La dirigenta Amalia Coaquira comparte aspectos claves de las propuestas de las mujeres para la Ley Orgánica del Ministerio Publico y la Ley de Seguridad Ciudadana
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En esta entrevista Amalia Coaquira Calani[1], dirigenta del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia, comparte su mirada respecto a la realidad de violencia contra las bolivianas y las propuestas de las mujeres hacia normativas claves para afrontar esta problemática, en específico: la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Seguridad Ciudadana, que pronto se aprobarán por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entre otros aspectos, doña Amalia nos habla desde qué necesidades y miradas nacen las sugerencias a estas leyes y su relevancia para garantizar una justicia efectiva, sin discriminación y el respeto a los derechos humanos en el país.
Las propuestas a que hace referencia han sido construidas colectivamente por 11 organizaciones sociales y 19 instituciones de mujeres[2] y socializadas a las/os Asambleístas Plurinacionales vía impresa y en diferentes ocasiones (audiencias, reuniones y encuentros).
Abajo sintetizamos puntos centrales del diálogo entre la dirigenta y el Observatorio de Género.
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• ¿Por qué las mujeres de diferentes organizaciones sociales e instituciones han priorizado las leyes de Ministerio Público y Seguridad Ciudadana para aportar desde propuestas colectivas?
En nuestra sociedad se ven altas cifras de violencia contra las mujeres y lo que es más preocupante, han aumentado las cifras del feminicidio. Las mujeres vivimos violencia a diario, tanto en el espacio privado como en el público. Por esta razón, las organizaciones sociales y mujeres organizadas hemos estado trabajando propuestas alrededor de este tema y este proceso no es de ahora, sino desde muchos años.
Mientras nuestra participación en la Asamblea Constituyente garantizó la protección del derecho a una vida segura y libre de violencia de género en la Constitución, seguimos organizadas y construyendo propuestas para su implementación: entre ellas las propuestas a la ley de Ministerio Público y Seguridad Ciudadana, claves para prevenir la violencia.
Queremos que nuestras propuestas, desde la vivencia de las mujeres en la casa, en el trabajo y en la militancia sean incorporadas en estas leyes, para que respondan a nuestras realidades y necesidades.
• Demandas detrás de las propuestas: por una justicia sin discriminación
Construimos nuestras propuestas para garantizar una justicia sin discriminación. Hasta el momento la justicia en el país excluye a las mujeres –que somos más del 50% de la población–y a las personas que no tienen dinero. Por muchos años en nuestra historia, las mujeres no hemos podido participar en la construcción de las leyes y el sistema refleja esto: las miradas de los hombres, se excluyen nuestras miradas. Es hora de cambiar esta desigualdad, para que desde las leyes se garantice la aplicación de la justicia, igualitaria, imparcial, respondiendo a las realidades de ambos, mujeres y hombres.
Porque hoy en día una mujer que vive violencia y va a registrar su denuncia, muchas veces sale sin ninguna respuesta. Debería tener buena información y respaldo para alcanzar la justicia, con o sin dinero, pero esto no pasa. En la mayoría de los casos la mujer "vive un calvario": va de aquí para allá, le encaminan a todas partes. Al final, una siente que no hay sentido recurrir a la justicia: "para qué? Si voy únicamente a gastar dinero y mi tiempo?" Porque estos procesos se alargan indefinidamente, hay autoridades y funcionarios que no conocen o no responden a lo que tienen que hacer. Entonces sigues viviendo esta violencia, en permanente injusticia cuando no debería ser así: nacemos con los derechos humanos.
• Aspectos clave de las propuestas a la Ley de Ministerio Público
Para nosotras es importante la participación equitativa de las mujeres en el Ministerio Público. Además, que sea conformado por hombres y mujeres que tengan conocimiento comprobado en temas de derechos de las mujeres, en la prevención de la violencia de género y que haya fiscales especializados en la materia.
Es por la falta de conocimientos y estrategias adecuadas que las iniciativas de conciliación son muchas veces aplicadas en casos de violencia y pueden generar el asesinato de la mujer. Les hacen volver al lugar donde sufren violencia.
Por otro lado, es relevante que no sean fiscales quiénes tengan antecedentes de violencia doméstica. ¿Cómo un hombre que comete violencia en su casa puede atender a mujeres víctimas? ¿Cómo aplica la justicia y es imparcial? Tenderá a reproducir esta violencia.
