La diputada Andrea Ballivián (Alianza Unidad), en articulación con la Coordinadora de la Mujer, desarrolló este viernes en La Paz la socialización del anteproyecto de Ley Marco de Emprendimientos Emergentes, como parte de un proceso de diálogo que ya recorrió distintas ciudades del país.
El proyecto de ley propone la creación de un entorno de protección y dinamización para promover el desarrollo de emprendimientos en Bolivia, estableciendo incentivos en el marco tributario, administrativo, de financiamiento y acceso a mercados.
La operatividad de la norma se estructura en tres pilares institucionales bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua: un Consejo Multisectorial como órgano de dirección estratégica con participación de ministerios, universidades,sociedad civil y representantes del ecosistema emprendedor; un Registro de Emprendedores Emergentes (REE), que certificará la condición de emprendedor y permitirá acceder a un NIT bajo un régimen especial por tres años; y una Agencia Pública de Emprendimientos Emergentes, encargada de administrar el REE, brindar asesoría
técnica y gestionar inteligencia de datos.
En el ámbito tributario, el anteproyecto establece un impuesto único del 6%, cuya distribución contempla 3% para el Estado (coparticipación), 2% para jubilación (pensiones) y 1% para seguro de salud. Asimismo, dispone la exención total del Impuesto a las Utilidades (IUE) y del Impuesto a las Transacciones (IT) durante los primeros tres años, junto con la implementación de una contabilidad simplificada y la eliminación de sanciones económicas por errores materiales en declaraciones en ese mismo periodo.
Un componente central de la propuesta es la universalización de la protección social para el sector emprendedor, permitiendo el acceso a salud y pensiones a través del esquema tributario planteado, así como cobertura ante contingencias de salud y vejez.
La norma incorpora además medidas orientadas a reconocer la economía del cuidado, incluyendo acciones afirmativas en fondos de fomento y programas de capacitación para quienes certifiquen labores de cuidado, así como horarios flexibles y espacios de cuidado transitorio en programas estatales.
“Estamos trabajando para que cada emprendedor y emprendedora que hoy está en la informalidad cuente con una ley que le permita formalizarse con protección social y condiciones adecuadas”, afirmó la diputada Ballivián, proyectista de la norma.
Por su parte, Mónica Chuquimia, responsable de empoderamiento económico de la Coordinadora de la Mujer, destacó que más del 70? las mujeres en Bolivia trabaja en el sector informal —según la investigación Alli Cullqi: Derechos Económicos de las Mujeres Diversas en Bolivia— lo que limita su acceso a seguros de salud, aportes para la jubilación y mecanismos de financiamiento. “Un marco legal que incorpore protección social y reconozca la economía del cuidado puede contribuir a fortalecer la autonomía económica de las mujeres”, señaló.
El proceso de socialización se inició en Tarija, continuó en Cochabamba y Santa Cruz, y culminó este viernes en La Paz con la participación de 480 organizaciones de emprendedores y emprendedoras, antes de su futura presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Jóvenes y mujeres por la Agenda 2030”, implementado por la Coordinadora de la Mujer con financiamiento de la Unión Europea.