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Sobre la participación con equidad

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La participación como derecho

La concepción de la democracia (del griego: demos = pueblo, kratos = gobierno) tiene como fundamento la participación popular en los asuntos públicos y en el ejercicio del poder político: es ésta la base de legitimidad y representatividad del gobierno, sus instituciones y funcionarias y funcionarios.

 

¿Y qué significa participar?

La participación política, como derecho, implica la posibilidad como ciudadanas y ciudadanos de influir, individual o colectivamente, en el ámbito público/colectivo, en procesos y resultados políticos, como sujetas(os) históricas(os).

Asimismo, la participación tiene diferentes facetas, y entre otros aspectos se asocia a los derechos a:

 Decidir sobre el sistema de gobierno;
 Elegir libremente a representantes,  lideresas y líderes políticos;
 Ser elegible en igualdad de condiciones para cargos representativos de índole política y ejercer funciones públicas;
 Participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas e incidir en el quehacer público;
 Peticionar y manifestarse: expresar públicamente opiniones, demandas y/o organizar acciones a favor o en contra de medidas públicas e instituciones;
 Realizar acciones de control social (accountability) – vigilancia, seguimiento y exigibilidad respecto a las funciones públicas encomendadas a sus representantes y la utilización adecuada y transparente de los recursos públicos;
 Agruparse en torno a ideas e intereses políticos: integrar asociaciones/organizaciones políticas (partidos, sindicatos, agrupaciones, etc.).

 

A través de la participación política podemos tomar parte en las decisiones respecto a la vida pública para construir una sociedad más igualitaria, donde todas y todos tengamos igual posibilidad de ejercer nuestros derechos básicos como seres humanos - entre ellos, el derecho a una vida digna y plena.


¿Quiénes pueden participar?

Todas y todos.

El derecho a la participación política, además de estar consagrado en la CPE está calificado como un derecho fundamental de cada ser humano en diferentes instrumentos internacionales de protección, entre ellos: la Convención Americana de Derechos Humanos —artículos 23 y 29 c —, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —artículo 25— y la Declaración Universal de los Derechos Humanos – artículo 21 (para profundizar acerca de normas que protegen este derecho cliquee acá).

A pesar de este reconocimiento como derecho universal, en la práctica se observan barreras para la plena participación de diferentes grupos. Acá queremos poner en evidencia los  obstáculos que afectan a la participación de mitad de la población por razones de género: las mujeres.   Los  valores y las prácticas discriminatorias  generadas y reproducidas en contextos patriarcales afectan sus posibilidades de actuación en el ámbito público, su reconocimiento como actoras políticas y lideresas y la apertura de espacios para sus ideas y proyectos.

→ Uno de los síntomas más graves reside en la sistemática exclusión de las mujeres de las esferas formales de poder: se les impide participar en condiciones de igualdad en procesos de toma de decisiones y se las aleja así de la dirigencia de los procesos.

Este es un problema grave, histórico y a la vez contemporáneo, que hay que reconocer y conocer para poder afrontar. Sólo así podremos construir y vivir en una verdadera democracia y promover la igualdad y justicia social como valores básicos colectivos.

 

Para que sean legítimos, los procesos de toma de decisiones deben responder a los intereses y necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos que representan, en su multiplicidad.

 Esto significa que todas y todos deben de tener igual posibilidad de influir en el curso de los procesos y resultados políticos. Al final, ¿cómo se puede lograr el bien común si no existe igualdad de condiciones para participar en la definición de éste?

 

Reflexiones adicionales sobre la participación con equidad



 
 
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