La Paz, 31 de marzo de 2026.- Las nuevas autoridades municipales y departamentales asumirán funciones en un contexto marcado por persistentes vulneraciones de derechos hacia la población LGBTIQA+ en Bolivia, donde las personas trans concentran la mayor parte de las denuncias registradas, según alertaron organizaciones de la sociedad civil hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans.

En ese contexto, el secretario técnico del Colectivo TLGB Bolivia, Rodolfo Vargas, señaló que el nuevo ciclo político obliga a pasar de los compromisos a acciones concretas: “Las nuevas autoridades no parten de cero. Existe una agenda construida desde los territorios que marca prioridades claras. Incorporar estas demandas en la gestión pública no es opcional, es una obligación para garantizar derechos y reducir las desigualdades que siguen afectando, especialmente, a las personas trans”, afirmó.

El señalamiento se da en el marco de la presentación de la Agenda Política LGBTIQ+ para la Garantía de Derechos en Bolivia, una propuesta construida con la participación de más de 400 representantes de organizaciones LGBTIQ+ de los nueve departamentos, que plantea lineamientos concretos para la gestión pública a nivel municipal y departamental.

Impulsada por el Colectivo TLGB Bolivia y la Coordinadora de la Mujer, en articulación con la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo de Coordinación Nacional PRODERECHOS LGBTIQ+, la Agenda busca incidir en las políticas que deberán implementar las nuevas autoridades en áreas clave como salud, educación, desarrollo económico y protección social.

Las brechas estructurales también se evidencian en experiencias concretas. Isabella, una mujer trans de 33 años, recuerda las dificultades que enfrentó para que se respete su identidad durante su paso por la universidad: “Figuraba en las listas con mi nombre legal de nacimiento y tenía que pedir a los docentes que me llamaran por mi nombre de identidad de género. Hoy, en el Día de la Visibilidad Trans, recuerdo lo que significaba tener que rogar por ese respeto. No era solo un nombre, era mi identidad”, relata.

Su testimonio refleja una problemática extendida. Según datos del Observatorio de Derechos LGBT, 73? las denuncias reportadas por vulneraciones de derechos de la población LGBTIQ+ corresponde a personas trans, es decir, personas que han construido su identidad independientemente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas.

A su vez, según el informe “Desiguales ante la Ley” de la Defensoría del Pueblo (2023), más de la mitad de la población LGBTIQ+ (53%) ha sufrido discriminación en el último año, mientras que la gran mayoría de estos hechos (96%) no se denuncia debido a la desconfianza en las instituciones y al temor a represalias. En este contexto, las personas trans enfrentan una situación particularmente crítica, marcada por mayores niveles de violencia, exclusión y barreras en el acceso a servicios básicos.

Isabella enfatiza que estas situaciones no deberían repetirse: “Nadie debería pasar por eso. Que ninguna mujer vuelva a vivirlo. Que las mujeres trans estemos en todos los espacios, visibles, reconocidas y con la dignidad que siempre nos ha pertenecido”.

En este nuevo ciclo político, la Agenda plantea que las autoridades electas tienen la responsabilidad de incorporar medidas concretas desde el inicio de su gestión, orientadas a garantizar servicios públicos inclusivos, prevenir la discriminación y asegurar condiciones para el ejercicio pleno de derechos. Entre los desafíos más urgentes se encuentra la adecuación de los sistemas de salud para respetar la identidad de género, así como el fortalecimiento de mecanismos institucionales de protección.

Asimismo, el documento posiciona a los gobiernos subnacionales como actores clave para traducir los principios de igualdad y no discriminación en políticas efectivas, subrayando que la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ es una obligación estatal y no una acción opcional.

Las organizaciones impulsoras señalan que este momento de cambio de autoridades representa una oportunidad para avanzar hacia territorios más inclusivos, pero advierten que la falta de acciones concretas podría profundizar las brechas existentes. En ese marco, la Agenda se proyecta como un instrumento de seguimiento ciudadano y exigibilidad de compromisos.