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BALANCE DE LA COORDINADORA DE LA MUJER : LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Una vez aprobada la Constitución Política del Estado, diferentes colectivos, instituciones y organizaciones de mujeres asumieron la tarea de elaborar propuestas que permitan efectivizar el reconocimiento constitucional de la problemática de violencia contra las mujeres, a través de una norma específica que garantice su cumplimiento. Se elaboró un anteproyecto de Ley que fue presentado y trabajado con la Cámara de Diputados, que inició su tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos en la gestión 2012 y posteriormente fue  repuesto y aprobado en  febrero de 2013.

La aprobación de la Ley es resultado de la lucha de las organizaciones e instituciones de mujeres, el trabajo de asambleístas y en particular de las Presidentas de las Cámaras de Diputados y Senadores, quienes asumieron el compromiso de  impulsar el tratamiento y aprobación de la Ley.

Si bien, la violencia como problemática estructural no puede ser cambiada por Ley o por Decreto, la Ley Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia se constituye un importante avance que define las bases normativas para una política pública integral para enfrentar la violencia contras las mujeres, y al mismo tiempo, plantea el desafío para que las diferentes organizaciones de mujeres de la sociedad civil, despleguemos los esfuerzos necesarios para la exigibilidad, incidencia y vigilancia para garantizar su implementación y el cumplimiento de las disposiciones, en los diferentes niveles de gobierno e instancias públicas y privadas.

Aspectos relevantes de la Ley:

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia, define la erradicación de la violencia como un tema de prioridad nacional y como un problema de salud pública, desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de los agresores.

  • Reconoce el rol preponderante del Estado para articular acciones de los actores institucionales de las diferentes entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias.

 

  • Reconoce 16 formas de violencia, pasando su tratamiento al ámbito penal, a través de la simplificación de algunos aspectos del procedimiento penal.

 

  • Se establecen nuevos tipos penales: el feminicidio, acoso sexual, violencia familiar o doméstica, esterilización forzada, incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos. Y se incorpora como delitos contra la mujer la violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidades de actividades económicas familiares.
  • Señala que los delitos de violencia contra las mujeres se convierten en delitos de acción pública, lo que significa que la investigación de estos hechos, se efectuará de oficio por el Ministerio Público en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia – FELC-V.

 

  • Establece que en casos de feminicidio no se puede utilizar la figura de homicidio por emoción violenta, figura penal que hacía referencia a razones de “honorabilidad”, por la cual los agresores se acogían a esta figura, para lograr sanciones entre 2 y 6 años. El cambio incluye la eliminación de razones de honorabilidad y el incremento de la pena a entre 2 y 8 años.

 

  • Plantea un conjunto de  medidas de prevención en diferentes niveles y ámbitos, que pretenden  contribuir a modificar los comportamientos violentos, tanto individuales como colectivos y estructurales, que toleran, naturalizan y reproducen la violencia, priorizando medidas de prevención en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional, estableciendo tareas de cumplimiento obligatorio.

 

  • Contempla la adopción de medidas inmediatas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes de parte de las autoridades competentes y garantizar su protección en tanto dura  la investigación.

 

  • Señala, que los servidores/as públicos que tengan contacto directo con la mujer en situación de violencia debe aplicar el principio fundamental de trato digno, evitando su revictimización.

 

  • Se debe fortalecer los servicios existentes, como los Servicios Legales Integrales Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a través de la asignación de presupuesto, infraestructura y personal suficiente.

 

  • Se crean, nuevas instancias de atención para las mujeres en situación de violencia en los diferentes niveles autonómicos del Estado. Las universidades públicas deben crear los Servicios de Atención Integralcoordinando y articulando conlos Servicios Legales Integrales Municipales.

 

  • Se establece la creación de Casas Comunitarias de la Mujer en el área rural con apoyo de los gobiernos autónomos municipales. Adicionalmente prevé la creación de servicios de rehabilitación de los agresores.

 

  • Los gobiernos departamentales tienen la obligación de crear, sostener, equipar y mantener las Casas de Acogida y Refugio Temporal para Mujeres en Situación de Violencia.

 

  • Se determina la creación de la Fuerza de Lucha contra la Violencia, incluida en la estructura de la  Policía Boliviana, jerarquizando la instancia policial de atención a delitos de violencia contra las mujeres encargada de tareas de prevención, auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia. Desarrollará plataformas de atención y recepción de denuncias, crearán unidades móviles especializadas para acudir a las mujeres en situación de violencia.

