una expresión de discriminación de género que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas.

Ante los hechos expuestos precedentemente y la respuesta de los representantes del Estado, el Tribunal ha constatado que en todos los casos expuestos y que fueron de su conocimiento, se lesionaron derechos de las víctimas, encontrándose diferentes grados de responsabilidad por acción u omisión en las distintas instancias que participaron en el tratamiento y manejo de los casos. Por lo que recomienda:

  1. La adopción de políticas públicas deberá reconocer los  principios  de la debida diligencia y no discriminación en el tratamiento de los procesos de prevención, atención y protección, de investigación, de juzgamiento, sanción y reparación del daño en  delitos contra la violencia sexual.

Un ejemplo de la ausencia de principios de debida diligencia y protección a las víctimas, son los casos de violencia sexual de Sucre, El Alto y Oruro, presentados en los correspondientes informes petitorios.

Estos casos evidencian de manera dramática la ausencia casi total de medidas de protección a las víctimas que toman la decisión de acudir a la justicia. En ambos casos, las víctimas luego de haber denunciado la violencia sexual a la que fueron sometidas, continuaron  amenazadas y amedrentadas por sus agresores. En estos casos cabe hacerse la pregunta: qué medidas de protección a las víctimas tomaron las autoridades del Ministerio Público por ejemplo?, en el caso de que se hubieran tomado medidas al respecto, no existieron mecanismos para verificar su cumplimiento?. Una de las razones fundamentales por las que una víctima de violencia acude a la justicia es porque además de esperar la reparación del daño ya causado, espera otra certeza fundamental para continuar con su vida, sentirse protegida y a salvo de otra agresión similar. En estos casos, es claro que la justicia no cumplió con dar respuesta a esta necesidad fundamental de K.V.P. en Sucre y las dos niñas de 13 años en Oruro.

 

  1. La creación de un sistema nacional descentralizado y articulado que cuente con la inversión pública suficiente para la atención especializada con calidad y calidez de las víctimas de violencia sexual. Adoptar o cumplir con guías o protocolos de atención, justicia y reparación a mujeres, niñas, adolescentes víctimas que permitan materializar el acceso efectivo a la justicia.
  2.  Que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y la Policía boliviana instruyan a sus autoridades para que actúen y emitan resoluciones en el marco de los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el caso MZ que recomienda la valoración de la prueba sin prejuicios de género, especialmente respecto a la valoración de la declaración de la víctima y los antecedentes anteriores al hecho como los contextos de violencia familiar y violencia sexual generalizadas que existen en la familias y comunidades bolivianas.
  3.  En el marco del reconocimiento del pluralismo jurídico inmerso en la Constitución Política del Estado, promover espacios de diálogo entre operadores de justicia del sistema ordinario y del sistema indígena originario  campesino como Sistemas de Justicia de igual jerarquía, para avanzar en la obtención de justicia para las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual, con planteamientos de aplicabilidad práctica, basados en la propia experiencia y en las potencialidades existentes, con la finalidad de avanzar hacia una justicia intercultural y con equidad de género.
  4. Esta recomendación se realiza, asumiendo que un número significativo de las víctimas no han recibido una respuesta a su necesidad de justicia  por parte de la Justicia Ordinaria o de la Justicia Indígena. Por lo tanto, se debe difundir el bloque de constitucionalidad y de los mecanismos e instrumentos del derecho internacional de derechos humanos que fijan como límite a considerar en sus resoluciones el respeto de los derechos humanos incluidos los derechos humanos de las mujeres.
  5.  La necesidad de incorporar entre los requisitos habilitantes para el acceso y  ejercicio de la función jurisdiccional, el acreditar la formación en derechos humanos, género, generacional e interculturalidad, orientada a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de la mujer, la niñez y adolescencia.
  6.  Instruir que los fiscales que participan en la investigación  y los jueces que emiten resoluciones apliquen en su intervención los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual.
  7.  Instruir la evaluación, seguimiento y control del trabajo de las unidades especializadas del Ministerio Público (Fiscales de Materia de Familia y Niñez), con la participación de la Inspectoría del Ministerio Público, las organizaciones de mujeres  que forman parte de la sociedad civil y las instituciones vinculadas al tema.
  8.  Instruir a los jueces de instrucción en materia penal y de tribunales de sentencia, que sus resoluciones deben adecuarse a la consideración e inclusión de instrumentos internacionales de protección especial de derechos humanos de las mujeres tanto en la interpretación y análisis de los hechos y la prueba, así como el contexto social de exclusión y vulnerabilidad en el cual suceden estos hechos y al cual están expuestas las mujeres al interior de sus familias y la sociedad. 
  9. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los Comités Internacionales de Derechos Humanos de las mujeres para garantizar el ejercicio de derechos de acceso a la justicia, debida diligencia, igualdad y no discriminación, con relación al cumplimiento de derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención para erradicar toda forma de Discriminación hacia las Mujeres,  y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Trata y Tráfico de Personas.
  10.   Continuar con la preparación de los casos para presentarlos en el Sistema de Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano.
  11.  Considerar las recomendaciones logradas en los Tribunales Departamentales, canalizándolas hacia las instancias correspondientes para que encaren la realización de programas de acción que en su ejecución tengan el seguimiento respectivo para su aplicación, de manera que garanticen superar las violaciones de derechos y la impunidad identificadas.
  12.  Implementar medidas, instructivos y directrices dirigidos a la aplicación del principio del interés superior del niño, bajo responsabilidad penal.
  13.  Implementar medidas, instructivos y directrices dirigidos a Visibilizar la violencia sexual hacia las mujeres y niñas con discapacidad.

 

                                                     MAYOR INFORMACIÓN

Coordinadora de la Mujer

Teléfonos 2444922 – 24

 
Fuente: Coordinadora de la Mujer



Coordinadora de la Mujer
Av. Arce 2132, Edificio Illampu, Piso 1, Oficina A • Telf/Fax. 591-2-2444923 • La Paz - Bolivia
Diseño y desarrollo web: Dibel Soluciones en Tecnologia