En Bolivia, el trabajo de las organizaciones de la Sociedad Civil denominadas ONG (Organizaciones No Gubernamentales), cuenta con una larga trayectoria vinculada a diferentes organizaciones y movimientos sociales, con quienes de manera conjunta, se ha contribuido a la lucha por la reivindicación de derechos, contra la pobreza, para recuperar y ampliar la democracia y fundamentalmente por enfrentar las diferentes formas de ejercicio del poder que mantenían a la mayoría de la población  en condiciones de subordinación, exclusión y discriminación.

La Constitución Política del Estado establece en el artículo 21, parágrafo 4, el derecho de todas las bolivianas y bolivianos “A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”.

Por otro lado, diferentes acuerdos internacionales, en los cuales el gobierno boliviano ha sido partícipe, como el caso de la Declaración de la Asociación para el Desarrollo párrafo 22 (Foro de Alto Nivel Busan, República de Corea) que establece un compromiso para que las Organizaciones de la Sociedad Civil puedan ejercer sus funciones como actores independientes del desarrollo, brindando un entorno propicio para el desarrollo de sus actividades en consecuencia con los derechos reconocidos en tratados internacionales.

Sin embargo, nos vemos ante la intervención del Instituto Polítécnico Tomás Katari, IPTK, institución afiliada a la Coordinadora de la Mujer, que cuenta con un trabajo de más de 37 años en la Provincia Chayanta de Potosí y en el Departamento de Chuquisaca, promovida por el Viceministro de Educación Superior Benecio Quispe y otras autoridades vinculadas tanto a la Asamblea Plurinacional, como al Gobierno departamental de Potosí y del municipio de Ocuri.

El atropello, extorsión e intervención de la que ha sido objeto el IPTK, una institución de carácter privado, que desarrolla diferentes acciones de función social y actividades educativas dirigidas a la población, se constituyen en una violación a la Constitución, vulneran los acuerdos internacionales y contradicen el Estado de Derecho, restringe  las  libertades  y las garantías de libre asociación que rigen en nuestro país.

La Coordinadora de la Mujer, expresa su repudio frente a esta situación y convoca a la devolución de los inmuebles intervenidos en Ocuri, así como la restitución inmediata de garantías para el libre funcionamiento del IPTK.

La Paz, 19 de marzo de 2013.

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