PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

60 feminicidios se registraron en Bolivia hasta el 13 de junio de 2019, cada uno con mayor saña y crueldad. Los casos denunciados de violencia contra las mujeres se incrementan visiblemente cada año; según los datos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), en la gestión 2016 se registraron 36.887 casos, el 2017, 38.075, la gestión 2018 terminó con aproximadamente de 38.000 denuncias. 

Bolivia cuenta con una amplia normativa que protege y garantiza a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia, que debe precautelar su integridad física, psicológica y sexual. Sin embargo, este avance normativo no logra avanzar eficientemente en su implementación. 

En el contexto actual, dos aspectos son centrales: la prevención, que pasa por llevar de manera estratégica, integral y sostenida una serie de acciones para avanzar en la transformación cultural de una sociedad machista que no sólo acepta como natural la violencia, sino que sanciona socialmente a las víctimas en lugar de los agresores. En esto, es fundamental el rol de los medios de comunicación y el sistema educativo. 

El segundo factor tiene que ver con la permanente promoción de la conciliaciónen el sistema de atención a las víctimas de violencia. Las mujeres que mueren por feminicidio, en general, ya han tratado de denunciar las agresiones vividas en una o más ocasiones, encontrando en vez de apoyo del sistema una falta de comprensión normativa que las deja en la indefensión y las lleva a conciliar o desistir de sus causas. 

En consecuencia, las mujeres que viven violencia no acceden a medidas de protección (otorgadas por el Ministerio Público o los juzgados) para garantizar su integridad. 

A ello se suman la insuficiente asignación de presupuestos para trabajar de manera sostenida y en todos los rincones del país contra la violencia, así como para el efectivo funcionamiento de las instituciones de atención a las víctimas; además del escaso número de juzgados y fiscalías especializadas en violencia. La falta de apoyo legal, las insuficientes medidas de protección y las pocas casas de acogida y refugios temporales existentes para resguardar la integridad de las mujeres y sus familias, junto a la persistente impunidad que se expresa en el reducido número de casos con sentencia, son algunos de los síntomas de un sistema que requiere firmes acciones que muestren una voluntad política clara y eficiente para enfrentar la violencia contra las mujeres.

Por todo ello, las representantes de organizaciones nacionales sociales mixtas y de mujeres articuladas e instituciones afiliadas a la Coordinadora de la Mujer de todo el país expresamos nuestro repudio a toda forma de violencia contra las mujeres y exigimos:  

• A las autoridades del gobierno nacional e instituciones operadoras de la Ley 348, redoblar los esfuerzos para implementar de forma efectiva las acciones previstas por Ley, particularmente las de Prevención y Protección de las mujeres y potenciar la acción del Servicio Plurinacional de las Mujeres para el impulso de las mismas.
• A la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Ejecutivo, principalmente el Ministerio de Comunicación, restablecer la obligación de los medios de comunicación para difundir de manera permanente y gratuita mensajes que aporten a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
• Al Consejo de la Magistratura, tomar acciones disciplinarias contra quienes promuevan la conciliación. Asimismo, al Legislativo Plurinacional, modificar la Ley Nº 348 para suprimir la posibilidad de conciliación que ha demostrado poner en permanente riesgo de feminicidio a las mujeres.  
• Al Órgano Judicial, implementar de manera integral la norma, sancionando con servicio comunitario o espacios de rehabilitación las situaciones más leves de violencia y no dejarlas en la desatención, para evitar que las agresiones se agudicen y lleven al feminicidio. 
• A los gobiernos municipales y gobiernos departamentales demostrar una verdadera voluntad política, destinando una mayor cantidad de recursos para la implementación de políticas departamentales y locales contra la violencia.  
• Al Ministerio de Educación y Ministerio de Comunicación liderar medidas y políticas integrales de prevención, para transformar los valores machistas que refuerzan y reproducen la violencia contra las mujeres.
• A la sociedad en su conjunto, a elevar sus voces rechazando y sancionando socialmente la violencia. 

Es tiempo de sumar nuestras voces, como mujeres y hombres, para demandar y también aportar a que de una vez se implementen acciones eficientes y urgentes en el país. Cada una de las mujeres que ha muerto por la violencia machista merece justicia, cada una de las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país merece vivir sin violencia. 

¡Entremos en Acción!

Bolivia, 24 de junio de 2019

Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB)

Casa de la Mujer

Centro de Apoyo a la Mujer y a la Niñez (CAMN)

Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT)

Centro de Capacitación Integral de la Mujer Campesina (CCIMCA)

Centro Juana Azurduy

Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC Potosí)

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA Norte Amazónico)

Centro Victoria

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)

Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC)

Coordinadora de la Mujer

Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con Vih/sida - ICW Bolivia

Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM)

Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI)

Mujeres en Acción

Organización de Mujeres “Juana Azurduy de Padilla”

Red Nacional Mujeres y Minería

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