También proponemos la creación de un Observatorio para generar datos estadísticos en torno a las cifras de violencia que sufren las mujeres, cuántas denuncias obtienen respuesta del sistema, para analizar en qué estamos avanzando y en qué falta avanzar.
Las propuestas son para fortalecer el rol del Ministerio Público para la aplicación de la justicia en este contexto de alta violencia contra las mujeres.
• Nuevo enfoque de Seguridad Ciudadana: prevenir y afrontar la violencia en lo público y lo privado
La normativa de seguridad ciudadana también debe responder a las realidades de las mujeres. Hay datos que evidencian que de cada 10 personas que recurren a los SLIMs por violencia en la familia, 9 son mujeres. No estamos seguras ni en nuestras casas. Sufrimos violencia en la vida pública y privada: agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas. Esto debe contemplar y prevenir esta ley, responder a esta realidad en su complejidad.
Si el policía está afuera, en la puerta de mi casa y adentro estoy sufriendo violencia ¿cómo me está cuidando el sistema? Los datos de CIDEM son alarmantes; cada tres días, una mujer muere victima de feminicidio. ¿Cuántas de estas muertes se han esclarecido? ¿Por qué motivos han fallecido? ¿Cómo hacen el seguimiento a la denuncia hasta encontrar a los culpables? Vemos la desesperación de muchas familias mientras los homicidas salen libres. ¿En que quedan los niños y niñas de las familias con un padre asesino y una madre muerta? Estas son realidades que nos afecta, como sociedad y a las que debe responder esta ley de seguridad ciudadana.
Nuestras propuestas parten de nuestras vivencias y de los vacíos que vemos que existen en el sistema. Hacemos sugerencias para mejorar las estructuras para afrontar la violencia en lo privado y lo público; facilitar el acceso a los servicios y mejorar las condiciones de prevención. Haremos seguimiento para su inclusión hasta que se apruebe esta normativa, estamos hablando de proteger a vidas humanas.
Mensaje final
Si no se incluyen nuestras propuestas a la Ley de Ministerio Público y Ley de Seguridad Ciudadana el Estado boliviano no estaría cumpliendo y respetando las recomendaciones de los organismos internacionales y los compromisos asumidos para promover los derechos humanos en el país.
Las y los asambleístas deben tener en cuenta las propuestas de las mujeres por una justicia igualitaria, para garantizar los derechos protegidos en la Constitución Política del Estado.
Porque desde que nacemos tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, pero la violencia hace que esto no se cumpla en el país y el actual sistema no afronta este problema.
Las mujeres somos más de la mitad de la población y demandamos a las y los asambleístas responder a nuestras realidades y propuestas, en el marco de su mandato de representar al pueblo.
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[1] Nacida en el departamento de La Paz, Amalia ha sido comerciante desde los 12 años, actividad en que ha estado involucrada casi toda su familia. Su trayectoria en la dirigencia nació de la necesidad sentida de conocer mejor el tema los derechos, lo que le hizo participar en la Fundación de Mercados de La Paz "Nos organizamos por nuestras necesidades".
[2] Participaron en la elaboración de la propuesta las siguientes organizaciones sociales matrices Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano −CIDOB , Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia−CNAMIB, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu−CONAMAQ, Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia−CSMCIB, Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia−AOPEB, Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia −FECAFEB, Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia −FENATRAHOB, Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia− FENCOMIN, Federación Regional De Cooperativas Mineras Auríferas−FERRECO, Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario
−CADIC, Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia−CNTPCP e instituciones: Coordinadora de la Mujer, Fundación La Paz, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza−CPMGA, Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la mujer−CECASEM, Organización de Mujeres Aimaras del Kollasuyo−OMAK, Instituto de Formación Femenina Integral−IFFI, Centro Juana Azurduy, Casa de la Mujer, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija −CCIMCAT, Centro de Tecnología Intermedia−CEDETI, Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres−ECAM, Instituto Politécnico Tomás Katari−IPTK, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado− CIPCA, Coordinadora de la Mujer del Beni−COOMUJER, Centro de Investigación y Apoyo Campesino−CIAC, Mujeres en Acción, PROGENERO, Centro de Capacitación Integral de la Mujer Campesina−CCIMCA, Centro de Ayuda y Apoyo de la Mujer y Niñez−CAMN.