 

  • El Ministerio de Justicia es la entidad responsable de coordinar la realización de políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Tiene a su cargo el  Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE.

 

  • El Ministerio de Justicia creará Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, que tiene  obligatoriedad de atender a mujeres en situación de violencia al igual que el Servicio Plurinacional de Defensa a las Víctimas.

 

  • Los/as servidores/as públicos de las instancias públicas de atención a mujeres en situación de violencia deberán ser formadas y sensibilizadas sobre los derechos de las mujeres y en la temática de la violencia contra las mujeres.

 

  • El Consejo de la Magistratura deberá implementar gradual y progresivamente los Juzgados contra la Violencia contra las Mujeres, incluyendo en la currícula de la Escuela de Jueces del Estado, cursos de especialización en materias de género, derechos humanos y violencia.
  • Se crean instancias especializadas para el tratamiento de la investigación de las situaciones de violencia hacia las mujeres en el Ministerio Público, Fiscalías Especializadas y en el Instituto de Investigación Forense, creará una dirección especializada en casos de violencia contra las mujeres.

 

  • Se establece la prohibición de la conciliación, precautelando la  vida y la integridad sexual de las mujeres, sancionando a los funcionarios/as que la promovieran, aunque excepcionalmente podrá ser promovida por una única vez por la victima, no siendo posible en caso de reincidencia.
  • Se establece que por niveles de competencia y funciones asignadas a las diferentes instituciones publicas involucradas para la implementación de la Ley, deben realizar los ajustes necesarios a sus presupuestos institucionales desde la gestión 2013 y que el Tesoro General debe asignar recursos necesarios y suficientes a las entidades del nivel central.

 

Desafíos ante la aprobación de la Ley

La garantía de implementación

  • Si bien la Ley plantea      en diferentes artículos la necesidad de asignación de los recursos      necesarios para su implementación, no define fuentes, montos o porcentajes,      ni plazos  para su cumplimiento, por      lo que se requiere garantizar mecanismos de obligatoriedad en la      asignación de recursos para cada una de las instancias establecidas en la      ley. El único caso en que se identifica la fuente de recursos es el      funcionamiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, para      cuyo funcionamiento se usarán los recursos de la Ley de Seguridad      Ciudadana (IDH).

 

  • Si bien se ha      definido que es el Ministerio de Justicia el ente rector, se requiere contar      con una instancia del más alto nivel jerárquico, que pueda trabajar de      manera directa con todos los niveles de decisión requeridos para      garantizar la implementación de la Ley y el diseño  e implementación de las políticas públicas      requeridas, que a su vez cuente con los recursos humanos y técnicos, y con      asignación presupuestaria suficiente para garantizar su funcionamiento y      el alcance de sus responsabilidades y lograr una efectiva trasformación de      las situaciones de inequidad, subordinación y opresión que viven las      mujeres, que se expresan también en la violencia.
  • La inclusión de la      prohibición de la conciliación en la Ley de Órgano Judicial fue un gran      logro para las organizaciones de mujeres que impulsaron la propuesta, sin      embargo, la figura de la conciliación, por una única vez a solitud de la      victima, fue incluida en la Ley, lo que requiere que Ministerio Público y      las instancias de atención definidas establezcan los mecanismos requeridos      y efectivos para garantizar la protección de la vida de las mujeres,      impidiendo riesgos sobre su vida o nuevas situaciones de violencia.

  • Se requiere contar      con mecanismos de seguimiento que garanticen que las competencias      definidas en la Ley sean implementadas de manera inmediata por los      diferentes niveles e instancias, asegurando la obligatoriedad de las transformaciones      institucionales necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

  • La Difusión de la      Ley en los espacios territoriales y organizativos en el país y a través de      los diferentes medios de comunicación, se constituye en una tarea      inmediata para que las organizaciones y en particular las mujeres conozcan      su contenido y demanden su cumplimiento.

Las diferentes instituciones y organizaciones de mujeres emprenderemos una vigilancia permanente para garantizar la efectiva  e inmediata implementación de la Ley a través acciones de exigibilidad e incidencia política tanto hacia las instancias nacionales como a las entidades territoriales autónomas.

¡NI UNA  MUERTE MAS, NI UNA VIOLACION NI AGRESIÓN HACIA LAS MUJERES ¡
¡ POR LA ELIMINACIÓN DE LA TOLERANCIA Y NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ¡

 

→ Acceda a resumen de la Ley, por temas.

 

Fuente: Coordinadora de la Mujer




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