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Creación de Juzgados Públicos Especializados para sancionar la Violencia contra las Mujeres

La Paz, 23 de noviembre de 2011.- La violencia contra las mujeres se mantiene en la sociedad como una de las manifestaciones más crueles y evidentes de la discriminación y violación de sus derechos humanos, sustentada por una cultura patriarcal que naturaliza, tolera y encubre su ejercicio. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Viceministerio de Justicia, el 2009 en Bolivia, 11.249 mujeres denunciaron haber sufrido violencia en su familia, de estas un 89.41 % manifiestan haber sido agredidas por sus parejas o ex parejas y un 10.59% fue agredida por otras personas de su entorno familiar.

Según datos de la Coordinadora de la Mujer, en 6 departamentos del país (La Paz, Cochabamba, Tarija, Oruro, Sucre y Santa Cruz), se reportaron 9 denuncias de violencia sexual contra las mujeres cada día. De 3.364 (100 %) casos de violencia sexual denunciados el 2008, sólo 935 (27 %) son juzgados en tribunales de sentencia, de estos en 115 casos los agresores fueron absueltos.

De acuerdo al Informe Bolivia 2010 “Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia de Género” publicado por la Coordinadora de la Mujer, el “feminicidio” –asesinato de mujeres por su pareja, expareja, familiares, pretendientes, acosadores, explotadores sexuales– no está reconocido como delito en el Código Penal. La invisibilización de estos hechos, favorece la naturalización e impunidad de la violencia contra las mujeres que expresan su discriminación, subordinación y sometimiento en las relaciones familiares y de pareja.

Según UNIFEM el 2007 en Bolivia, 420 mujeres murieron víctimas del feminicidio, asimismo se evidenció que la muerte de mujeres en manos de sus cónyuges aumentó desde el 2003 al 2007 en 360%. Complementariamente, se ha advertido que es un fenómeno urbano, siendo la ciudad de El Alto, la que registra el mayor porcentaje, seguida de los municipios de Santa Cruz, Quillacollo y Cochabamba.

La falta de un adecuado tratamiento institucional, legal, social y político de la violencia contra las mujeres, determina que las propias mujeres víctimas y sus familiares realicen largas e interminables jornadas de seguimiento a los/as funcionarios/as que intervienen en su investigación y sanción, asumiendo costos de la investigación que afectan los ingresos de sus familias. Por ello, esta problemática forma parte central de la agenda de las mujeres.

La impunidad, generada por la falta de respuesta oportuna y efectiva de la intervención estatal, frente a los delitos de violencia, en especial los delitos de violencia sexual contra las mujeres es uno de los problemas más profundos que promueve que las instituciones y organizaciones de mujeres demanden al Estado que asuma la obligación de implementar los Juzgados Públicos Especiales para sancionar hechos de violencia intrafamiliar o doméstica y en el ámbito público, generando condiciones que hagan posible enfrentar la violencia y la impunidad.

Ante esta situación las organizaciones e instituciones de mujeres, exigimos como primera acción de las nuevas autoridades judiciales electas, cumplir el artículo 72 de la Ley de Órgano Judicial e implementar los Juzgados Públicos Especializados para sancionar la Violencia contra las Mujeres.

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Coordinadora de la Mujer

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